Mario Rueda Peña

No hace mucho, la avenida 16 de Julio de La Paz se le convirtió a la COB en una suerte de calle de la amargura. La marcha de protesta encabezada por Solares fue víctima de la furia de los viandantes. La gente no solo rechifló a los participantes sino que le lanzó agua desde ventanas y balcones. Algunas escuadras de manifestantes optaron por emprender las de Villadiego ante el riesgo de que de los insultos los transeúntes pasaran a mayores. Sobre todo, a partir del instante en que el máximo dirigente de la muy venida a menos matriz sindical de los trabajadores empezara a responder con dinamitazos a las provocaciones. Una anciana estuvo a punto de perder la vida en medio de las detonaciones. Cabe destacar que el mismo día, en horas de la mañana, había pasado lo mismo con una manifestación de maestros. Atemorizados por la forma en que reaccionaba el público contra ellos, los docentes resolvieron disolver la marcha. Al día siguiente, en Tarija, reconocido en las calles, Solares estuvo a punto de ser agredido por viandantes, tras ser increpado duramente por una señora de avanzada edad que le reprochaba en forma furiosa las afrentas a miembros de su familia. No de ahora aquellas, sino de los tiempos cuando el dirigente sindical, según la mujer, trabajaba para la dictadura de García Meza.
Lo de La Paz tiene su clave en la actual estructura social de la ciudad. Se ha reducido en forma drástica el porcentaje de la población sujeta a relaciones de tipo obrero-patronal. En cambio, conforman la inmensa mayoría los denominados “trabajadores por cuenta propia”, particularmente concentrados en la economía informal. Específicamente, en la de tipo ferial. El resto es clase media dedicada a todo tipo de actividades que van desde el empleo público (La Paz es el epicentro burocrático del país) hasta el transporte con vehículos de propiedad personal o familiar (micros, buses y taxis), pasando por las asociadas a la artesanía, oficios menores y servicios. Podría cuantificarse en más del 75% la población paceña concentrada en estas áreas. A esta mayoría le revuelve la bilis cada vez que un paro con bloqueos de calles le merma ingresos. Quienes más se enfurecen son los que a consecuencia de los referidos excesos no pueden llegar a tiempo a su trabajo. De ahí que no solo ellos sino todos los perjudicados reaccionen con creciente violencia contra los gremios que ganan la calle para pisar y pasar sobre los derechos de los demás.
El asunto es que los choques entre quienes se manifiestan y quienes les repudian pueden alcanzar consecuencias trágicas en el futuro inmediato si desde el gobierno y el Parlamento no se hace lo que se debe. Nos referimos a la necesidad de reglamentar los derechos de manifestación y protesta que el Art. 7 de la Carta Magna reconoce a favor de todos los bolivianos. Tenemos leyes que hacen eso con todos los demás derechos, menos con aquellos, por lo que urge de una vez por todas rayarles la cancha, a fin de que los bolivianos sepamos cómo debemos movernos en la misma. Al respecto, hay normas de vigencia universal que nosotros no podemos pasar por alto. Por ejemplo, la de recabar autorización previa para salir a la calle a manifestarse, con especificación de motivo (el cual tiene que ser lícito) y señalamiento de recorrido. Esto último, para que la fuerza pública proteja a los marchistas y evite, al mismo tiempo, la comisión de excesos que lesionen los derechos de los demás. Así se garantiza el carácter pacífico que debe tener toda manifestación de protesta. La policía detiene y pone a disposición del Ministerio Público y la PTJ a cuantos incurran en actitudes tipificadas como delitos por el Código Penal, sea quienes sean los autores.
Es el paso a dar antes de que sea demasiado tarde. Que nadie atente contra nadie...