Ayer se conoció públicamente un caso de presunta estafa al Estado por $us 500.000. Se trataría de un contrato inconcluso de la Constructora Camba a la que el entonces Servicio Prefectural de Caminos (Sepcam), le entregó dicha suma para que realice el mantenimiento del tramo carretero Las Petas-San Matías en el año 1998.
El trabajo, según indagación del Ministerio Público no se habría realizado.
La pesquisa del caso está a cargo del fiscal Hugo Iquise, quien reveló que esta semana concluye el plazo para dictar resolución conclusiva del mismo, la que debe determinar si da curso a la acusación o la deja sin efecto. La denuncia del hecho fue formulado el 13 de junio de 2003. Lo hizo el abogado de la Prefectura Rolando Arauz Arauz, que acusó a la Constructora Camba, representados por Lorgio Blanco Castedo y Armando Aguilera Antunez, por el delito de incumplimiento de contrato.
Según se conoció, la base de la sindicación fue un informe de la Contraloría emitido el 8 de junio de ese mismo año, el cual establece, de acuerdo a Iquise, que hubo daño económico al Estado.
“A fines del año pasado hicimos la inspección física y testifical, habiendo resultado que nunca se efectuó dicho trabajo. La denuncia habla de que se contrataron 1.500 horas de tractor oruga y otra cantidad igual para el trabajo de motoniveladoras, que alcanza a los $us 500 mil”, apuntó el fiscal.
Para la indagación, el Ministerio Público consultó a autoridades políticas, cívicas y testigos que habitan la zona donde se debería haber realizado el trabajo, quienes coincidieron en que no hubo tal tarea.
Los responsables del presunto daño económico al Estado, según la Contraloría, son además, los ex ejecutivos del Sepcam, Walter Borda y Rómulo Rivero.
Voceros de la constructora, señalaron que el informe del ente fiscalizador quedó desvirtuado cuando se encontraron los documentos originales que respaldan la realización de la obra para la que fue contratada.
Borda confirmó la versión y se apersonó hasta EL DEBER, portando fotocopias de los papeles donde se muestran que hubo las respectivas órdenes de trabajo y los reportes de seguimiento y conclusión del mismo.
Además, y como prueba de que se realizó el contrato, dijo que existen deudas que aún están pendientes con surtidores de la zona donde se hizo el mantenimiento por provisión de combustible a la maquinaria de la contratista. “Todos los descargos están en manos del fiscal que sabe que la denuncia no tiene fundamento. El informe de la Contraloría se cae por sí sola pues están los descargos respectivos”, aseguró Borda.

En la Prefectura se enteraron de ‘su’ denuncia ayer

La Dirección Jurídica de la Prefectura del Departamento, a cargo del abogado José Negrete Román, no tiene registrada la denuncia sobre la presunta estafa señalada.
Así lo confirmó ayer el funcionario cuando se le consultó sobre el tema, y luego de que hizo las averiguaciones y la revisión de los procesos que sigue esta repartición pública en las diferentes instancias judiciales.
“No tenemos nada registrado”, aseguró, aunque cambió la versión luego de consultar telefónicamente sobre el tema al fiscal Hugo Iquise, que atiende el caso.
“Bueno, ahora me estoy enterando y he pedido una copia del expediente”, apuntó, para luego señalar a modo de descargo que está en el puesto hace cuatro meses y que la denuncia fue realizada por su antecesor.
La situación demostró que este tipo de casos no tienen el seguimiento respectivo en la Prefectura después de los cambios gubernamentales. También se evidenció su falta de coordinación con el Ministerio Público. Ahora, dijo Negrete, se evaluará el caso y se hará la continuidad jurídica requerida.
Consultado el fiscal Iquise si funcionarios de la Prefectura aportaron más pruebas después de la verificación física y testifical en la zona de San Matías para indagar sobre la supuesta ‘obra fantasma’, señaló que nunca más los vio por su oficina.
Lo llamativo del asunto es que en el reporte de los casos judiciales que lleva la Prefectura, no aparezca la denuncia en cuestión.
Uno de los juicios que más atención requiere de la repartición, es el referido al robo de más de seis mil turriles de asfalto, el cual se encuentra en etapa de apelación de la sentencia. También está el proceso de la constructora Intracruz, que cobra sumas millonarias al Estado por ejecución de obras viales.