Pedido. La Súperintendencia Agraria exigirá que se pague $us 400.000 y no Bs. 2.300 por las tierras cuestionadas

Verónica Paz S.

La Superintendencia Agraria abrirá mañana un nuevo proceso legal por el fraccionamiento de tierras que involucra a empresarios y políticos de Chile y Bolivia, cuando presente en Sucre un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Agrario en Sucre. La Super exigirá la reformulación en el pago de las 2.300 hectáreas (siete parcelas) que se emitieron en la anterior dirección del Instituto Nacional de Reforma agraria (INRA).
El intendente agrario, Federico Martínez, explicó que el objetivo de este recurso es que se anulen las resoluciones que emitió el anterior director del INRA, René Salomón, y se obtenga un precio justo por las parcelas.
“Lo que se pretende es recuperar algo del costo de las tierras que fueron evaluadas con precios muy por debajo del real. Se pedirá $us 400.000 por las siete parcelas y no Bs 2.300 como se las pagó en un principio”, añadió.
Según Martínez, las condiciones de nulidad que presentó a la Superintendencia Agraria están dentro de la pericia de campo. “Si el Tribunal falla a favor de lo que pedimos, el INRA tendrá que realizar un estudio de las parcelas cuestionadas para establecer un nuevo pago”.
El Tribunal de Sucre tiene un plazo máximo de 45 días para emitir un fallo, a favor o en contra, de la petición de la Superintendencia.
El delegado presidencial de Tierras, Gustavo Pedraza, indicó que el paso que dio la Superintendencia Agraria era el que correspondía para obtener mejores resultados en materia de tierras. “Ahora sólo resta esperar el fallo del Tribunal y que éste sea, en lo posible, el más apegado a la ley”.
Según Pedraza, anteriormente no ha llegado a la justicia un caso como el de ahora. Sin embargo, uno de los fallos que dejó insatisfechos a varios sectores y, donde también se disputaba la tenencia de tierras, fue el de Monteverde, donde un grupo de indígenas perdió una Tco que era demandada por ganaderos.