Todos los males del Estado boliviano, que pasan por la ineficiencia, burocracia, corrupción, exclusión, etc., tienen como origen la forma centralista en que fue estructurado desde su creación como república. Y, con la apertura constitucional para la creación de la Asamblea Constituyente, está llegando el histórico momento de cambiarlo.
¿Cómo será la nueva Bolivia? ¿Cómo será el nuevo proyecto de país para los próximos cien años? Hasta hoy, la Constitución Política del Estado (CPE) reza que está constituida en república unitaria y, en toda su historia, ha tenido un solo gobierno centralizado.
El cambio fundamental está dirigido a crear e implantar una nueva estructura que descentralice el país. EL DEBER identificó cuatro planteamientos concretos sobre cómo debería organizarse el nuevo Estado boliviano; tres de ellos coinciden, con diferencias de fondo y forma, en la creación de autonomías, en tanto que el cuarto planteamiento se restringe a la creación de un modelo de Gobierno para una sola región de cinco departamentos (Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando).
Dos de las ponencias corresponden a pensadores cruceños y las otras dos son de autores cochabambinos que radican en La Paz.
El sociólogo y analista político Álvaro García Linera plantea la creación de “Autonomías Indígenas”; el constitucionalista Juan Carlos Urenda Díaz, propone la conformación de “Autonomías Regionales”; el abogado y alcalde La Paz, Juan del Granado, sugiere la creación de la “Federación Boliviana de Municipios y Comunidades Originarias”; y, el arquitecto Sergio Antelo Gutiérrez propone que cinco departamentos (los que conforman la denominada media luna) formen un “Estado asociado con Bolivia”.
En EL DEBER, los cuatro proyectistas, con visiones críticas similares sobre el pasado y presente de la forma en que se administró el país, lanzaron sus propuestas para la transformación de Bolivia.
Frente a frente, los exponentes hicieron relucir las tendencias que tienen, unos por defender el respeto a las regiones y otros por defender el respeto a las culturas originarias del país.
García Linera hizo hincapié en la necesidad de terminar con la exclusión social e incorporar a las culturas originarias en la nueva estructura del Estado, argumentando que se trata del sector mayoritario de la población nacional (62% según el último censo).
En esa defensa de las mayorías étnicas, García Linera y Del Granado coincidieron, anque tienen propuestas muy distintas. Los dos calificaron el actual Estado boliviano como racista y excluyente y creen que las reformas estructurales deben orientarse hacia una representación étnica y cultural acorde con la presencia indígena (sólo quechuas y aimaras suman el 55% de la población boliviana).
Las propuestas de Juan Carlos Urenda y García Linera, basadas en la creación de autonomías, aunque la primera (de Urenda) pretende que sean regionales o departamentales y la otra (de García Linera) que sean indígenas, podrían armonizarse. Los mismos autores lo reconocen y no dudan en la posibilidad de unirlas.
“Es posible encontrar una ingeniería que combine, o una forma para que las autonomías departamentales incluyan a las autonomías culturales”, señaló García Linera. Urenda tampoco vaciló en respaldar ese criterio. “Considero que es posible que ambas propuesta coexistan y se pueda estructurar un diseño con base en las dos (propuestas de autonomías), señaló el constitucionalista, pero aclaró que es prematuro pretender consensos cuando recién empieza el proceso de debate sobre el futuro país.
Tres de los cuatro proyectistas (excepto Sergio Antelo) encontraron cuatro coincidencias en el diagnóstico que marcará el punto de partida para el trabajo, que ellos mismos denominaron, de “ingeniería o arquitectura constitucional para la futura Bolivia”: El Estado es exageradamente centralista, es imprescindible reformarlo, es excluyente y la solución pasa por implantar procesos de autonomías.
El debate se enriqueció en el momento en que comenzaron a cuestionarse entre ellos los detalles de las ponencias. García Linera se mostró más concertador y analítico en sus críticas. En tanto que Sergio Antelo, radical protector del territorio cruceño de la presencia de emigrantes occidentales, defendió a ultranza su tesis de que Santa Cruz es una nación y que tiene el derecho de libre determinación.
Juan Carlos Urenda, que tiene proyectado hasta los detalles de cómo deben crearse las autonomías, hizo eco de sus conocimientos sobre las experiencias de países europeos y latinoamericanos que han tenido proceso exitosos de transformación hacia las autonomías.
Del Granado comenzó aclarando que su plan de creación de la Federación Boliviana de Municipios y Comunidades Originarias, no es un programa empaquetado y definido, sino una propuesta para que la sociedad civil la discuta. “Queremos que sea un elemento de discusión ciudadana”, apuntó.
Antelo no dudó en ironizar la tendencia, de dos de los exponentes, indentificada con la población indígena boliviana. Cuestionó a las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la defensa de los derechos territoriales de las comunidades originarias, acusándolas de estar financiadas por Estados Unidos.
“Declaro y estoy de acuerdo de que los indígenas tengan tierras en cantidad suficiente, pero que no se los use como instrumento o con la finalidad de preservar parcelas importantes de bosque amazónico en beneficio de los países imperiales y a costo cero”, criticó y no dudó en afirmar que en Santa Cruz existen falsos grupos de aborígenes que fueron creados por instituciones estatales. “Hay un montón de tribus cruceñas inventadas, que no corresponden ni siquiera a sus poblaciones reales. Por ejemplo, los guarayos, que ya no son indígenas porque tienen karaoke. Esa población no pasa de 500 familias y tienen 20.000 km2”, denunció y admitió haber sido autor de asentamientos similares. “Cuando yo era jefe en Cordecruz, instalé tribus en el Norte, eran chocos, lo juro por mi sagrada madre”, declaró.
García Linera le dio la razón en cuanto al fenómeno de inventar etnias para distribuir tierras, pero defendió la presencia indígena en Santa Cruz, citando el censo de 2001 (del INE) que identificó el 20% de la población cruceña como originaria.
Antelo retrucó las cifras y dijo que calcula un 5% de población indígena en Santa Cruz. “El 95% de nuestra población es mestiza, incluso los chiriguanos”, insistió.

