A seis meses de que el fiscal Angel Maymura ratificara el sobreseimiento a favor del gerente de Empresa Guaracachai (EGSA), Mauricio Peró, y a la vez dispusiera el cierre del proceso por la venta de dos turbinas, en los próximos 14 días se despachará el segundo de los dos equipos vendidos en $us 2,2 millones a Power Developments International.
Tras la cesación de las medidas cautelares impuestas y la cancelación de los antecedentes penales, Peró respiró tranquilo y ordenó el traslado de la primera turbina a los Emiratos Árabes Unidos. En un mes se hicieron tres viajes, y la última parte se envió la madrugada del lunes pasado, en cuatro camiones de la compañía: Ingeniería de Transportes R.L. Ltda.
La venta de las cuestionadas turbinas se concretó en enero y a la fecha EGSA cuenta con varias pólizas parciales que suman el monto total del contrato. Peró señaló que el 9 de febrero, las administradoras de fondos de pensiones Futuro y Previsión recibieron cada una $us 583.630, dinero que fue destinado para pagar el Bonosol. También aseguró que el proceso de investigación que se realizó a EGSA, demostró la legalidad de la venta de las unidades GCH-3 y GCH-5.
El ejecutivo justificó que el traslado de los equipos a altas horas de la noche para facilitar la movilización de los camiones de alto tonelaje en horarios en los que no existe tráfico vehicular.
El proceso contra Peró fue largo y cuestionado. Luego de siete meses (el 18 de septiembre de 2003) la ratificación del sobreseimiento estableció que la venta de las turbinas se efectuó a través de oferta internacional. Posteriormente la empresa EGSA hizo los trámites pertinentes para vender las turbinas, logrando la autorización de la Superintendencia de Electricidad, el directorio de EGSA y los personeros de las AFP Futuro y Previsión.
Estableció que en ningún momento hubo perjuicio contra el Estado porque la turbina de $us 1,1 millones fue vendida en $us 2,2 millones. Además verificó que Mauricio Peró, como gerente general de EGSA, goza de plenos derechos para dirigir, conducir, administrar, vender, comprar, liderar los giros, convenios, negocios y bienes de la compañía de electricidad, puesto que responde a una empresa privada y se rige por sus estatutos y normas establecidos en el Código de Comercio.
El proceso legal comenzó hace un año y las investigaciones fueron realizadas por los fiscales Arminda Méndez y Raúl Roca. El abogado de EGSA, William Herrera, confirmó que un proceso disciplinario sancionó a Méndez con dos meses de suspensión de actividades sin goce de haberes. Sin embargo, EGSA apelará ante el Fiscal de la República por actuar en “forma ilegal en el tema”. El abogado dijo que es muy probable que Méndez sea alejada de la carrera fiscal.
Herrera insistió en que el proceso fue ampliamente dilatado por la fiscal Méndez, pues “usó trabas y planteó un recurso de nulidad, que resultó improcedente por el Tribunal Constitucional”.
Cuando el caso está cerrado, Peró confirma ahora que detrás de toda la polémica que generó una serie de contradicciones, estuvo actuando el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). “Los dirigentes miristas decían que ya se había recuperado las empresas Valle Hermoso, LAB y por tanto insistirían en EGSA”, expresó Peró, al denunciar que siempre existieron intereses políticos para desacreditar a la compañía capitalizada.

Estaba digitado por la Fiscalía General

La fiscal Arminda Méndez, que estuvo a cargo de la investigación de EGSA, pero fue alejada, afirmó que el proceso se cerró con la ratificación de sobreseimiento, porque estaba digitado desde la Fiscalía General de la República.
Aseveró que su reemplaz, junto al fiscal Borenstein, llegó desde la máxima instancia. Recordó que empezó a tener problemas desde que identificó a Susana Sánchez de Lozada como la persona que gestionó para que Energy Iniciative se adjudice ENDE.
Dijo que existen los recursos ordinarios y extraordinarios para apelar y reabrir el caso EGSA, porque el dirigente de la COB, Jaime Solares, solicitó la reapertura que es analizada en el Congreso Nacional.
Considera que debió ser juzgada por el Inspector General de la República que no existe en el Ministerio Público, y por lo tanto “es un proceso ilegal y arbitrario porque el fiscal de Oruro fue designado por el Fiscal General”.
Méndez dijo haber denunciado el proceso en su contra una semana antes de conocer la sentencia conminatoria, el mismo día que velaban a la fiscal Von Borries. “Denuncié que estaban constituyendo el Tribunal Nacional de Disciplina porque yo apelaría. Mi denuncia se confirmó porque en una semana se dictó mi sentencia”, enfatizó. En su opinión, la sacaron del caso como en los tiempos de la inquisición, cuando un poderoso quiere librarse de una persona correcta y la procesan y encarcelan sin derecho a la defensa. Señaló que una vez más los bolivianos pierden sus recursos.

Antecedentes

• El 2 de septiembre de 2003, el fiscal del Distrito, Francisco Borenstein ordenó la conformación de una comisión de cinco fiscales para evaluar la investigación a EGSA.
• El 18 del mismo mes, el fiscal Ángel Maymura ratificó el sobreseimiento decretado a favor de Mauricio Peró Díez de Medina.
• En enero de 2004 el comprador hizo el desembolso por el valor total de las turbinas.
• EGSA anunció la venta.
• La empresa hizo una denuncia contra la fiscal Arminda Méndez por la vulneración de los derechos y garantías constitucionales dentro del proceso de investigación.
• Por cercanía geográfica se derivó al Fiscal de Distrito de Cochabamba, que se excusó y fue remitido a la de Oruro, por ser la más cercana.
• EGSA también denunció al fiscal de Distrito de Santa Cruz por negligencia.