Potosí. El Potosí

Justo a tiempo. Con dispensación de trámite, el Concejo Municipal de Potosí aprobó el miércoles la Ordenanza que pone en vigencia plena a la Ley del Cine y establece una escala de sanciones para los infractores.
El proyecto de ordenanza fue presentado por los ejecutivos de los principales medios de comunicación social de Potosí con el propósito de proteger la actividad de la proyección legal de películas y evitar que a nuestra ciudad le pase lo que a la vecina Sucre cuyo único cine se cerró el pasado 1 de marzo .
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano del Concejo Municipal, María Cledy Ruiz, explicó que la ordenanza no se sobrepone a la Ley del Cine ni a la de Derecho de Autor sino que simplemente la complementa. "En esta ordenanza definimos cuál es el papel de la Alcaldía pero también el de otras entidades como el Ministerio Público", dijo.
A partir de la promulgación de la Ordenanza, se fija un año de salvaguarda "para las películas que son internadas legalmente al país con el propósito de permitir su proyección en salas cinematográficas de la ciudad de Potosí".
Durante todo ese tiempo, ningún canal de televisión podrá difundir las películas recientemente estrenadas y las tiendas de alquiler de videos están prohibidas de alquilarlas o venderlas a menos que demuestren que tienen los derechos para ello. Si lo hacen, darán lugar a la intervención de la Alcaldía y el Ministerio Público.
El secretario concejal, Santos Achá, dijo que la ordenanza será enviada al Ejecutivo con el propósito de que sea promulgada en el día. Si se cumple con ese trámite, entonces entrará en vigencia a partir de ese momento, la Alcaldía, la Policía y el Ministerio Público deberán encargarse de ejecutarla.
Se prevé que una copia de la ordenanza será entregada mañana a Paolo Agazzi en el estreno de la película El atraco.
La Ordenanza del cine fija sanciones diferenciadas para quienes infrinjan esa norma.
Si los infractores son los canales de televisión, la multa será de Bs 1.000 por primera vez pero en la siguiente se remitirán obrados al Ministerio Público y la Superintendencia de Telecomunicaciones.
En el caso de las tiendas de alquiler de videos, en la primera vez se requerirá la intervención del Ministerio Público pero la segunda ameritará la clausura del local.