EL DEBER publicó en la edición del día 12 de marzo, en la página A24, una nota titulada “Obligarán a Cotas a cortar el servicio de Entel por deudas”, a base de una resolución del Sistema de Regulación Sectorial (Sirese), que revoca un fallo de la Sittel que había autorizado la negativa de Cotas a cortar el servicio a 27.019 de sus abonados deudores de Entel por llamadas de larga distancia.
La nota incluye una declaración del señor Ronald Castedo, presidente de Cotas, que afirma que la ‘cooperativa no tiene la culpa de la incapacidad administrativa de Entel para cobrar sus deudas’.
Es evidente que la cooperativa ‘no tiene la culpa’ de lo que haga o deje de hacer Entel. Ni tiene la competencia ni la capacidad necesaria para juzgar las acciones de Entel. Lo que sí está obligada a hacer, como cualquier otro operador, es conocer y cumplir las disposiciones legales vigentes, le satisfagan o no. Y es el incumplimiento de una de esas normas, lo que motivó la resolución del Sirese. En efecto, el artículo 8 del Reglamento de Facturación, Cobranza y Corte dice que ‘la facturación, cobranza y corte de los servicios deben cumplir los siguientes requisitos y procedimientos:... d)el operador de una red pública, a pedido del proveedor interconectado o del que utiliza su red, está obligado a realizar el corte del servicio a los abonados del proveedor solicitante, en el plazo mínimo de 24 horas a partir de la solicitud de corte, de forma tal que dichos abonados no puedan acceder a ningún proveedor que suministre el mismo servicio que del proveedor solicitante...’
La obligación de cumplir la norma anterior figura en la propia Oferta Básica de Interconexión de Cotas, aprobada por la Sittel y que tiene carácter vinculante. El reglamento de Interconexión establece que ‘la inexistencia de un acuerdo de interconexión no eximirá la obligación de interconectarse. En este caso regirán las condiciones de la oferta básica del operador solicitado (para el caso presente Cotas), aprobada por la Sittel o, en su defecto, los términos y condiciones directamente establecidos por la Sittel’.
En la misma nota, el señor Castedo hace también otra afirmación sin fundamento alguno en la que afirma que ‘Entel destina $us 6 millones anuales a gastos por transferencia tecnológica y no puede ser que con semejante monto no tenga su propio sistema de facturación y cobranza. El señor Castedo desconoce, en lo absoluto, cuánto destina Entel a sus programas de desarrollo tecnológico. No tiene por qué conocerlo, ni tiene por qué juzgar, como Presidente de otra empresa, cómo utiliza Entel sus recursos. La ignorancia no le da derecho para juzgar sobre algo que no le compete.
Lamento haber molestado su atención, señor Director, con un tema de esta naturaleza. Pero creo importante aclararle a los lectores de EL DEBER que el afán de Entel se reduce, simplemente, a exigir el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Nota de Redacción
La nota aludida por el señor León contiene las versiones del Sirese, de la Súper de Telecomunicaciones y de Cotas. La posición de Entel tiene unas pocas líneas y la carta explica mejor su posición, por ello se publica íntegra.

En su edición del domingo 14 de marzo, se publicó la muerte de un boliviano en el atentado del 11 de marzo en Madrid.
Quiero manifestar al respecto que esa información no es veraz, que me sentí muy decepcionada y dolida cuando al revisar la página a la que a diario visito por la Internet, me encuentro con esta noticia.
Las personas que han muerto por esta desgracia son 200, pero gracias a Dios entre ellos no se encontraba ninguna persona de nacionalidad boliviana. ¿Cómo es posible que publiquen algo que no es cierto?
Lo que sucedió fue un atentado muy doloroso para los hermanos españoles. Espero que me tomen en cuenta y puedan corregir esta información para no alarmar a los ciudadanos en Bolivia, pues mucha gente se ha preocupado al pensar que un familiar o amigo pudo haber muerto.
Mirna Bejarano/España

Nota de Redacción
La información a la que se refiere la lectora Bejarano está originada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el comunicado oficial, el fallecido, Juan Antonio Sánchez Quispe, no tenía registrados sus datos migratorios en el Consulado de Bolivia en Madrid, pero el pasado lunes surgió otra versión en sentido de que sería peruano. Ese mismo despacho, que ofreció apoyo para la repatriación del cuerpo, pidió que los familiares se comuniquen con el teléfono 2408584 en La Paz o con el correo xguzman@rree.gov.bo. Los heridos bolivianos por el atentado en la capital española que cobró 201 muertos y 1.500 heridos son Henry Arnoldo Rojas Peredo, de 40 años, internado en el hospital madrileño 12 de Octubre y Alejandro Velásquez Flores, que ya fue dado de alta, según el ministro consejero de la Embajada de Bolivia en Madrid, Julio Aliaga.