Juan Carlos Urenda.  Abogado cruceño, con dos masterados (en Comercio y Banca y en Derecho). Analista en temas constitucionales

Autonomías departamentales

El abogado constitucionalista parte de un hecho histórico para proponer la creación de las autonomías departamentales; rememora que los departamentos del país, con excepción de Beni, Pando y Oruro, son anteriores a la república y esos 180 años no se pueden desconocer.
Según su análisis, el boliviano tiene un arraigado sentimiento de pertenencia a la tierra y exige el respeto a los límites fronterizos que dividen el territorio nacional.
“Las autonomías deben tener el ingrediente de profundizar la democracia y de incluir aquellos sectores que han estado, históricamente, postergados en el estado republicano boliviano”, apuntó.
Considera que la creación de gobiernos departamentales garantizará eficiencia en la administración pública, legitimidad de la representación porque serán elegidos mediante voto directo (prefectos y miembros de las asambleas departamentales) y mayor participación ciudadana.
Urenda incluye principios fundamentales para el funcionamiento de las autonomías regionales. El de voluntariedad está referido a la libertad que tienen los departamentos de volverse autónomos; aquellos que quieran seguir siendo unitarios están libres de asumir esa determinación.
Para no tener problemas de gobernabilidad con los municipios, incluye el principio de subsidiaridad, que le permitirá al regimen municipal la mayor cantidad de competencias.

Propuesta

Estructura. Crear los gobiernos departamentales a partir de la modificación de la Constitución. Elegir por voto directo a los prefectos y miembros de la asamblea departamental. Dotar a los gobiernos departamentales y a las asambleas departamentales de competencias definidas para su organización y desarrollo departamental y territorial.
principios. Voluntariedad, subsidiaridad, solidaridad, eficiencia y control, integral e incluyente y democrático.
Objetivos. Eficiencia, legitimidad de representación, control de recursos y participación eficiente.
competencias. Los gobiernos y las asambleas departamentales serán responsables de organizar sus instituciones de autogobierno, ordenar su territorio, obras públicas de interés departamental, políticas de educación y salud en concurrencia con los municipios, agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación de la economía, etc.

Juan del Granado  Abogado cochabambino.
Siendo diputado impulsó el juicio contra Luis García Meza. Es alcalde de La Paz

Federación de municipios

Partiendo de que su propuesta de estructura del país forma parte de un proyecto para la refundación de Bolivia desde los municipios, Juan del Granado quiere que desde la Asamblea Constituyente se cree la Federación Boliviana de Municipios y Comunidades Originarias.
Se trata de un proyecto político y partidario, del Movimiento Sin Miedo (MSM) que lidera el alcalde paceño.
Argumenta que el espacio local debe servir como punto de partida para diseñar la nueva Bolivia. “Es en los municipios donde se pueden identificar, de manera más precisa, las identidades étnico-culturales y regionales. Ahí se pueden ejercer mejor los mecanismos de autodeterminación ciudadana y donde se pueden desplegar las iniciativas de la comunidad”, detalló el político.
A diferencia de las otras tres propuestas, Del Granado sugiere cambios estructurales de tipo político y económico para el nuevo país. Argumenta que el centralismo secante y el modelo económico neoliberal son autores del deterioro social, económico y político de la nación. El aspecto económico fue motivo de cuestionamientos por parte de otro expositor que considera que las políticas económicas son definidas por cada gobierno.
Sustenta que la creación de un nuevo modelo económico debe estar fundado en la autogestión productiva que se base en la recuperación de la propiedad estatal imprescriptible e inalienable de los recursos naturales, además de la revalorización de la empresa pública cogestionaria.

