El Ministerio Público y la Intendencia Municipal están conscientes de que un gran porcentaje de los objetos usados que se venden en los cachivachis del mercado Los Pozos, Plan 3.000, Alto San Pedro, Kilómetro 6 y otras zonas, son robados, y coinciden en que será difícil eliminarlos, por lo que son partidarios de buscar la forma de controlarlos.
Para Francisco Borenstein, fiscal de Distrito, la de los cachivacheros “es una actividad totalmente ilícita que no se la debería permitir” y que “si no se la frena la ciudad corre el riesgo de saturarse de estos negocios”.
La cabeza del Ministerio Público señaló que coincide con el Prefecto del departamento en su apreciación de que los ciudadanos de bien no deben fomentar ni incentivar el robo comprando cosas de dudosa procedencia.
Según Borenstein, el Ministerio Público ya asignó al fiscal Jaime Soliz para legalizar operativos en los ‘tantacatos’, pero que la Alcaldía por lo menos debería exigir a los comerciantes que justifiquen el origen de los cosas obtenidas.
El concejal Jesús Cahuana y el intendente Juan Carlos Rodríguez dicen que la venta de objetos usados es un negocio que se ha esparcido en todo el mundo por las necesidades de la gente de escasos recursos y que en nuestro medio se lo debe reglamentar.
“Lastimosamente en la Alcaldía no existe ninguna ordenanza ni resolución para normar esta actividad. Ojalá que el Ejecutivo dentro de poco presente un proyecto para regularla. Hay que hacerles un padrón, saber de dónde provienen los artefactos, quiénes son los negociantes y en qué lugar están vendiendo. Mientras tanto, en este momento lo único que se está haciendo es un trabajo conjunto de limpieza en los mercados”.
Salvatierra define a los ‘tantacatos’ como “una zona franca del delito”, donde se camuflan delincuentes y 'albertos' que trabajan disciplinadamente con todo un equipo de inteligencia para evadir las batidas de la Intendencia y la Policía.
Tengo un plan para actuar pero no le puedo adelantar su contenido ni la fecha a desarrollarlo porque sería advertirles a los cachivacheros. Están bien organizados, tienen depósitos, escondrijos, santo y seña y espías”, dijo Salvatierra, autoridad partidaria de la continuidad de estos comercios bajo la supervisión municipal y policial.

Los afectados no apoyan la acción legal

La PTJ no quiere saber de actuar por su cuenta contra los cachivacheros porque las veces que lo ha hecho el Ministerio Público los ha obligado a devolver los objetos debido a la falta de denuncias y la correspondiente acción judicial por parte de los damnificados.
“La última vez que confiscamos un montón de artefactos nos hicieron un tremendo lío y, por último, los fiscales devolvieron las cosas nombrando depositarios a los mismos propietarios de los negocios, siendo que en varios hemos encontrados objetos robados”, dijo Humberto Gutiérrez, director de la PTJ.
La autoridad considera que los cachivachis son un tema complicado porque los dueños de las tiendas legalizan su negocio registrándolas en la Alcaldía, recurso con el que se respaldan para trabajar.
“Están en la raya entre lo legal y lo delictivo. Hay personas que dejan sus cosas en prenda por necesidad, pero los ‘albertos’ le dan ese mismo tratamiento a los delincuentes que roban, sin exigirles documentos”, señaló Gutiérrez.
La PTJ actuará con previa autorización.