La Superintendencia Tributaria recepcionó 125 impugnaciones que rechazan el pago de impuestos por un monto global de Bs 289 millones. En Santa Cruz, los contribuyentes interpusieron 47 objeciones que expresan disconformidad por las resoluciones administrativas tributarias.; en La Paz hubo 51 y en Cochabamba 27.
De acuerdo a la información del superintendente regional, Jorge Zogbi Nogales, la totalidad de los recursos interpuestos corresponden a impugnaciones de actos administrativos del Servicio Nacional de Impuestos Internos (SIN), a través de sus oficinas de Grandes Contribuyentes (Graco) y Distrital Santa Cruz. A la fecha, no se recibieron recursos de alzada contra la Aduana Nacional (ANB) y la Alcaldía de Santa Cruz.
Los indicadores de la ‘Super’ muestran que 14 empresas del sector hidrocaburos rechazaron la resolución del Servicio Nacional de Impuestos (SIN) por un monto de Bs 165,8 millones; 14 de comercio por un valor de Bs 26 millones; 10 de servicios por Bs 14 millones; 2 de la agropecuaria sumaron Bs 14,9 millones; 5 de la agroindustria por Bs 68,3 millones y 2 industrias por un total de Bs 68.472.
Los recursos de alzada interpuestos por los contribuyentes fueron admitidos de forma gratuita y se encuentran en proceso de revisión dentro del procedimiento administrativo de las superintendencias tributarias.
Según la Superintendencia Tributaria, los plazos, requisitos y etapas se desarrollan con normalidad de acuerdo a las etapas que se deben cumplir.
Las tareas están a cargo de especialistas en el área tributaria, con lo que se pretende garantizar y agilizar en la resolución de los recursos de alzada, como también la eficiencia, objetividad y transparencia.
Aplicando las normas vigentes se prevé que en el lap so de los próximos cuarenta días, la oficina regional de la Superintendencia Tributaria haga conocer las primeras resoluciones para determinar los recursos de alzada. Sin embargo, podrán haber revocatorias totales, revocatorias parciales, confirmatorias o anulatorias del acto recurrido contra la administración de impuestos.
La autoridad explicó que en los casos en los cuales se resuelva el recurso a favor de la adminsitración tributaria, los contribuyentes podrán elevar un recurso jerárquico ante la Superintendencia Tributaria General con lo cual se agotará la vía administrativa.
La Superintendencia Tributaria fue creada mediante el nuevo Código Tributario como institución autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera con competencia en todo el territorio nacional. Su principal competencia es la de atender las resoluciones de los contribuyentes contra las determinaciones de las administradoras tributarias como el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional los gobiernos municipales.

Cainco: permite aclarar la situación

Las impugnaciones que las empresas han presentado en dos meses ante la Superintendencia Tributaria no representan una situación anormal, porque esta instancia fue creada para abrir una posibilidad que permita al contribuyente aclarar su situación, dijo Oscar Ortiz, gerente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco).
Todo empresario considera que está en su total derecho impugnar una resolución administrativa cuando considera que no es correca o detectó algún error. En este sentido, lo que hace es explicar y justificar la observación que identificó en la resolución.
El Servicio Nacional de Impuestos Internos (SIN) está empeñado en reducir la mora y en muchos de los casos, las empresas consideran que se estaría forzando la interpretación de las leyes para establecer cargos que no corresponden. En este sentido, los contribuyentes asumen su derecho de aceptar o rechazar.
En febrero pasado, el Tribunal Constitucional reconoció la legitimidad de la Superintendencia Tributaria General y Regionales para conocer y resolver los recursos de alzada y jerárquicos, mediante sentencia. El fallo reconoció la legitimidad de la Superintendencia Tributaria (ST) garantizando la seguridad jurídica para los contribuyentes que impugnen resoluciones.

Carlos Meyer / Analista tributario

No se puede decir que son evasores

Todos los contribuyentes tienen derecho de recurrir a los mecanismos legales de defensa instituidos en el país. Hay una mala percepción cuando una empresa presenta un recurso legal de defensa ante la pretensión del fisco de cobrar impuestos. Quiere decir que no está de acuerdo con el procedimiento de determinación de la administración. Es posible que el trabajo de la administración esté bien hecho o también puede ser que incurra en errores o fallas de apreciación, por lo tanto, mientras no sea un tercero el que decida en última instancia quién tiene razón entre la administración tributaria o el contribuyente, no se puede decir que el empresario es un evasor o ha dejado de pagar sus impuestos. Entrará en mora cuando salga la resolución definitiva y ésta quede ejecutoriada. Entonces se puede decir que esta empresa debe impuestos. La Superintendencia Tributaria ratificó su constituicionalidad en la vía administrativa, y tiene que ser vista como una extensión de la administración tributaria porque ambos dependen del Ministerio de Hacienda. Se debe juzgar de manera imparcial a los contribuyentes, así como también a la administración tributaria. El nuevo Código de Comercio es una norma favorable a la norma tributaria diseñada con el objeto único y exclusivo de cobrar. Establece la culpabilidad del contribuyente y no presume nunca su inocencia, y por otro lado presume que todos los actos de la administración son legítimos. Estos hechos hacen que el Código se incline a la administración. Sólo pretende asegurar la mayor recaudación posible.