Las propuestas

Estructura. La Federación Boliviana de Municipio y Comunidades Originarias deberá articular dos niveles de gobierno: El nacional (bajo su cargo las FFAA, los grandes lineamientos económicos, relaciones internacionales y otras). La instancia municipal, donde los actores son locales, con especial participación de las comunidades originarias.
Principios. Dos principios fundamentales: La autodeterminación ciudadana y la soberanía popular no delegada; y la autogestión económica y productiva junto a una renovada eficiencia estatal. Los principios deberán estar guiados por el trato igualitario a todas las personas y grupos de la sociedad.
Reformas. Reformas constitutivas para modelar el nuevo Estado, crear un nuevo modelo económico y establecer la planificación estratégica del Estado.
Reformas estructurales para cambios profundos, y reformar orgánicas para un Estado eficiente y eficaz.

Sergio Antelo Es arquitecto cruceño. Desempeñó funciones jerárquicas en la ex Cordecruz. Es impulsor de la Nación Camba

Estado asociado con Bolivia

El proyectista parte del principio de que Santa Cruz es una nación y que tiene el derecho de libre determinación. Además, su propuesta está diseñada para Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando.
El modelo de Estado que plantea “es autonómico de plataforma federal, múltiple y asimétrico”. Antelo dijo que su plan tiene por objetivo establecer negociaciones igualitarias con el Estado boliviano, con el propósito de crear un Estado asociado con Bolivia.
Argumentó que federalismo asimétrico significa la unión de dos estados independientes que se asocian federativamente para construir una sola unidad estatal, pero sólo en aquellos aspectos que les son afines.
Antelo explicó que se podría formar un Estado independiente, que defina su propia estructura de gobierno y que goce de soberanía plena sobre sus asuntos internos. Además, que participe en igualdad de condiciones con el Estado con el cual se asocie, mediante un pacto para el logro de fines comunes.
Según el autor, la ventaja de su propuesta es que puede ser planteada abierta y públicamente en la Asamblea Constituyente y que se puede expresar mediante un referendo.
Sin embargo, Antelo expresó escepticismo sobre la realización de una Constituyente en el país, argumentando que “no es conveniente para los cruceños ir a una Asamblea Constituyente porque es una minoría diferenciada”.

Propuesta

Estructura. Un poder legislativo formado por una asamblea nacional federal (provincias, departamentos o regiones). Una asamblea de los productores (con los factores de producción). Y una asamblea de las nacionalidades (con chiquitanos, guaraníes, quechuas, etc.). Un poder ejecutivo compuesto por un consejo federal. Un poder judicial con su asamblea.
Municipios. Que los gobiernos municipales gocen de amplia autonomía sin dependencia del poder central. Asuman competencias optativas de acuerdo a su capacidad de gestión. Cada uno elaborará su propia carta orgánica.
Economía. Los recursos de explotación de recursos naturales, previo descuento de costos operativos, se distribuirá el 30% para el departamento productor y el saldo para toda la república. Los recursos provenientes de rentas y aduana deben distribuirse en similar porcentaje para el departamento y la república.

Alvaro García Linera Sociólogo y matemático cochabambino. Es docente universitario, conferencista y analista político en medios de prensa

Autonomías indígenas

El sociólogo plantea la creación de autonomías indígenas como un estado multinacional y multicivilizatorio para reivindicar a la población mayoritaria boliviana que, por más de un centenario, ha vivido al margen de las decisiones políticas. Para García Linera, el Estado boliviano es monocultural y ha estado dominado por la civilización “castellana-hablante mestiza”.
Además que a esa característica se sumó una segunda falla estructural del Estado que quiso ser liberal, con una estructura económica que también chocó con las culturas.
En su análisis previo, observa tres salidas a lo que él denomina un “desencuentro entre la vida estatal y composición socioeconómica del país”. La primera opción es seguir con la Bolivia vigente. Para García Linera eso significa negar o simular un reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística, pero trazando políticas de extinción, ya sea vía la exclusión coercitiva de esas identidades o por medio de su devaluación simbólica que empujen a estrategias de autonegación étnica.
La otra opción es el potenciamiento de proyectos de autonomía nacional indígena que den lugar a la formación de nuevos ejemplos de composición mayoritaria indígena.
La tercera alternativa, que la considera carente de traumatismos culturales, es la de diseñar una nueva estructura estatal o la construcción de un estado multinacional y multicivilizatorio.

