Con las manos pegadas a la malla de la carceleta de la Policía Técnica Judicial esperaba impacientemente la noticia. Laura Oliva Barba, la auxiliar de enfermería que le suministró una dosis de bicarbonato de sodio que supuestamente habría causado la muerte del menor Christofer Anthony Apaza (3) en la clínica Melendres el pasado 15 de febrero, recibió con los ojos llorosos el fallo de la jueza María Eugenia Algarañaz. La magistrada dio curso ayer al pedido de revocatoria de la cancelación de Bs 30 mil como fianza, presentado por su abogado defensor Freddy Moreno, en la audiencia que se realizó en el juzgado quinto de instrucción en lo penal en el Palacio de Justicia.
Un estudio socioeconómico demostró que la joven de 23 años no cuenta con ningún inmueble ni con los recursos económicos para depositar dicha cantidad de dinero. Por ello es que con la presentación de dos garantes solventes y la certificación de arraigo emitida por la Dirección Departamental de Migración, Oliva saldrá en el transcurso de la próxima semana.
“Necesito estar al lado de mi hija para cuidarla, ella tiene un soplo en el corazón y sólo yo la puedo atender. Quiero que esta pesadilla acabe de una vez”, dijo Oliva que está aprehendida en la PTJ desde el pasado 26 de febrero por disposición del fiscal asignado al caso, Juan Edmundo Jacobo.
La auxiliar de enfermería sigue sosteniendo que ella no es culpable de la muerte del menor, que sólo siguió las instrucciones del médico que atendió al niño, Miguel Daguino. Al ser consultada sobre su estadía en la clínica Melendres pese a que sus prácticas habían concluido, respondió que fue invitada por Cleofe Pantoja para ver si más adelante conseguía trabajo en dicho establecimiento.
Por su parte, Freddy Moreno, dijo que presentará la documentación exigida por la jueza a la brevedad posible para que su patrocinada quede en libertad. Adelantó que pedirá un peritaje sobre los efectos que produce el bicarbonato de sodio en el cuerpo. Según él, su clienta suministro ese medicamento y no bicarbonato de potasio.

Sedes evalúa la reapertura de la clínica

La clínica Melendres, donde falleció el 15 de febrero el menor Christofer Anthony Apaza (3), podría reabrir sus puertas el próximo miércoles, tras haber estado cerrada temporalmente desde principios de este mes por disposición del Servicio Departamental de Salud (Sedes). El propietario y director del establecimiento, Aroldo Melendres, presentó a la comisión investigadora del Sedes la documentación que respalda la incorporación de personal calificado en el área de enfermería, como lo sugirió la auditoría del Sedes. Si bien la carencia de licenciadas y auxiliares en enfermería fue observada en la auditoría médica, adjuntó inventarios sobre los equipos y los servicios que brinda.
Julio Coronado, presidente de la comisión formada por ocho especialistas, realizará mañana una inspección ocular en la clínica para verificar su estado. Después de la visita, entregarán un informe al director del Sedes, Fernando Gil, donde le comunicarán si aceptan o rechazan los requisitos presentados.