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Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Domingo 21, Marzo de 2004

../20040321/images/sa10.jpgMás de 500 mil bolivianos no tienen registro


Marginados. Varias mujeres se armaron de valor durante la huelga de la semanda pasada y exigieron tener una identidad


Roxana Escóbar N.

Filiación. Miles de ciudadanos no cuentan para el Estado porque no figuran en los libros. Los afectados están desesperados. Se cansaron de creer en las promesas políticas y de no gozar de sus derechos

Ernestina Challupa (42) pese a que tiene un nombre y dos apellidos, no cuenta con un carné que pueda corroborar su identidad. Esto no le ha permitido obtener un empleo y un salario justo. “Ahora para cualquier trabajo hasta para empleada doméstica, piden documento de identidad, es como una garantía”, comentó Challupa.
Felicia Arancibia (45) está preocupada porque el mayor de sus tres hijos está a punto de salir bachiller y necesita realizar sus trámites para obtener su título, sin embargo, ésta no cuenta con certificado de nacimiento, situación que le ha imposibilitado inscribir a sus dependientes en el Registro Civil.
Los casos de Challupa y Arancibia son sólo dos de las 792.680 personas que carecen de identidad en todo el país según el Censo 2001, que, cansadas de que los políticos y autoridades de turno les prometan el ansiado documento que nunca llega, además de no poder gozar de sus derechos como cualquier ciudadano. Por eso la semana pasada decidieron sumarse a la huelga de hambre que encabezaron campesinos del Norte Integrado en la Corte Departamental Electoral. Después de una semana de mantener la extrema medida, lograron firmar un acta de entendimiento con el Prefecto, que establece que en 45 días se les dotará del certificado de nacimiento en forma gratuita con financiamiento internacional a las personas indocumentadas mayores de 18 años de Santa Cruz.
La mayoría son de escasos recursos, motivo por el que no han podido solicitar una orden judicial (llamada antes así), y ahora simplificado con un trámite administrativo que tiene un costo menor.
Sólo en Santa Cruz son alrededor de 60.000 los adultos que no gozan de este derecho establecido en la Constitución Política del Estado; sin embargo, negado para ellos. La justificación que mantiene la Corte Departamental es de que no puede otorgar el certificado de nacimiento en forma gratuita a los adultos mayores de 18 años porque el 88 por ciento de su presupuesto proviene de la venta de valorados y el resto (12 por ciento)del Tesoro General de la Nación.
Mario Orlando Parada, presidente de la institución, señala que si se emite una ley y se buscan los recursos para financiar el costo de los valorados y el arancel del oficial de Registro Civil se solucionaría el problema. Pero esta situación sólo se ha dado para los niños menores de 18 años.
Según Parada, el problema de los indocumentados es responsabilidad de la clase política y de los gobiernos de turno. Dijo que el Registro Único Nacional fue un programa dirigido a beneficiar a los individuos sin identidad, sin embargo, se ‘dilapidaron los recursos’ otorgados por el gobierno español y que dicho programa no contempló a los habitantes de los pueblos originarios, ya que actuaron políticamente privilegiando a algunas comunidades. A estos dos problemas siguieron las alteraciones de edad, nombre y lugar de nacimiento que han hecho muchos ciudadanos, debido a que el Registro Civil estuvo mal administrado, al margen de la falta de presupuesto y disposiciones legales.
Es dramática la situación para los ciudadanos que no cuentan con un documento de identidad, ya que son explotados laboralmente, no pueden gozar ni exigir sus beneficios sociales, son víctimas de estafa y no pueden inscribir a sus hijos tampoco beneficiarse con el Seguro Universal Materno Infantil, coincidieron los directivos del Comité de Indocumentados de Santa Cruz, Jorge Alvis y Sonia Bustillos.
Este drama se agudiza en los pueblos originarios, ya que existen algunas etnias, cuyos apellidos cambian la terminación dependiendo el sexo de sus dependientes, y otros que sólo poseen nombres y no apellidos, añadió Bustillos.

