Dámazo Martínez Avila (82) ha esperado pacientemente 10 años para que le paguen su renta de jubilado. Hace poco más de una semana se enojó por primera vez en su vida, se armó de valor y se sumó a un grupo de 100 ancianos para presionar por las malas al gobierno.
Aunque el Estado le sigue negando ese derecho, aún no pierde la esperanza de que algún día su nombre esté registrado en la lista de los pocos beneficiados. Su mayor temor es que cuando ese momento llegue, la vida se le corte, porque a su edad, "cualquier cosa puede pasar", dice medio en broma y medio en serio. Sólo se cuida de que su hijastra de tres años no esté cerca, porque a la niña todavía nadie le ha hablado sobre la muerte.
Don Dámazo es uno de los más de veintidós mil ancianos en todo el país que todos los días, algunos durante más de una década, se levantan cada mañana con el sueño de que salga su jubilación. Pero cuando llegan a las ventanillas de las oficinas de la Dirección de Pensiones, les vuelven a repetir el cuento de que el trámite sigue en proceso, y que no se sabe hasta cuándo.
En Santa Cruz son más de 500 los ‘viejitos’ que comparten el mismo calvario y que esperan estoicamente la voluntad de los funcionarios públicos para que desempolven sus expedientes. En La Paz y en El Alto se concentra todo el proceso de los trámites. En ambas ciudades es donde les ponen trabas a los asuntos. Primero observan que falta un documento de la empresa donde trabajó el anciano, un año después le encuentran solución al problema, pero inmediatamente le buscan otra falla al expediente, y así pasan uno, dos, tres...y más años.
La directora nacional de Pensiones, Evelyn Grandi, no se asombra de que muchos trámites nunca saldrán de los viejos estantes donde se encuentran roncando. Dijo que incontables expedientes están incompletos: faltan los certificados de aportes. Pero conseguirlos será casi imposible porque muchas empresas han quebrado. Pero los afectados no lo saben. Y por eso siguen soñando.
La peor desgracia de los prejubilados de Santa Cruz es que viven a mil kilómetros del lugar donde se realizan los trámites. Esto impide que se enteren de las observaciones que les hacen a sus documentos. Para estar informados están obligados a subir a La Paz. Muchos no pueden porque los médicos les aconsejaron no hacerlo. "Después de los 70 años ir a la altura puede ser letal para el corazón", les han advertido. Otros, siguen teniendo un potente corazón, pero no cuentan con el dinero suficiente para viajar a La Paz.
Don Alberto Huaywa (78) ha caído en cama y su último deseo es curarse para ir a Potosí. Los de Pensiones les han dicho que tiene que ir a pedir unas planillas de pago a la empresa donde trabajó cuando era joven. Sus familiares no le quieren negar su último sueño. "Después de todo, cobrar la jubilación es uno de los motivos más fuertes que lo mantienen vivo”, comentó la sobrina de Huaywa.
A los que no pueden viajar a La Paz, que son la mayoría, sólo les queda esperar, pero el buen humor ya se les acabó. Entraron en una huelga de hambre, se crucificaron y anunciaron medidas más radicales. Pero la solución no llega.
La oficina de Pensiones de Santa Cruz no sirve, porque funciona simplemente como una vieja agencia de correos. Sólo recibe y envía documentos a La Paz, así lo expresó su propio administrador, Fredd Montero.
"Las agencias regionales no tenemos la información solvente para comunicar a las personas cómo van sus trámites. Tenemos sólo información superficial. En La Paz es donde se detectan todas las observaciones", agregó. La indigencia de la oficina cruceña es tal que se adeudan cinco meses de alquiler del edificio donde está instalada y desde noviembre no tienen caja chica, es decir, el administrador no tiene plata ni para comprar papel higiénico.
Anselmo Honor Ríos (71) hace panes para vender, aunque el calor del horno le afecta a la vista. Pero no le queda otra. Dice que si se queda con los brazos cruzados, a esperar que el Estado le pague su renta de jubilado, seguro que se muere de hambre. Hace cinco años que empezó a luchar para que le den el beneficio. “Me dicen que falta una y otra cosa, me mandan a La Paz, yo sólo puedo enviar cartas. Encuentran defectos en mis documentos, poco me acuerdo de lo que me dicen porque estoy mal de la mente. No tengo abogado. Mi hija medio entiende el asunto. Me dicen que la empresa donde trabajé no había pagado dos meses de aportes.
La Asociación de Prejubilados pidió oficialmente que se descentralice el servicio, que cada regional solucione sus problemas.
La Dirección Nacional de Pensiones se comprometió a que hasta junio de este año se jubilará a los casi 500 ancianos de Santa Cruz que esperan ansiosamente su jubilación. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. En febrero de este año, apenas se jubilaron 14 personas. A ese paso, hasta medio año sólo se podrá hacer felices a 56 ancianos. Quedarán esperando cerca de 450. A nivel nacional hay todavía 22.000 casos por resolver.
Dámazo Martínez Ávila, el viejito de 82 años que todavía no quiere que su hijastra de tres años se entere de que la muerte existe, ha sentenciado que si le siguen negando el derecho a cobrar su renta de jubilado, se lanzará a las calles a mendigar. Lo hará por la necesidad de conseguir dinero para llenar su estómago.
“Lo que nunca haré será darme a la delincuencia, como lo hacen muchos jóvenes”, ha dicho.

