La solicitud de la delegada presidencial Anticorrupción, Lupe Cajías, de que ‘se abra el candado’ de la cláusula de confidencialidad sobre el manejo de los gastos reservados del Estado, provocó un revuelo en el Legislativo y el Ejecutivo.
Si bien los parlamentarios coincidieron en que sólo el presidente Carlos Mesa tiene la potestad para eliminar el secreto de la administración de estos recursos a través de otro decreto, desde el Ejecutivo el ministro de la Presidencia, José Galindo, planteó que se reglamente la norma pero “de aquí en adelante y no mirando hacia atrás”.
“La norma no rige para lo que ha pasado, sino para lo que viene”, sostuvo el titular de la cartera de la Presidencia.
Según Galindo, el ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc del Carpio, utilizó el tema de los gastos reservados como una estrategia para ‘salvarse’ del juicio ordinario que se le sigue por hurto agravado, cuando a finales del año pasado se encontraron Bs 2 millones del Estado ocultos en el domicilio de su amigo de la infancia.
Para el ex ministro de la Presidencia, José Guillermo Justiniano, no se puede ver la Ley en forma retrospectiva, ya que está en juego la seguridad del Estado. “La gente quiere conocer el manejo de los recursos, pero es peligroso porque ir hacia atrás cuando las reglas del juego eran otras se puede caer en un tema muy complicado”, dijo.
Por su parte, el presidente de la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, Jaime Paz Pereira (MIR), explicó que a través del nuevo proyecto de ley sobre Gastos Reservados, un comité conformado por el Contralor General, el Poder Legislativo y un delegado del Ejecutivo se podrá regular, controlar y fiscalizar esa partida. No obstante, no contempla la suspensión de la cláusula de confidencialidad en la rendición de cuentas sugerida por Kukoc.
Mientras que para Guido Nayar, ministro de Gobierno durante la gestión de Hugo Banzer, es necesario diferenciar entre dos hechos aislados. El primero referido a la investigación que se sigue contra Kukoc en la justicia ordinaria y otro, redefinir una política de Estado sobre los gastos reservados. “Es un tema muy delicado y donde hay mucha desconfianza, debería manejarse institucionalmente”, apuntó la ex autoridad.
Desde la Cámara Baja, el diputado por NFR, Óscar Vargas, consideró que a partir de la promulgación de la nueva Ley se deben establecer nuevos mecanismos de control y transparencia para fiscalizar esos recursos. “Hay que mantener cierto grado de confidencialidad y secreto”, indicó.
A su vez, el masista Manuel Morales afirmó que ‘son patrañas’ de Kukoc para no decir la verdad. Adelantó que el MAS solicitará que se dicte una resolución congresal para que se levante la cláusula y se eliminen definitivamente estos gastos.
Kukoc, en una entrevista concedida a un canal de televisión, aseguró que revelaría con ‘puntos y comas’ lo sucedido en octubre si se levanta la confidencialidad sobre los gastos reservados.
Por su parte, la diputada Roxana Sandoval (MNR) aclaró que el pasado 31 de enero, Mesa emitió un decreto ‘tapando la boca’ a Kukoc al definir que la rendición de cuentas debía ser en secreto.

Piden que la zarina rinda sus cuentas

Carlos Subirana, abogado defensor del ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, pidió que la delegada presidencial Anticorrupción, Lupe Cajías, también presente facturas y descargos sobre los 14 meses de su gestión durante la Vicepresidencia. “Ella debería presentar sus boletas de pago de los meses que era secretaria anticorrupción y demostrar cuál era el número de ítem que tenía del TGN y cuánto pagó a la renta y cuánto aportó a la AFP, si quiere que se acaben las susceptibilidades”, señaló.
Mientras que la diputada emenerrista Roxana Sandoval recordó que Cajías y el contralor presentaron un proyecto de Ley pidiendo que no sean secreto, sino que se incineren los documentos.
El contralor Jorge Treviño, al ser consultado sobre el tema, ratificó que los informes sobre los fondos reservados que presentan los ministros de Gobierno si están en orden deben ser inmediatamente destruidos.
Subirana reiteró que su cliente debe ser juzgado en caso de Corte, una vez que el juez instructor y el fiscal que llevan el juicio “se lavan las manos” cuando se solicita que el ministro de Gobierno dé información.
EL DEBER intentó conversar con Cajías para conocer su versión, sin embargo en su domicilio informaron que se encontraba delicada de salud recuperándose de una neumonía.