Mario Rueda Peña

En el camino hacia la salida de la actual crisis la cuestión fiscal representa tramo ineludible. Podría considerarse a éste como punto de partida de cualquier esfuerzo estatal para que crezca el PIB y alcancemos los niveles de ingresos y empleos a que aspiran los bolivianos.
Admitamos, aunque nos duela, nuestra actual condición de país mendigo que cada vez depende más de la ayuda internacional. Cuanto genera por sí mismo no le alcanza para cubrir sus gastos anuales en salarios e inversión pública. Como la necesidad le lleva a prestarse plata del Banco Central de Bolivia, poco a poco va agotando sus reservas monetarias en dólares, mientras el financiamiento del viejo sistema de pensiones le dispara hacia arriba la deuda pública interna. Ahora nos advierten los órganos de la cooperación multilateral que sólo nos ayudarán si cumplimos con las metas de reducción del gasto corriente y de incremento de nuestros ingresos. Lo último sólo es posible por la vía impositiva. Un Estado no vive del aire, sino de los impuestos de sus súbditos.
Bolivia quedará virtualmente varada si no se resuelve la cuestión fiscal. Lo peor, expuesto a un descalabro monetario igual o peor al que sufrimos de 1982 a 1985. Más todavía si estalla una convulsión social de efecto paralizante para los sectores productivos del país. De darse ambos extremos se nos cerrarán las puertas a la reactivación económica generadora de empleos e ingresos y se abrirán en forma anchurosa las de una inestabilidad política de imprevisibles consecuencias para nuestra democracia, comprometiendo inclusive nuestra soberanía.
Así que lleguemos de una vez por todas a un acuerdo nacional respecto a la metodología correcta para superar el problema. Vayamos a un pacto fiscal que le permita al TGN tener lo que ahora no tiene para solventar los gastos nacionales. En lo posible, ajustando el acuerdo a lograrse a los principios de universalidad y proporcionalidad que constitucionalmente rigen para el régimen impositivo y boliviano. Que todos, absolutamente todos, tributen en montos proporcionales a lo que tienen o ganan. Es lo justo y democrático.
Resuelta la cuestión, pactemos sobre cuanto urge hacer en los tramos siguientes de la ruta hacia la luz al final del túnel. Nos referimos a la reactivación económica y a la dirección social a imprimir a este proceso. Tenemos pendiente el viejo problema de la exclusión que padecen los campesinos aimaras y quechuas, a los que hay que integrar al país sobre bases estructurales que les permitan convertirse en productores con réditos reales con los cuales abrirse paso hacia la educación y cultura. Que ellos se conviertan en bolivianos con igualdad plena de oportunidades y derechos respecto a los criollos y mestizos. Que no sean miembros dóciles de reservaciones o ‘comunidades’ uncidas a meras identidades étnicas y culturales, como pretenden algunos líderes tan desfasados como extraviados. Hacer lo propio con los pueblos indígenas del oriente. Ir a la vertebración geográfica del país a través de una moderna infraestructura vial que cuadricule al país de norte a sur y de este a oeste. Encendamos así los motores de la competitividad de la producción nacional a fin de que ésta llegue más y con mayor ganancia a los puertos foráneos de destino.
Empecemos por donde debemos empezar antes de que sea demasiado tarde.