 Grúas: Concejo instruyó investigación
Informe. El fiscal Jaime Soliz respondió en el Concejo junto a los oficiales mayores Hugo Siles y Fernando Álvarez
Verónica Paz S.
La decisión de los concejales fue unánime.
Oficialistas y opositores rechazaron el informe que presentó ayer la Alcaldía y
solicitaron una investigación por la desaparición de los Bs 88.000 que se
recaudaron por las multas y el remolque de los vehículos mal estacionados y que
fueron levantados del centro de Santa Cruz de la Sierra.
Después de escuchar el informe que emitieron los oficiales mayores de
Coordinación, Hugo Siles, y de Desarrollo Territorial, Luis Fernando Álvarez,
los munícipes manifestaron su insatisfacción con la explicación ofrecida por el
Ejecutivo. Los funcionarios no fueron claros al responder quién autorizó las
batidas, en cooperación con Tránsito.
Para el concejal e interpelador en la sesión, Guido Nayar, los argumentos de los
oficiales mayores fueron poco convincente. Según él, no fueron respondidas
varias preguntas como la de quién se quedó con los ingresos recaudados y a
cuánto suman los mismos. Otro cuestionamiento que quedó en el aire fue sobre
quiénes fueron los responsables de reunir las grúas para que se sumen al
servicio cuestionado.
En el informe que emitieron los oficiales mayores, establecieron que en una
reunión en la que participaron el alcalde interino Jesús Cahuana, el fiscal
Jaime Soliz y el director de Tránsito, Gonzalo Barba, se determinó reodenar el
tráfico vehicular. Sin embargo, no especificaron quién determinó el monto a
pagarse por multa ni quién se encargaría de agrupar las grúas.
El fiscal Soliz dijo que el objetivo del acuerdo consistía en evitar los
accidentes de tránsitos producidos por infracciones, aunque tampoco suministró
detalles del convenio ni las bases legales.
A su vez, Cahuana aseguró que en ningún momento se estableció el monto de las
multas que se cobrarían ni quién sería responsable de ellas. “En la reunión sólo
se estableció un plan para reordenar el tráfico”.
El concejal oficialista Mario Darío Vaca Pereira hizo notar que el informe
presentado fue poco claro. “Estoy seguro de que mi alcalde no tiene nada que ver
con los ingresos obtenidos, pero si la Alcaldía no cobró el dinero, debe decir
quién fue”.
Sin bien la mayoría de los ediles coincidió en que el Municipio tiene
competencia para administrar los recursos que se recauden por multas,
solicitaron transparencia en el manejo de los fondos.
Para el concejal emenerrista, Enrique Landívar, el Municipio tiene la potestad
de reordenar el tráfico vehicular. Sin embargo, dejó claro que la Alcaldía,
primero, debe informar el destino de las recaudaciones que se obtuvieron con las
grúas.
Tanto Siles como Álvarez aseguraron que el Municipio no recibió ni un centavo
por el servcio de grúas.
El Concejo también dejó abierta la posibilidad de que los propietarios de grúas
den a conocer su versión sobre el dinero que se recaudó.
El Ejecutivo tiene 10 días para entregar el resultado de la investigación al
Concejo.
No habrá
proyecto hasta despejar dudas
El proyecto que tiene la Alcaldía sobre el
ordenamiento vehicular, deberá esperar hasta que aclaren todas las dudas con
relación al trabajo que hacían las grúas desde el pasado 30 de enero.
El oficial mayor de Coordinación, Hugo Siles, adelantó que la propuesta de la
Alcaldía consiste en asumir la administración de las recaudaciones
correspondientes al ordenamiento vehicular.
“El Municipio está en condiciones de hacerse cargo de esta tarea, a través de la
contratación de un nuevo operador privado”, sostuvo Siles.
De acuerdo con el proyecto del Ejecutivo, el Municipio adquirirá tres grúas y se
encargará de remolcar los vehículos que se encuentren mal estacionados, tarea
que cumple en conjunto con Tránsito.
Las multas ingresarían a una cuenta bancaria que estaría a nombre del gobierno
municipal. Al respeto, el fiscal Jaime Soliz, indicó que debe haber una ley o
una ordenanza municipal, en la que se regule que la Alcaldía contrate a un
operador. Según Soliz, Tránsito no puede emitir ninguna multa porque su Código
no contempla cobros en la moneda actual.
La Alcaldía
reincide con el mismo error
Uno de los puntos que cuestionaron los concejales
en la sesión de ayer, fue que hace dos años la Alcaldía contrató al operador
privado, Servigrú sin que éste cumpla con los requisitos para trabajar.
Guido Nayar recordó que el Concejo Municipal se opuso al funcionamiento de ese
operador privado “por ser totalmente ilegal”.
Según Nayar, en esa oportunidad la Alcaldía tampoco explicó quién y con qué
permiso se cobraron las multas. “Es fácil culpar a los dueños de grúas por las
faltas, pero el tema está en quién da las órdenes para que ellos operen”, agregó
el concejal a tiempo de señalar que la realización de una nueva ordenanza no
arreglaría el problema de fondo.
Mario Darío Vaca Pereira coincidió en que el municipio incurrió en el mismo
error, cuando no se ocupó del ordenamiento vehicular respetando las normas y
actuando bajo una licitación.
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