Precintado. Las bombas expendedoras del Porvenir fueron clausuradas

Gustavo Ondarza

La Superintendencia de Hidrocarburos emitió una resolución urgente en contra del surtidor Porvenir, debido a que detectó que sus bombas no contaban con los respectivos precintos de seguridad y estaba comercializando combustible en volúmenes inferiores a los permitidos por reglamento.
Guillermo Torres, a cargo de la repartición reguladora, dirigió la entrega de dicha resolución que ordena el cierre y precintado de las bombas y la suspensión de la venta de combustibles por el lapso de diez días, período en el cual, la estación a través de sus representantes, deberá presentar los descargos correspondientes y solicitar la calibración y precintado de sus bombas despachadoras a la entidad correspondiente.
Hugo de la Fuente, director jurídico de la Superintendencia, explicó que la medida significa un recaudo para que el surtidor no siga engañando al consumidor, tomando en cuenta que la inspección previa determinó que vendía combustible por debajo del volumen establecido.
“Esto significa como, en una investigación judicial, que a la empresa se le está dando el tiempo para que refute la sindicación. Si en el tiempo establecido, que son los diez días, no convence a la Superintendencia, se podría ordenar la revocatoria definitiva de su licencia de funcionamiento”, agregó.
Según norma, la violación de precintos de seguridad de las bombas, es motivo suficiente para cierre de una estación de venta de combustibles. Sin embargo, habrá que esperar la explicación pormenorizada del sindicado, resaltó De la Fuente.
Consultado al respecto, Jaime Farell, administrador del surtidor afectado, reconoció que dos de sus máquinas expendedoras de combustible tenían los precintos rotos, pero aclaró que fue porque le hicieron mantenimiento, a tiempo de asegurar que solicitó el permiso respectivo.
Sin embargo, el superintendente Torres señaló que cuando hicieron la inspección que determinó la sanción, constataron que todas las bombas no tenían los seguros.
Hasta ahora en Santa Cruz se han clausurado cuatro estaciones de servicio, pero todas, a excepción de una, lograron reabrir mientras se define su situación jurídica en otras instancias.
Los sancionados pueden apelar una resolución de la Super al Sistema de Regulación Sectorial y luego a la Corte Suprema de Justicia.