Susana Seleme Antelo

Podemos coincidir, más allá de afectos o desafectos, que si al gobierno de Carlos Mesa le va bien, puede irnos bien a todos. Si le va mal, es probable que nos vaya mal a todas y a todos. En estas circunstancias, que le vaya mal al gobierno es entrar en bancarrota económica, política y social.
En bancarrota económica parece que ya estamos. Cuán a fondo hemos llegado que el Gobierno está literalmente asfixiado por el déficit fiscal y el Tesoro General de la Nación no dispone de recursos para cubrir sus gastos corrientes. Por si fuera poco, ya se habla del ‘cansancio de los donantes’ y de los reclamos, tanto de gobiernos que otorgan ‘ayuda’ como de organismos multilaterales, porque en Bolivia no se hacen esfuerzos para lograr una sana conciencia tributaria; poca gente paga impuestos, dicen, o nadie quiere pagarlos; es uno de los países de la región donde más se elude y evade la tributación y la recaudación impositiva es de las más bajas.
Con ese diagnóstico, el Gobierno optó por la vía de impuestos temporales para ser cobrados sólo de clase media para arriba, como una demostración a la comunidad internacional para negociar nuevos créditos y ayudas. En realidad, no se trata de impuestos, si asumimos que el impuesto es una obligación permanente y universal. Se trata de ponerle el hombro al Gobierno con una especie de aporte solidario de coyuntura.
Si el Parlamento vetó una vez la ley fue porque el Presidente y su entorno olvidaron que el Poder Legislativo es el órgano político por excelencia. No cabe la menor duda que de octubre a ahora, los partidos políticos han estado en un confinamiento parlamentario no declarado por parte del Ejecutivo. Convengamos que una cosa es pasarle a los partidos políticos la factura por una grosera acumulación de desaciertos y otra muy distinta es ignorarlos: de ellos depende la aprobación de leyes, y sobre ellos descansa la naturaleza de la democracia. Es decir, el consenso y el disenso.
Respetando esa naturaleza, lo que el país necesita son pactos mínimos de gobernabilidad y gobernancia entre el Ejecutivo, los partidos políticos en el Parlamento y los dirigentes sindicales y sociales. Es una cuestión de necesidad y tino político que exige ese 70% de popularidad del que goza el Presidente.
Puede Carlos Mesa seguir el consejo del líder del MIR, Jaime Paz Zamora, y empezar a gobernar por decreto. Sin embargo, pactos mínimos, decretos, o pago de impuestos solidarios serán insuficientes si no se frena la crisis económica que profundiza la pobreza y atiza la rabia y convulsión sociales. La urgencia perentoria hoy es reactivar el aparato productivo que, salvo algunos bolsones de bonanza, está en coma por la crisis instalada hace más de cinco años. La urgencia es promover crecimiento y desarrollo para generar empleo. Empleo no temporal. Empleo seguro que brinde cobertura social, abra futuro y dé esperanzas. Solo así le irá bien al Presidente Mesa y puede irnos bien al resto.