Sonia Soto / Defensora del Pueblo

No pueden ejercer sus derechos

Ser una persona indocumentada significa no existir para el Estado,no está considerada un habitante por lo tanto tampoco tiene la posibilidad de ejercer sus derechos. No se puede responsabilizar a un gobierno determinado, sino que a través de la historia el Estado boliviano ha venido manteniendo la falta de fondos o una política que establezca que los oficiales de registro civil sean funcionarios del Estado y puedan inscribir gratuitamente a las personas; en ese sentido la carencia de recursos tan acuciante en el área rural, y sumado a situaciones que tienen que ver con la pobreza y la falta de servicios en la cual subsisten miles de bolivianos y bolivianas. Esta situación no ha sido encarada desde esta perspectiva; siempre, cuando se ha pedido registros se ha tropezado con que quién paga a los oficiales. En Bolivia está abolida la esclavitud sí, pero la esclavitud de las personas que hace que éstas no existan también tiene que estar abolida. Es necesario que el Estado tenga la capacidad de reconocer a todos sus ciudadanos; a partir de ese reconocimiento que es la inscripción en el Registro Civil además de dotarle del carné de identidad y de los documentos que corresponda para que pueda ejercer la plenitud de sus derechos. Si la persona no tiene documento de identidad no puede hacer que sus hijos sean reconocidos por el padre, inscribirlos en la escuela, gozar del seguro de salud, emitir su voto, hacerse escuchar, ser propietario, es decir que no puede ejercer ningún derecho. Es necesario que se adopten mecanismos para dotar a todos los nacidos en este país de un certificado de nacimiento y carné de identidad. También está la situación de la Ley 1626 que ha permitido suspender el proceso judicial para obtener un certificado que costaba hasta Bs 800 y ahora se establece un trámite administrativo, sin embargo, se continúa emitiendo leyes para los ciudadanos capitalinos, pero no se toma en cuenta las comunidades rurales donde no existen oficiales, por lo que la situación se hace más grave.


Para registrarse por primera vez

De 0 a 12 años. Es gratuito y directamente en cualquier Oficialía de Registro Civil se puede obtener el certificado de nacimiento por primera vez. Requisitos: presencia de los padres biológicos y la presentación del certificado de nacido vivo, y en defecto de estos por autoridades municipales o eclesiásticas. En caso de indocumentación de los progenitores, la identificación de los mismos y la filiación del recién nacido, además de dos testigos mayores de edad. En el caso de menores de padres desconocidos serán registrados con nombres convencionales. Y si se trata de hijos de madres o padres solteros, la inscripción procederá con un apellido paterno o materno convencional según corresponda.
De 12 a 18 años. Es gratuito y la inscripción se realizará a través de un trámite administrativo que se iniciará ante un Oficial de Registro Civil. Tiene tres años de vigencia (2004-2007). Requisitos: documentos probatorios sobre su existencia.
Mayores de 18 años. Con trámite administrativo que el ciudadano lo iniciará en la Oficialía de Registro Civil. Tiene un costo (certificado de nacimiento, papeletas valoradas del trámite y los aranceles de los Oficial de Registro Civil). El interesado debe presentar documentos probatorios para demostrar su existencia, su filiación y fecha de nacimiento.


Habrá campaña para inscribir a indocumentados

El próximo mes se iniciará la inscripción de los ciudadanos indocumentados de todo el país, respaldada por la Ley 2616 del 18 de diciembre de 2003, que establece la otorgación del primer certificado de nacimiento en forma gratuita para los niños de 0 a 18 años, y para los mayores a esta edad tendrá un costo.
El presidente de la Corte Departamental Electoral, Mario Orlando Parada, aclaró que el registro se iniciará en abril, siempre y cuando la Corte Nacional Electoral envíe el reglamento de la Ley 2616, que ha sido complementada con una enmienda a favor de los menores hasta los 18 años de edad y los recursos.
Unicef, organismo que junto a los aportes del TGN, CNE y Plan Internacional, financió el registro y certificación gratuita el pasado año (de julio a diciembre) de niños y niñas menores de 7 años ; volverá a hacerlo en el caso de los infantes menores de 18 años. En este periodo se logró dotar de certificado de nacimiento a 229.828 chicos en todo el país. De ellos 74.610 corresponden a Santa Cruz.
Por otra parte Parada informó que el servicio de Registro Civil ha sido desconcentrado en 19 oficialías colectivas (conformada por varios Oficiales de Registro Civil e informatizadas a nivel nacional), ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Esto permitirá que el ciudadano pueda obtener en forma inmediata su certificado de nacimiento. Lo mismo en el caso de requerir una copia de dicho documento para las personas que ya cuentan con filiación.
En total 400 oficiales estarán aptos para registrar a los ciudadanos indocumentados en las zonas rurales y en la ciudad a partir de abrill.
La Ley también determina que aquellas personas que tengan errores en partidas de nacimiento, matrimonios y defunciones pueden realizar correcciones a través de un trámite administrativo. Sin embargo, hay excepción respecto a rectificación acerca de fecha de nacimiento, filiación o lugar de nacimiento, que sólo se podrán arreglar con sentencia judicial.

Un diputado presentó alternativa

El diputado Daniel Valverde Aparicio presentó un proyecto de Ley al Parlamento; cuyo propósito es dotar de documento de identidad en forma gratuita a las personas mayores de 18 años, que carecen de certificado de nacimiento y cédula de identidad por su condición de pobreza y/o exclusión social.
En su proyecto plantea la necesidad de que el Estado a través de las direcciones de Registro Civil otorgue este documento sin costo alguno. También y en igual forma la cédula de identidad a través del Servicio Nacional de Identificación Personal.
Respecto a la ejecución de dicho programa, propone que se utilicen los recursos que el Estado a través de la Corte Nacional Electoral tiene asignados en calidad de financiamiento estatal a los partidos políticos en la presente gestión.

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