Posición. Por primera vez desde que se reanudaron las reuniones de la CAD el sector agropecuario no participó

Gina Mendía / Daniel Castro

El saneamiento de tierras tiene enfrentados a los empresarios cruceños con el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Alcides Vadillo. Los agropecuarios denuncian que existen más de 7.000 títulos demorados por la incapacidad del INRA para agilizar los procesos y Vadillo, ante la ofensiva en su contra, ha señalado que “no cederá a ningún chantaje ni presión porque no obedezco a un sector empresarial ni social”.
A ello se suma el hecho de que el Tribunal Agrario Nacional admitió en Sucre la demanda presentada por la Superintendencia Agraria contra el INRA por las siete resoluciones que emitió la anterior gestión a favor del grupo boliviano chileno Petricevic-Valdés-Urenda- Pérez Yoma, adjudicatarios de la propiedad ‘Las Pocitas’, ubicada en la provincia cruceña Ñuflo de Chávez.
El reclamo radica en que el fundo se subdividió para no pagar al Estado el precio de mercado calculado en más de $us 300.000. Sin embargo, el diputado Jorge Valdés, uno de los acusados, rechazó la denuncia por considerar que dos instituciones del Estado se han unido para perjudicarlos por una decisión política.
Las divergencias entre Vadillo y los agropecuarios se agudizaron con la designación interina del director departamental del INRA, José Landriel, por parte de la Comisión Agraria Departamental. No obstante, el delegado presidencial de Tierras, Gustavo Pedraza, manifestó que Landriel no ha sido designado como director interino y que el actual titular del cargo, Fernando Cuéllar, sigue en funciones.
El presidente de la Federación de Ganadores de Santa Cruz, Antonio Franco, expresó que el sector desconoció a Vadillo porque es una persona parcializada, y por favorecer a sectores ilegales, mientras que se olvida de otros que producen la tierra.
Con la designación de Gustavo Pedraza como Delegado Presidencial de Tierras, se inició la revisión de la manera en que fueron adjudicadas muchas propiedades a terratenientes ligados al poder político y económico.
Fue así que Pedraza denunció el fraccionamiento de grandes propiedades para acogerse al decreto que permite que las propiedades agrícolas menores a 500 hectáreas y las ganaderas menores a 50, paguen 10 centavos de bolivianos por hectárea y no el precio de mercado.
Además del fundo ‘Las Pocitas’, de más de 5.000 hectáreas otros casos de fraccionamiento salieron a la luz denunciados por Pedraza. Como son las propiedades San Pablo, Nuevo Horizonte, La Asunta, La Familia, Naranjito y El Paraíso, ubicadas en Santa Cruz.
“En estas denuncias no hay un interés político, sino el recuperar la credibilidad en los procesos de saneamiento”, señaló Pedraza.
El director nacional del INRA, Alcides Vallido, confirmó que hasta el 31 de diciembre de 2003 se entregaron en Santa Cruz 1.602 títulos. Desde enero a marzo de 2004 se otorgaron 1.869.
Vadillo dijo que en Guarayos y Choré hay zonas clasificadas como tierras permanentes de producción forestal, y el Superintendente pidió respetar esas tierras. "Si hay alguien que quiere que se les dote tierras en esas zonas tiene que tramitar la derogatoria de un decreto que obligue al Inra a hacer dotación", dijo.
Los interesados tienen que esforzarse en reconocer y respetar las leyes, y un ejemplo de que el INRA trabaja por el bienestar son las 56 tomas de propiedades que se registraron el año pasado, en relación a las cuatro de este año, dijo. “En dos meses y medio no se dotó una sola hectárea de tierra a los movimientos sociales y no se sacó una sola resolución en el ánimo de favorecerlos. Reunirme con un sector que reclama tierras no significa que yo haga favoritismos”.
Las tierras fiscales de Santa Cruz tienen que ser para los hijos de los colonizadores y de los campesinos cruceños como manda la Ley, pues todos tienen derecho a dedicarse a actividades del campo, enfatizó Carlos Rojas, titular de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).