Propuestas

Características. La creación de autonomías indígenas puede variar según la extensión territorial de la identidad cultural, la densidad demográfica y los grados de politización étnica y nacionalitaria que han atravesado las distintas colectividades.
Las más grandes. Para las dos grandes comunidades lingüísticas (aimara y quechua) se requiere de una modificación sustancial de la estructura organizativa general del Estado, que pase por el reconocimiento, por ejemplo, al derecho de la nacionalidad aimara, a la autonomía política como parte del Estado boliviano.
las más pequeñas. En el caso de la identidades étnicas reducidas, una capacidad mínima de autogobierno regional, capaz de garantizar el desarrollo de la cultura, la ciudadanía multicultural y el ejercicio democrático de los derechos políticos diferenciados susceptibles de quebrar la exclusión actual.

¿Las autonomías en el referendo del gas?

La propuesta de crear autonomías departamentales o regionales en el país, de Juan Carlos Urenda, tiene un componente adicional. El abogado pretende que en el próximo referendo, en el que se le consultará a la población boliviana sobre el destino para el gas, se incluya la consulta con respecto a las autonomías
“Un referendo cuesta tanto como un proceso electoral, por lo tanto hay que aprovecharlo. ¿Por qué no preguntarle a la población si quiere que su departamento se vuelva autonómico?”, comentó el jurisconsulto y anunció que pretende que el gobierno de Carlos Mesa incluya, en el referendo vinculante, dicha consulta.
El también abogado y alcalde de La Paz, Juan del Granado, cuestionó la propuesta. “No puede haber un referendo previo a la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución”, apuntó, argumentando que la crisis de la estructura del Estado no requiere de reformas parciales.
Urenda retrucó la observación y justificó la desconfianza que tiene de que la Asamblea Constituyente apruebe la creación de autonomías en la nueva Carta Magna.

Oriente y occidente están divididos

Guísela López R.

Las posiciones regionales vuelven a denotar antagonismo entre oriente y occidente. Esta vez la divergencia es acerca del tipo de modelo de administración del Estado que se pretende adoptar a partir de los cambios que se introduzcan en la Asamblea Constituyente en el país.
La dirigencia sindical habla idiomas distintos en las dos regiones. En la Central Obrera Boliviana, cuya sede es La Paz, no quieren oír de autonomías, porque consideran que es un tipo de estructura que fragmentará al país. Mientras que la Central Obrera Departamental está plenamente identificada con la propuesta cívica cruceña de impulsar las autonomías. La dirigencia nacional laboral considera que la nación debe seguir siendo centralista.
Los campesinos liderizados por el también diputado Felipe Quispe, tampoco están de acuerdo con el modelo de descentralización propuesto por los cívicos.
En el Movimiento Sin Tierra sostienen que la propuesta autonomista está impulsada por un grupo de élite de la sociedad, sin representación social.
En tanto que la dirigencia empresarial, cívica y laboral cruceña está unida en un mismo discurso: Autonomías departamentales, como un modelo de descentralización radical.
Este es otro aspecto más que divide criterios en el empresariado nacional. Mientras que los cruceños impulsan el proceso autonomista, los paceños se oponen, plantean que el país siga siendo centralista y que solamente se impulse el proceso de descentralización iniciado en los 90.
La propuesta cruceña es avanzar sobre la base del proceso de descentralización (en salud y educación) iniciado en la década pasada. El objetivo es crear gobiernos intermedios a través de la descentralización política y administrativa de los departamentos, es decir, autonomizarlos.

Las autonomías no deben tener enfoque regional

A partir de modificaciones en la Constitución Política del Estado, a viabilizarse a través de la Asamblea Constituyente, el ministro de Participación Popular, Roberto Barbery, pretende impulsar la profundización de la Participación Popular en el país.
La autoridad está convencida de la necesidad de la creación de gobiernos departamentales que se manejen bajo un regimen autonómico, con prefectos y consejeros elegidos democráticamente.
Sin embargo, Barbery no está de acuerdo la creación de autonomías departamentales o de descentralización impulsadas o promovidas por algunas regiones del país. “Es un error plantear el debate desde una perspectiva regional. El enfoque debe ser universal para que todas las regiones tengan las mismas posibilidades de prosperar”, apuntó.
Según el ministro, es necesario demostrar a todos los ciudadanos que las autonomías y la descentralización son aspiraciones comunes a todas las personas que participan de un regimen democrático. Esa forma de estructura de un Estado, es más democrática y permitirá que las autoridades logren mayor legitimidad (serán elegidas directamente) y medios para atender las necesidades de sus habitantes.
Barbery anunció que desde el Ministerio de Participación Popular, promoverá un proceso de concertación de propuestas, considerando que hay distintas posiciones respecto de cómo debe ser la estructura del país.