El país tiene un déficit de 3.000 millones de bolivianos, unos 400 millones de dólares, según el presidente Carlos Mesa. Estos recursos bien podrían obtenerse si el Poder Judicial dictara sentencia e impulsara los procesos que instauraron Impuestos y la Aduana para cobrar tributos a los evasores.
Datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) revelan que se espera la resolución de procesos contencioso tributarios por 2.227,7 millones de bolivianos; además tienen una mora por pliegos de cargo, a diciembre de 2003, que llega a 1.066,2 millones. Todo suma en total 3.293,9 millones, es decir, aproximadamente 420 millones de dólares a un tipo de cambio de 7,84 bolivianos por unidad de dólar.
A estos recursos se suman los 40 millones de dólares que la Aduana mantiene congelados en mercadería incautada desde julio de 1999 a diciembre de 2003, debido a que no se dictan las sentencias ejecutoriadas.
En total existen 460 millones de dólares cuya disponibilidad, al menos de una gran parte, depende de que el Poder Judicial actúe con eficiencia y cumpliendo los plazos para que puedan llenar las arcas del Tesoro General de la Nación (TGN) y dé un alivio al Poder Ejecutivo.
El presidente de la Aduana, Bruno Giussani, afirmó que el Poder Judicial impide que los recursos adeudados al Estado, por concepto de delitos tributarios, lleguen al TGN. Incluso permitió que varios juicios contencioso tributarios prescriban, en unos casos, y en otros que continúen en los archivos.
Como resultado del accionar de la justicia, en materia aduanera el Estado perdió más 120 millones de dólares hasta 1999. Eduardo Zegada, presidente del SIN, explicó que hay varias dificultades para recuperar esos recursos y no todas están vinculadas con el ámbito judicial.
La administración tributaria se manejó desordenadamente, tanto en Aduanas como en Impuestos, explicó. Por eso tuvieron que ponerse en marcha las reformas institucionales. "Hay deudas desde hace 10 y 15 años, que en algunos casos, aunque la justicia se pronuncie, pueden ser incobrables, porque los contribuyentes han desaparecido, ya no tienen bienes. Es decir, todo este desorden ha terminado en esta carga”, comentó.
Otro inconveniente para recuperar las deudas tributarias es, según Zegada, el retraso en que incurre el Poder Judicial. En febrero de 2004, Impuestos pidió a la Delegada Anticorrupción que se acelere y, en su caso, se sancione a los jueces que están retrasando mil procesos contencioso tributarios. Esto impide cobrar tributos por 2.182 millones de bolivianos, unos 282 millones de dólares, a más de 23 empresas. "Ésta es otra dificultad que también perjudica la cobranza rápida porque, más (tiempo) pasa, también hay más posibilidades de que los contribuyentes puedan no tener bienes o puedan desaparecer", explicó.

Un apoyo del tribunal administrativo

El titular del SIN Eduardo Zegada considera que con la Superintendencia Tributaria, creada por el nuevo Código Tributario, la justicia tendrá un apoyo, mediante un tribunal administrativo. "En general lo que nosotros necesitamos es que se cumplan los plazos para poder ayudar al Estado boliviano", reclamó.
Sin embargo, durante los últimos años, el Poder Judicial se ha constituido un escollo para que el TGN pueda recuperar más de 500 millones de dólares, resultado de los más de mil juicios pendientes por evasión, defraudación y contrabando omitidos por empresas, políticos y comerciantes.
Sólo en 2001 existían 883 empresas que evadieron el pago de tributos por más de 42 millones de dólares.
Actualmente, estos recursos se tornan indispensables para reducir el déficit fiscal que está en el orden del 8 por ciento.
Tras evaluar esta problemática, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió al gobierno del ex presidente Hugo Banzer implementar el proceso de la reforma aduanera como plan piloto. El proceso fue resistido por los partidos políticos hasta el 28 de julio de 1999, fecha en que se aprobó la reforma aduanera.
Dos años después, en septiembre, se implementó la reforma en el SIN, que no logró recuperar los tributos defraudados años atrás.

Existen más de 3.000 procesos penales que sigue la Aduana

Desde la promulgación de la Ley General de Aduanas, el 28 de julio de 1999, hasta fines del año pasado, se registraron 3.040 procesos penales aduaneros, de los cuales 1.785 continúan en etapa de investigación, 175 en fase de juicio, 809 fueron concluidos, 209 están para el remate y 62 parados por recursos de apelación y casación que presentaron los involucrados.
La gerencia de Santa Cruz inició 1.027 procesos penales aduaneros, La Paz 407, Tarija 376 y Oruro 341. Bermejo inició 195 procesos y Villazón 194. En Cochabamba se iniciaron 183 procesos, 126 en Yacuiba, 86 en Potosí, 72 en Sucre, 20 en Guayaramerín y cuatro en Cobija.
El Poder Judicial mantiene congelados 40 millones de dólares en mercadería incautada por la Aduana entre julio de 1999 y diciembre de 2003 porque no dicta las sentencias ejecutoriadas para proceder a los remates que permitirían un alivio a las vacías arcas del Tesoro General de la Nación (TGN).
Este monto se eleva más si se toma en cuenta que, desde hace cuatro años, la Aduana no puede recuperar seis millones de dólares del sonado caso de defraudación del Recinto Nacional de Cochabamba (Renasa).
El presidente interino de la Aduana, Bruno Giussani, afirmó que mientras no exista una sentencia ejecutoriada la mercadería incautada y depositada en los almacenes aduaneros no podrá ser rematada.
En ese contexto, afirmó que la justicia no permite que 40 millones de dólares se transformen en recaudaciones que son vitales para el TGN.