Los 314 municipios del país estarán obligados a cobrar el Impuesto Complementario a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) que incluirá la propiedad de las personas naturales y la que está a nombre de las empresas. En la primera gestión de cobro, el gobierno estima recaudar entre $us 30 y $us 36 millones en la mancha urbana de los municipios, donde haya casas que tengan un valor catastral igual o superior a Bs 400.000.
El valor catastral o precio base sobre el cual se fija el impuesto municipal a las casas o terrenos lo define la alcaldía, en base a las tablas que fija el Ministerio de Hacienda. En esta repartición explicaron que el propietario de un inmueble que tiene un valor catastral de Bs 500.000, en la ciudad de La Paz deberá pagar un tributo municipal mínimo de Bs 1.816. En forma adicional, el propietario deberá tributar una alícuota del 1,5% del valor catastral, que sumará Bs 7.500, haciendo un total de Bs 9.316, equivalente a unos $us 1.118.
En Santa Cruz, la Dirección de Recaudaciones del municipio registra 8.800 inmuebles que tributan Bs 82 millones, pero sumando el impuesto adicional podrán generar Bs 205 millones. Sin embargo, existen unas 33.000 viviendas que no están empadronadas, y que por su elevado valor catastral podrían triplicar las recaudaciones.
El oficial Mayor Administrativo de la comuna cruceña, Oswaldo Gutiérrez, señaló que el municipio desconoce el monto a recaudar por el impuesto sustituvo, cuya alicuota del 1,5% incrementará sustancialmente los ingresos.
El impuesto que incluirá la propiedad de las personas naturales y la que está a nombre de empresas, posiblemente se triplicará en un año; aunque Gutiérrez teme que como consecuencia de la crisis económica, los contribuyentes se inclinarán por evadir.
El oficial mayor administrativo señaló que al número de inmuebles de la capital cruceña se suman los que tributarán en los municipios urbanos de las 15 provincias.
"Así como el impuesto a la vivienda aumentará, también se duplicará la evasión”, advirtió Gutiérrez, a tiempo de confirmar que la oficina de Recaudación cuenta con capacidad operativa para cobrar los impuestos, pero surge el problema de control de registro en todos los municipios cruceños.
El gobierno descartó que el cobro de este tributo beneficie a los grandes empresarios que tienen propiedad agraria, y también deberá ser pagado por las empresas capitalizadas. Las autoridades aseguraron haberse reunido con muchos sectores económicos y recogieron observaciones, por cuanto se decidió realizar los ajustes al plan de tributación. El gobierno aclaró que con esta modificación no está cediendo a las demandas de los empresarios cruceños y justificó que cuando se hablaba del Impuesto al Patrimonio Neto (IPN), se refería a los activos que incluían inmuebles. Ahora se utiliza la base urbana para hacer la recaudación. En el caso de la gente que heredó una vivienda costosa, se deberá pagar porque tuvo la suerte de recibir una casa valiosa y probablemente tiene mayores ingresos.

Patrimonio de empresas se salvaron

Se salvaron las empresas y nuestro patrimonio y acciones con la última modificación al impuesto a las propiedades, porque los bolivianos hacemos presión por todo “para evitar que nos saquen un peso del bolsillo”, dijo Roberto Toórrez, presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción.
El empresario reconoció que es difícil gobernar Bolivia en época de crisis. En su criterio “es una misión imposible ya que somos un país con una pobreza aguda, sin recursos y cualquiera que gobierne tiene que hacer maravillas, aunque no comprendemos el panorama. “Si Jesucristo gobernara Bolivia no aguantaría una semana. Me alegra que nos hayamos liberado de los políticos, pero no sabemos hasta cuándo, lo importante es que mejore la situación”, aseveró el líder empresarial, al remarcar que el impuesto al patrimonio neto no era justo.
De acuerdo con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, era necesario hacer un sacrificio para mejorar la economía. Sin embargo, Tórrez insistió en la necesidad de universalizar los impuestos y dejar atrás la informalidad porque detrás de ella hay mucha fortuna disfrazada en la clase media.

Waldo López/ Economista

Habrá que discutir el porcentaje

Era de esperarse que el gobierno presentara dificultades en aplicar el impuesto al patrimonio neto, pues se podría perfeccionar. Al anular este tributo y reemplazarlo por el Complementario a la Propiedad de Bienes Inmuebles se está gravando un doble impuesto y por eso hay que llegar a discutir en qué medida los recursos serán devueltos a la sociedad, serán destinados al presupuesto de la burocracia estatal. Hay que exigir al gobierno que cualquier aporte debe beneficiar directamente al pueblo en servicios de salud o educación. Ya hay una actitud más amplia de parte del gobierno, pero no sólo se deben discutir estas medidas sino ampliar el tributo para que los sectores formales no sean una minoría. El municipio se queja mucho de que un alto porcentaje no paga impuestos. Pero tiene que discutirse el porcentaje porque se está aumentando el impuesto. Si hay que hacer un aporte adicional al que ya hacíamos los propietarios de inmuebles, el de ahora debe tener un destino específico. El gobierno debe transparentar su política y no exigir más impuestos siendo que somos un país tan pobre. Cuando las medidas no son acertadas, al gobierno no le queda otra opción que perfeccionarlas, por eso suceden los cambios que el presidente Carlos Mesa se ve obligado a realizar. Finalmente, el primer mandatario se dio cuenta que sus planteamientos no eran tan correctos; su plan no es completo como visión de país y dentro de una estrategia de desarrollo nacional. Varias de sus tácticas son contradictorias, situación que hace falta es una verdadera estrategia de desarrollo nacional, y los impuestos no deben destinarse a cubrir el déficit fiscal y a pagar la deuda externa.