Procesados. Los cuatro militares ( de izq. a der.), Rocabado, Costas, Mendieta y Monroy, que fueron absueltos ayer

ANF/AFP. La Paz

El Tribunal de Justicia Militar absolvió de pena y culpa a los cuatro militares que fueron juzgados en esa instancia por los delitos de exceso, hostilidad a particulares y homicidio en los hechos ocurridos el 12 y 13 de febrero del año pasado, pues, las pruebas de cargo habrían sido insuficientes.
En una audiencia pública y en presencia de los cuatro efectivos, el Tribunal de Justicia Militar, presidido por el almirante Oscar Ascárraga, se dio lectura a la sentencia que no será apelada por la instancia militar castrense, por lo que el caso quedaría cerrado.
“El Tribunal de Justicia Militar falla declarando inocentes de los delitos de exceso y hostilidad contra particulares, y homicidio a los coprocesados, Gróver Monroy Aliaga, José Enrique Costas Wanting, Rafael Enrique Mendieta Vera y Yamil Edgar Rocabado Villegas”, sostiene el fallo emitido por la justicia castrense.
El presidente del Tribunal Militar justificó la sentencia, al señalar que todas las pruebas fueron insuficientes, además de que en los vídeos entregados por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), los rostros que aparecen no corresponden a los coimputados.
Los cuatro efectivos fueron acusados por la Apdhb de ser los responsables de la muerte de la enfermera Ana Colque y el albañil Wilmer Collanque, además de herir a la enfermera Carla Espinoza durante las jornadas de febrero.
Según Ascárraga, los estudios periciales efectuados por el personal técnico demostraron que no son las personas que están en los vídeos.
Sin embargo, no descartó ampliar el proceso “siempre y cuando” se considere necesario y el fiscal militar así lo determine.
“Las pruebas periciales y el informe del médico forense certificaron que los disparos no salieron de los fusiles de los militares, pues los ángulos existentes no corresponden, toda vez que éstos vienen de arriba y abajo en un ángulo de 40 a 45 metros por la parte de atrás”, indicó Ascárraga.
Con estos argumentos, el presidente del Tribunal Militar justificó el fallo e indicó que los juzgados actuaron con justicia y equidad en este caso que duró más de un año y se emitió la sentencia en no más de un mes contra los efectivos castrenses.
De la misma manera, indicó que la Apdhb y el Defensor del Pueblo no acudieron a la convocatoria de la justicia castrense, a pesar de ser citados públicamente a objeto de comparecer y testificar por los hechos suscitados.
Por su parte, los cuatro efectivos, coincidieron en señalar que se hizo justicia y además reiteraron que sólo cumplieron órdenes superiores durante los enfrentamientos registrados en la Plaza Murillo entre efectivos del Ejército y de la Policía
“Sólo he cumplido con mi deber. Se hizo justicia. Siempre fui inocente. Han querido quebrantar al Ejército”, fueron algunas afirmaciones de los uniformados, a la conclusión de la audiencia que curiosamente fue emitida tras haberse presentado dos recursos de Amparo Constitucional.
Se debe recordar que un fallo de la Sala Penal Primera de la Corte de Distrito de La Paz, aceptó la apelación planteada por los militares que, mediante un recurso de excepción, solicitaron ser remitidos al Tribunal de Justicia Militar eludiendo la vía ordinaria, fallo que impidió que el Ministerio Público asuma competencia, a pesar de la imputación planteada.
En agosto último, los fiscales Milton Mendoza y William Alave presentaron la imputación contra 16 personas, entre ellas los oficiales Gróver Monrroy, Rafael Mendieta, Yamil Rocabado y Enrique Costas, librados de cargos ayer en medio de una intensa polémica para que se opte por una declinatoria de jurisdicción.
Entre el 12 y 13 de febrero murieron más de 30 personas, entre civiles, militares y policías, entre ellos, una enfermera y un albañil que socorrían a los heridos y que presuntamente resultaron muertos por disparos de los efectivos militares.