Carlos Meyer Bustamante

No soy simpatizante del MAS ni mucho menos; sin embargo, se debe reconocer que hasta ahora es el único partido político con representación parlamentaria que ha hecho pública una propuesta coherente, y sobre todo justa, para obtener los recursos suficientes destinados a disminuir el déficit fiscal, preocupación suprema del gobierno del Presidente Mesa.
Mientras todos los demás partidos –quizás habría que excluir también a la NFR por no apoyar la creación de nuevas obligaciones tributarias, pero sin ninguna propuesta sustitutiva- se esmeran en buscar explicaciones para justificar la creación de los nuevos impuestos a las transacciones financieras y a la propiedad de bienes inmuebles urbanos, el MAS plantea tres fuentes de recuperación de recursos: gastos reservados mal utilizados, deuda tributaria en proceso de ejecución e impuestos supuestamente mal determinados o no pagados por las empresas del rubro petrolero.
Con relación a los gastos reservados, sobre los cuales últimamente ya nadie opina, no debería ser muy complicado establecer los importes que fueron destinados al pago especialmente de salarios extra a funcionarios del poder ejecutivo durante los últimos años e identificarlos para iniciar a través del Ministerio de Hacienda su recuperación o en su caso, informar a la Contraloría General de la República para que produzca el procedimiento legal que corresponda.
Las administraciones tributarias nacional y aduanera deben tener una lista interminable de contribuyentes con resoluciones ejecutoriadas que no tendrían derecho a acogerse al Programa para el Tratamiento de Adeudos Tributarios, mal llamado perdonazo, listas para iniciar el procedimiento de ejecución tributaria establecido en el Código Tributario. Quizás sería efectivo invitar públicamente a abogados, consorcios y empresas especializadas en cobranzas, para que se encarguen de la recuperación de los adeudos, a fin de colaborar con el Servicio de Impuestos y la Aduana.
No se conoce, por lo menos públicamente, si las empresas del rubro petrolero están o no con resoluciones ejecutoriadas de impuestos adeudados y por lo tanto impedidas de acogerse al proceso de regularización. Si ésta fuera la situación, no se puede entender cómo hasta ahora no se ha actuado y nada más se leen, oyen y ven amenazas públicas de cobranza, que no es el camino ni legal ni correcto. Si por el contrario, las empresas se encuentran en procesos de determinación, se les está infligiendo un grave daño a su prestigio no sólo nacional sino también internacional, al acusarlas de ser deudoras sin demostrarles esa condición.
Por una parte, la Viceministra del Tesoro nos amenaza públicamente con un proceso inflacionario o con la imposibilidad de pagar salarios ya por el mes de marzo; por el contrario, el Ministro de Hacienda parece manejar otros tiempos, pues acepta cobrar el Impuesto a los Inmuebles a partir del mes de agosto. Si nos llevamos por las declaraciones del Ministro, habría tiempo para ejecutar las medidas propuestas por el MAS.