Denuncia. La empresa difiere sobre monto del contrato. Mostraron descargos

Gustavo Ondarza

La investigación de la Fiscalía sobre la presunta estafa de $us 500.000 al ex Servicio Prefectural de Caminos (Sepcam) ocasionada por la Constructora Camba, fue desvirtuada por representantes de la empresa y ex ejecutivos de la entidad pública.
Con documentos en mano, ayer indicaron tener los descargos para descartar un informe de la Contraloría donde se especifica que dicha constructora no ejecutó una obra de mantenimiento vial en el tramo Las Petas-San Matías el año 1998. Este informe fue la base para la apertura de la pesquisa dirigida por el fiscal Hugo Iquise quien aseguró el pasado miércoles, que durante una inspección en la zona referida, constató que la obra encomendada no fue realizada.
Demetrio Ruiz, uno de los abogados de la empresa en cuestión, dijo que la suma señalada no se ajusta a la verdad, pues el contrato que firmaron fue de $us 187.000, el cual fue honrado cuando se cumplió el convenio.
Sobre el reporte de la Contraloría, señaló que fue elaborado con ese tenor porque cuando ésta solicitó la documentación respectiva del convenio, no la encontró.
Walter Borda, ex director del Sepcam explicó que dichos documentos se entrepapelaron cuando la repartición que dirigía, fue absorbida por el Servicio Prefectural de Caminos.
Todo se aclaró, según Borda, después que se ubicaron los papeles en el Departamento Financiero de la Prefectura, el 18 de julio de 2003, casi un mes después de que se emitió el informe de la Contraloría.
Hasta donde se informó, la indagación oficial sobre el caso, comenzó con la denuncia del entonces abogado de la Prefectura, Rolando Arauz Arauz, hecha el 13 de junio de 2003.
Por su parte, Lorgio Blanco Castedo y Armando Aguilera Antúnez, dueños de la Constructora Camba, apuntaron de manera coincidente, que la obra para la que fue contratada fue ejecutada en su integridad y que prueba de ello es que existe el comprobante de servicio de trabajo ejecutado, emitido el 21 de diciembre de 1998, que dio curso al pago de Bs 1.057.500 avalado por Ángel Ramírez Banzer, que era el jefe del proyecto.
La documentación fue entregada como descargo al fiscal, y será la base para exigir que la querella sea rechazada, señalaron los afectados.
Una definición al respecto se sabrá la próxima semana.