Rubén Darío Cuéllar Suárez

La compleja agenda bilateral boliviano-chilena, está cargada de temas cuya definición se dilata y se complica de forma por demás preocupante. Asuntos tales como nuestra reivindicación marítima, el mejoramiento de las condiciones del llamado ‘libre tránsito’, el establecimiento de controles efectivos bolivianos para evitar el contrabando generado desde Iquique y Arica, el mejoramiento ostensible de los términos del intercambio comercial bilateral, así como el tema del aprovechamiento ilegal de los manantiales del Silala, se han llegado a constituir por su falta de solución, cada uno de ellos, en verdaderos obstáculos que nos impiden avanzar hacia una relación más fluida y menos traumática con nuestro vecino.
Desde el año 1996, cuando a raíz de una denuncia publicada en un matutino paceño, los bolivianos pudimos constatar que Chile, inconsulta y arbitrariamente había venido realizando una serie de obras destinadas a captar la totalidad de las aguas de dichos manantiales y desviarlas hacia su territorio, el tema se ha mantenido en la agenda bilateral sin que hasta la fecha se conozca una solución al mismo.
La génesis de este asunto, se encuentra en la concesión que en 1908, a título gratuito, hizo la Prefectura de Potosí a favor de la empresa “The Antofagasta (Chili) & Bolivian Railway Co.- FCAB”, para alimentar con agua a sus locomotoras a vapor que periódicamente hacían el recorrido Antofagasta-Oruro. Aquella concesión fue otorgada sin plazo de vencimiento. Unicamente se estableció que la compañía ferrocarrilera se comprometía a ceder hasta un tercio del caudal aprovechado a favor de alguna empresa o particular boliviano cuando así se solicitara.
A finales de la década de los 60, el ferrocarril cambió sus locomotoras de vapor por las actuales movidas a combustible diesel y por lo tanto, dejó de requerir las aguas. Sin embargo, lejos de devolver la concesión, al parecer profundizó los trabajos de canalización, esta vez para proporcionar agua potable a poblaciones y empresas mineras chilenas asentadas en dicha región. Obviamente, sin solicitar permiso alguno a las autoridades bolivianas, menos aún pagar alguna retribución por aquel uso.
Desde 1996, nuestros gobiernos han hecho infructuosos esfuerzos por poner las cosas en su justa dimensión. Se han sucedido innumerables reuniones bilaterales con Chile de las que no hemos logrado nada en concreto, salvo escuchar una y otra vez los argumentos chilenos de que los manantiales del Silala, constituyen un río internacional. Recién en 1999, el Gobierno boliviano notificó al FCAB su decisión de revocar la concesión, actuación que tampoco produjo efecto alguno, pues las aguas siguen fluyendo a territorio chileno. Por último, hace pocos días fuimos informados que nuevamente se reunirán los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países con el objeto de buscar una solución a dicho problema.
El tema y su solución no pueden ser dilatados por más tiempo. Considero que nuestro país debe realizar una acción de plena soberanía y cortar el flujo del agua hacia Chile, en tanto no se logre la voluntad chilena de reconocer la naturaleza de los manantiales del Silala. Sólo así los obligaremos a buscar la solución definitiva que puede pasar por recurrir a un arbitraje internacional que confirme los plenos derechos bolivianos sobre dichos manantiales y sus aguas.