El fiscal Saúl Peñaloza, que investiga el caso de la menor Karla Lorena Soria Guzmán (que tiene daños cerebrales irreversibles ocasionados por un supuesta mala praxis médica en la clínica Santa María), presentó ayer formalmente su imputación ante el juez sexto de instrucción en lo penal, Walter Pérez. Los imputados son: Alberto Peña Montaño (otorrinolaringólogo), por ejercicio ilegal de la medicina; Marco Ortiz Peña (anestesista), por lesiones gravísimas, y Jorge Urenda Amelunge (dueño y director de la clínica Santa María), por encubrimiento.
El representante del Ministerio Público fundamentó su demanda después de revisar el certificado médico forense, la historia clínica y las declaraciones informativas de todos los involucrados en la cirugía de adenoides de la niña y de su posterior recuperación en terapia intensiva del citado centro de salud.
El cargo de lesiones gravísimas, sancionadas en el artículo 270 del Código Penal, pesa sobre Ortiz porque supuestamente fue quien le administró anestesia endovenosa e inhalatoria a la niña para que se le practique la operación. En su declaración, el especialista señaló que brindó auxilio a la menor cuando se dio cuenta de que le faltaba oxígeno por el color de su sangre. Para controlar el espasmo aplicó corticoide y al ver que no mejoraba, le suministró adrenalina.
El ejercicio ilegal de la medicina, contemplado en el artículo 218 del Código Penal, inciso 4, recae sobre Peña, porque habría efectuado una intervención quirúrgica innecesaria (la extirpación de las amígdalas, que desencadenó en el estado vegetal que padece la menor). En su descargo ante el fiscal, el especialista dijo que la madre de Karlita, Fátima Soria, le dio su consentimiento para la extracción de adenoides y amígdalas, y que Karla Lorena salió del quirófano en buen estado y fue trasladada a terapia intensiva.
El cargo de encubrimiento pesa sobre Urenda, (sancionado en el artículo 171 del Código Penal), por no haber cumplido con su obligación de denunciar el hecho, tal como lo establece el artículo 286 del mismo cuerpo legal. El director sostuvo que brindó todo el apoyo necesario a la menor y a su madre durante su estadía en la clínica.
Peñaloza no descartó que se presente algún cargo contra Roberto Fernández (alcalde y director del Dilos), Fernando Gil (director del Sedes) y Juan Estenssoro (Intendente Regional de Seguros) como lo requirieron los abogados acusadores Alejandro Colanzi y Patricia Paniagua en su querella. Pidió además que los imputados se presenten cada 15 días en su despacho, Bs 50 mil de fianza y emitió una orden de arraigo.
Al conocer la noticia, la madre de la pequeña, Fátima Soria, desde Buenos Aires pidió que le quiten la licencia a dichos galenos.
El juez Walter Pérez fijará hoy el día y la hora de la audiencia cautelar.

Ana Lucía pidió un brazo en su cumpleaños

¡Quiero un brazo! ese fue el deseo que pidió Ana Lucía Moreno antes de soplar la vela de su torta de cumpleaños. La menor, que perdió su brazo derecho a los seis días de nacida por razones aún no esclarecidas en la clínica Santa María (donde murió Anthony Apaza), cumplió ayer cinco años. Rodeada del cariño de sus padres, Mario Moreno y Martha Dorado, su hermana mayor, Ana Belén (9), primos y tíos, abrió sus regalos. Una muñeca musical fue su compañera de baile, mientras descansaba después de corretear en el patio de su casa.
Alegre, extrovertida y dulce, así es Ana Lucía, pese a su discapacidad.
Sus padres confiesan que se desenvuelve como cualquier niña y que no tiene ningún tipo de complejos, gracias a la terapia psicológica que ha recibido.
Su demanda de una prótesis está a punto de ser resuelta ya que el juez séptimo de instrucción en lo penal liquidador, Jimmy López, dará una sentencia a fin de mes. Los imputados por lesiones culposas son: Ronald Silvio Zambrana (médico terapista), Miguel Ángel Barba (médico) y Justina Mendoza (enfermera).

Fiscal Jacobo insistirá en la detención

Juan Edmundo Jacobo, fiscal asignado a investigar la muerte del menor Christofer Anthony Apaza (3) en la clínica Melendres, insistirá en la detención preventiva en el penal de Palmasola de los cuatro imputados. Si bien la jueza María Eugenia Algarañaz fijó la presentación semanal de los involucrados, arraigo y la cancelación de Bs 30 mil como medida cautelar, los afectados apelaron esa decisión.
Aroldo Melendres (director y propietario de la clínica Melendres) y Miguel Daguino (pediatra) cumplieron con la fianza, Cleofe Pantoja (auxiliar de enfermería) junto a Melendres, apelaron el fallo. Los vocales de la Corte deberán decidir si aceptan o rechazan el pedido.
Laura Oliva, aprehendida actualmente en la Policía Técnica Judicial, no cumplió con lo requerido por la jueza, salvo la presentación de su trámite de arraigo.
Jacobo adelantó que pedirá a Fernando Gil, director del Sedes, le pase la auditoría médica de la clínica.