Las huelgas de hambre de los prejubilados y de los indocumendos mantuvieron ocupado al prefecto, Carlos Hugo Molina, que ayer, pese a los esfuerzos, no logró solucionar ambos conflictos. Apenas se logró un acuerdo con los ancianos.
Molina se reunió con la Corte Departamental Electoral (CDE), con algunos parlamentarios cruceños, el Comandante de la Policía, los dirigentes campesinos y un grupo de abogados para buscar una solución a la demanda de certificados de nacimiento. Propuso que en cuestión de 45 días se les extendería la documentación con financiamiento de la cooperación internacional, sugerencia que no fue aceptada por los manifestantes.
Edwin Tupa Tupa, dirigente de los indocumentados, aseguró que era demasiado el tiempo que proponía el Prefecto. Para él, se tenía que considerar la movilización de tanta gente desde el norte del departamento hasta Santa Cruz.
Sin embargo, Molina entregó un acta de entendimiento firmada por la presidenta de la Brigada Parlamentaria, Norah Soruco; el diputado por PS, Daniel Valverde, y el presidente de la CDE, Mario Orlando Parada. El documento no convenció a los campesinos que hoy darán a conocer su decisión.
En el escenario apareció José Luis Bravo, director de Recursos Humanos de la Alcaldía, que actuó como asesor de los indocumentados en la negociación con las autoridades. Presentó un proyecto de decreto supremo para que se viabilicen los recursos del Estado que cubran con la demanda de certificados. El proyecto tenía como sustento la última resolución emitida por la Corte Nacional Electoral que establece el pago de un arancel para el trámite de certificados a los mayores de 18 años.
“Son Bs 4 millones para 200.000 certificados de todo el departamento que se pueden sacar de gastos reservados o de emergencia”, agregó.
Molina aseguró que la propuesta significaría una serie de modificaciones al presupuesto y a la Ley Financial que complicarían la situación. Los indocumentados mantienen la huelga de hambre y masificarán la movilización.
Por su parte, los prejubilados suspendieron la huelga de hambre y los bloqueos después que lograron un acuerdo con el gobierno. El pacto se logró después de seis horas y media de reunión con el viceministro de Seguro y Pensiones, Ramiro Salinas.
El documento establece, que para evitar los trámites burocráticos que deja la centralización, una persona de La Paz vendrá a Santa Cruz del 23 al 25 de marzo para observar cada caso que esté pendiente.
Este personero vendrá cada seis semanas para asegurar que los procesos se estén realizando correctamente. Existe el compromiso de que el pago de abril llegará con una lista de los casos concluidos con una resolución y los cheques que estén listos para pagar.
Se dejó sentado, entre las partes, que se mejorarán las condiciones de pago en la capital y las provincias, para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder al pago sin mayores dificultades. Otro de los compromisos fue que se institucionalizarán los cargos, y en este proceso estará como veedor la defensora del Pueblo, Sonia Soto, que actuó como mediadora. Uno de los puntos que reclamaron los prejubilados y quedó en suspenso fue la destitución de la directora nacional de Pensiones.

Anciano de 83 años espera su jubilación desde 2001

Dámaso Martínez, de 82 años, trabajó en la Alcaldía por 23 años, como jardinero del departamento de Ornato Público. En 2001, le dieron su memorándum de despido porque "ya era demasiado mayor para la tarea que realizaba”.
En ese momento se preguntó qué haría para sobrevivir sin un trabajo y nadie que lo mantuviera.
A sus 15 años dejó su tierra natal, Cochabamba, para residir en Santa Cruz con la esperanza y fotaleza de su juventud. Su único deseo era trabajar para dar una vida digna a su esposa y sus seis hijos. Sin embargo, su compañera falleció siendo muy joven y sus hijos salieron de sus casas para buscar su suerte. Ahora, después de cuatro años, sigue esperando su jubilación, mientras sobrevive de la caridad.

Desmayos y carteles entre campesinos

Pese al pedido del prefecto Carlos Hugo Molina de que los indocumentados dejen de escribir carteles de protesta con sangre, las medidas de presión no se retiraron, incluso amenazaron con radicalizarlas si no se atiende a sus pedidos.
Durante la tarde de ayer una ambulancia intentó trasladar al hospital a dos personas que sufrieron desmayos para que sean atendidas; sin embargo, los indocumentados del norte, se resistieron en aceptar la ayuda.
Edwin Tupa Tupa, dirigente de los campesinos, aseguró que 200 personas más llegarán a la ciudad en las próximas horas para masificar las movilizaciones.