Presión. Los trabajadores pidieron que no les quiten su trabajo. Melendres, (segundo de la der.) apoyó su pedido

Elizabeth La Fuente

La sirena de una ambulancia anunciaba su paso. Con pancartas en mano, los trabajadores de la clínica Melendres marcharon ayer en la mañana desde la avenida Grigota (tercer anillo) hasta el frontis del Palacio Prefectural exigiendo que no cierren las puertas del establecimiento privado de salud, donde el 15 de febrero pasado falleció el menor Christofer Anthony Apaza (3) por una supuesta negligencia médica.
Pese a los gritos y aplausos de los manifestantes (que se apostaron en la calle por más de una hora) y del pedido de un grupo de residentes de los valles cruceños que se unieron a la marcha, el fallo fue inevitable. Fernando Gil, director del Sedes dio curso a la recomendación de los siete médicos que realizaron una auditoría médica: cerrar temporalmente la clínica, porque ésta no cuenta con el personal de enfermería calificado.
Después del anuncio de Gil, la comisión técnica del Sedes redactó la resolución administrativa que revoca la acreditación de la clínica expedida en 2003 y determina que ésta puede volver a abrir sus puertas cuando su propietario y director, Aroldo Melendres, regularice su situación.
El informe de la comisión dice que si bien la clínica cuenta con la infraestructura, equipamiento e insumos adecuados, la carencia de licenciadas y auxiliares en enfermerías tituladas pone en riesgo la salud de sus pacientes.
“Es una masacre blanca. No pueden quitarle sus fuentes de trabajo a los 70 funcionarios de la clínica. El Sedes está siendo injusto”, dijo Melendres, que se unió al pedido de sus trabajadores y negó conocer los resultados de la auditoría. En su defensa, el médico explicó que su personal es profesional y que cumple con los requisitos del Ministerio de Salud.
Otro de los resultados obtenidos en el informe es que Miguel Daguino, que trabaja como pediatra externo en la clínica, no tiene ningún título que respalde su especialidad. Esa información fue corroborada por el Colegio Médico de Santa Cruz, que por medio de una carta enviada al director del Sedes, confirma que no está afiliado a la sociedad de pediatría, sino como médico general. Además de ejercer como pediatra en la Melendres, trabaja en el centro de salud Vírgen de Fátima. Gil dijo que en los próximos días le quitará su ítem.
Para el fiscal Juan Edmundo Jacobo, encargado de investigar el caso de supuesta negligencia médica, Daguino incurrió en una falta gravísima (que le podría costar su libertad) por haber mentido en su declaración informativa. El representante del Ministerio Público indicó que el pasado 21 de febrero, el médico le dijo que hace 10 años que trabaja como pediatra en el mencionado centro. También divide su tiempo entre las clínicas Melendres, San Martín y su consultorio privado. El jurisconsulto señaló que tres días antes de la declaración de Daguino, pidió al Colegio Médico un informe sobre la formación del médico. En el transcurso de la semana espera llamar a declarar a Alicia Flores, supervisora de las practicantes del Centro de Enseñanza en Instrumentación Quirúrgica (CEIQ).
Entretanto, hoy se cumple el plazo para que Laura Oliva (detenida en la PTJ), Cleofe Pantoja, Aroldo Melendres y Mario Daguino, cancelen Bs 30 mil para permanecer en libertad. Los abogados de Oliva y Pantoja dicen que éstas no cuentan con los recursos económicos para reunir ese monto de dinero; sin embargo, Melendres y Daguino cubrirán con la medida interpuesta por la jueza María Eugenia Algarañaz.