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Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Martes 02, Marzo de 2004

../20040302/images/na2.jpgEjecutivo acepta críticas de los empresarios y revisará las leyes


Encuentro. La cúpula dirigencial de los empresarios privados del país se reunió ayer con los ministros en La Paz


ANF. La Paz

El gobierno aceptó las observaciones del empresariado a los proyectos de ley del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y al Patrimonio Neto (IPN) y firmó un convenio para hacerlos partícipes de la revisión de estas normas tributarias remitidas por el Poder Ejecutivo al Congreso.
Luego de casi cinco horas de discusión, el ministro de Hacienda, Javier Cuevas y de la Presidencia, José Galindo, informaron sobre el acuerdo al que llegaron con el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Roberto Mustafá; el titular de la Cámara de Industrias, Víctor de los Heros y de la Cámara de Comercio, Guillermo Morales.
Sobre el ITF, el documento afirma que existe coincidencia para la revisión de los artículos que afectan a las operaciones de la bolsa (reportos e inversiones bursátiles), y a los pequeños ahorros en mutuales y cooperativas como el pago de aportes sociales de corto y largo plazo, así como en las cajas de ahorro en moneda nacional y Unidades de Fomento a la Vivienda que pertenecen a personas naturales.
El gobierno también expresó su conformidad de revisar los artículos que se refieren al tributo de una transacción de pago de impuestos, a la alícuota del impuesto, a aclarar el régimen cuando el girado y girador son la misma persona y a reforzar la temporalidad de aplicación del impuesto limitado a 24 meses.
El empresariado dejó bien claro su total desacuerdo sobre el proyecto de Ley del IPN y serán sus bases departamentales las que decidan aceptar la propuesta de revisión hecha por el gobierno.
Por eso, una parte de este convenio se refiere a que se van a mejorar las acciones improductivas como los patrimonios que no dan dividendos”, dijo Mustafá.
Para la dirigencia empresarial cruceña, este convenio firmado entre el gobierno y la CEPB, carece de todo sentido, dado que los eventuales cambios deberán darse en el Parlamento, adonde ya han sido remitidos los proyectos de ley para su discusión.

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