El hecho de que Bolivia sea uno de los países que tiene mayor índice de corrupción en el mundo, sigue siendo una verdad. Esto se puede demostrar, porque sólo en Santa Cruz se reciben cerca de tres denuncias diarias de corrupción. Ese es el registro que lleva la oficina anticorrupción, que desde enero de este año cuando empezó a funcionar, recibió 100 denuncias, de las cuales 80 fueron aceptadas.
La delegada anticorrupción, Vania Sandoval, explicó que el 50% de las denuncias que recibió están relacionadas a las áreas de salud y educación, mientras que el resto están vinculadas a la justicia, administración pública y territorio. Entre los casos más polémicos que atendió Sandoval fueron el de Migración, la venta ilegal de terrenos del Fonvis, nepotismo en Sedes, denuncias en establecimientos educativos e irregularidades en el Hospital Japonés.
Según Sandoval, todas las oficinas a las que se ha dirigido, para hacer seguimiento a las denuncias, han respondido sus solicitudes de información, exceptuando el Consejo de la Judicatura. “Hasta la fecha no me han emitido ninguna respuesta sobre los seis informes que solicité por el caso de seis jueces. "No sé cuál será la razón. Lo único que esperamos es colaboración de parte de las instituciones que son cuestionadas", añadió Sandoval. Estas denuncias de los jueces, son por supuestas irregularidades en que incurrieron en el desempeño de sus funciones.
El director Distrital del Consejo de la Judicatura, Hugo Salces, indicó que si aún no han respondido a las solicitudes de la delegada anticorrupción, es porque está elaborando un informe sobre el estado en que se encuentran los casos. “Estamos ordenando los documentos para presentarlos, pues hay algunos que tienen sentencia ejecutoriada y eso debe remitirse como información”, añadió.
Según Sandoval, el número de denuncias que recibió la oficina que dirige “demuestran la necesidad de justicia que tiene la población y que no es escuchada en otros lugares”.
Dos de los integrantes que forman parte de la red anticorrupción, como la Central Obrera Departamental y la Coordinadora de Pueblos Étnicos, creen que se está realizando un buen trabajo, pero consideran que se debe aumentar la representatividad para formar parte activa en los casos. “A veces no basta con la buena voluntad que tienen las personas, también es necesario tener poder de decisión”, indicó Gabriel Helbing, ejecutivo de la COD.
Por su parte, Marisol Solano, coordinadora del Cpesc, indicó que la voluntad y el esmero con el que se está trabajando son dos requisitos esenciales para tener buenos resultados .

Casos intervenidos por la oficina

• En Migración se hizo la primera denuncia de corrupción y se pidió la intervención del Ministerio de Gobierno.
• En el caso de nepotismo, en el Sedes, se consiguió que el director de la institución, Fernando Gil, se comprometiera a despedir a las personas que no cumplían los requisitos de contratación.
• En la irregularidad del Hospital Japonés, se corroboró para que realicen un informe de auditoría.
• A raíz de las denuncias, se consiguió destituir a varios profesores que no asistían a sus fuentes de trabajo y dejaban a los estudiantes sin pasar clases.