Ejecutivo acepta críticas de los empresarios y revisará las leyes
Encuentro. La cúpula dirigencial de los empresarios privados del país se reunió ayer con los ministros en La Paz
ANF. La Paz
El gobierno aceptó las observaciones del empresariado a los proyectos de ley
del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y al Patrimonio Neto (IPN) y
firmó un convenio para hacerlos partícipes de la revisión de estas normas
tributarias remitidas por el Poder Ejecutivo al Congreso.
Luego de casi cinco horas de discusión, el ministro de Hacienda, Javier Cuevas y
de la Presidencia, José Galindo, informaron sobre el acuerdo al que llegaron con
el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Roberto Mustafá; el
titular de la Cámara de Industrias, Víctor de los Heros y de la Cámara de
Comercio, Guillermo Morales.
Sobre el ITF, el documento afirma que existe coincidencia para la revisión de
los artículos que afectan a las operaciones de la bolsa (reportos e inversiones
bursátiles), y a los pequeños ahorros en mutuales y cooperativas como el pago de
aportes sociales de corto y largo plazo, así como en las cajas de ahorro en
moneda nacional y Unidades de Fomento a la Vivienda que pertenecen a personas
naturales.
El gobierno también expresó su conformidad de revisar los artículos que se
refieren al tributo de una transacción de pago de impuestos, a la alícuota del
impuesto, a aclarar el régimen cuando el girado y girador son la misma persona y
a reforzar la temporalidad de aplicación del impuesto limitado a 24 meses.
El empresariado dejó bien claro su total desacuerdo sobre el proyecto de Ley del
IPN y serán sus bases departamentales las que decidan aceptar la propuesta de
revisión hecha por el gobierno.
Por eso, una parte de este convenio se refiere a que se van a mejorar las
acciones improductivas como los patrimonios que no dan dividendos”, dijo Mustafá.
Para la dirigencia empresarial cruceña, este convenio firmado entre el gobierno
y la CEPB, carece de todo sentido, dado que los eventuales cambios deberán darse
en el Parlamento, adonde ya han sido remitidos los proyectos de ley para su
discusión.
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