Denuncian corrupción en los trámites

La Presidenta de la Asociación de Prejubilados, de Santa Cruz, Elfi Aguilera, denunció que la burocracia del Estado alienta la corrupción. Se ha creado una alianza entre funcionarios de la Dirección de Pensiones y los tramitadores. Estos últimos prometen a los viejitos sacarles su jubilación. Cobran entre $us 200 y $us 1.000. A medida que el trámite del expediente está más empantanado, los tramitadores aumentan sus tarifas y los funcionarios involucrados ganan una tajada.
La directora de la Dirección Nacional de Pensiones, Evelyn Grandi, dijo que no puede asegurar de manera general si hay o no corrupción en la institución que dirige. "Para todas las denuncias de corrupción nosotros estamos iniciando procesos administrativos. Tengo ya 20 casos iniciados, muchos de ellos cumplidos, y hemos informado a la Contraloría. Invito a las personas que conocen actos de corrupción a que tengan el valor de denunciarlos, porque es inaudito que exista gente que trafica con la necesidad de la tercera edad”.
“Pero la realidad es otra”, le gritó un grupo de ancianos a Grandi. El episodio sucedió el pasado miércoles, en la oficina regional de Pensiones. Grandi sólo movió la cabeza en señal de negación, como queriendo decir que en la Dirección de Pensiones no hay corrupción. Pero después, declaró a la prensa que no puede afirmar ni negar que existan funcionarios corruptos.

Fredd Montero / Administrador regional de pensiones

«En Santa Cruz no se puede solucionar nada»

- ¿Qué se puede hacer para dar una solución al problema de los ancianos que piden su jubilación?
- Peregrinar a La Paz. Nosotros, en Santa Cruz no podemos hacer ni llamadas telefónicas, las pocas veces que llamamos a La Paz sólo podemos decir hola y chau. Tenemos mucha restricción en las llamadas, por lo que hay austeridad.
- ¿Cuántos funcionarios hay en la oficina de Santa Cruz?
- Actualmente somos 10. Fuimos 13. Hay tres cargos en acefalía. Yo no tengo ni secretaria. He dado responsabilidades multifacéticas a todo el personal. No nos llega caja chica desde noviembre. No tenemos recursos para funcionar. Hace cinco meses que no pagamos el alquiler. La paciencia del dueño de la vivienda se está agotando y en cualquier momento nos va a desalojar. Dependemos de la Dirección Nacional de Pensiones.
- ¿Qué hace cuando sale la lista de los nuevos jubilados que envían desde La Paz?
- La lista la ponemos en las paredes, para que la información llegue a todas las personas interesadas. Los ancianos vienen a esta oficina cada mes y miran si están en la lista.
- ¿Cuántas personas se jubilan mensualmente?
- Un promedio de 12 personas a causa de que el proceso que se concentra en las ciudades de La Paz y El Alto es muy lento.
- ¿Qué hacen los ancianos al ver que el proceso es lento?
- Buscan todos los medios. Muchos quieren ir hasta La Paz para agilizar los trámites.
- ¿Quién tiene que solucionar el problema de los ancianos?
- Las personas interesadas, (ancianos), con la colaboración de nosotros; pero qué orientación técnica les vamos a dar si, para empezar, no se capacitó jamás a este personal.
- ¿En Santa Cruz se puede dar alguna solución?
- Aquí no se puede solucionar nada.
- Insisto, ¿qué se puede hacer?
- El problema es que nos encontramos a 1.000 kilómetros de distancia. ¿Qué podemos hacer cuando estamos a mil kilómetros de distancia y no ven el sufrimiento y el dolor de la gente?