Una carta firmada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en la que solicita una investigación “pronta e imparcial” sobre los sucesos de octubre ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue calificada por representantes políticos como una maniobra dirigida a enturbiar el juicio de responsabilidades en su contra.
De acuerdo con la carta, dirigida a Berthand Ramcharan y con copia al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, su intención “es promover la necesidad de que esta importante investigación se realice con la oportunidad y prontitud que requiere la situación, y al mismo tiempo de ofrecer toda la colaboración que sea necesaria para la investigación”.
El ex Presidente expresó que recurrió al organismo internacional para que se realice una investigación independiente, lejos de las pasiones y de los intereses políticos como sucede en Bolivia, donde enfrenta un juicio de responsabilidades iniciado por la Corte Suprema de Justicia por la muerte de más de 80 personas durante los conflictos de octubre.
La posición asumida por Sánchez de Lozada fue criticada por el jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Antonio Peredo. Según él, mientras Goni intenta aparecer ante la comunidad internacional como una persona interesada en someterse a la justicia, en Bolivia sus operadores políticos hacen esfuerzos por frenar el proceso.
Ese es el caso del senador y ex ministro de la Presidencia, José Guillermo Justiniano, que introdujo en el Tribunal Constitucional un recurso directo de nulidad en contra del fiscal general de la República, Óscar Crespo, para dejar en suspenso en el Congreso la decisión sobre el juicio de responsabilidades. El movimientista solicitó que se individualicen los delitos cometidos por el ex jefe de Estado y sus ministros, así como también que se incluya en el expediente a los dirigentes sindicales y sectoriales que estuvieron en las revueltas de El Alto y La Paz .
“Esa es la forma en la que ha actuado Sánchez de Lozada desde que fue expulsado (el 17 de octubre del año pasado). Su accionar es para no aceptar la responsabilidad por las muertes ocurridas durante la revuelta popular”, expresó Peredo.
La carta del ex Presidente tampoco fue del agrado de la diputada y dirigente de NFR, Betty Tejada. Dijo que la carta obedece a un juego político, por tanto es una especie de ‘globo de ensayo’ para conocer la reacción de la población. “Esperan que el pueblo olvide todo lo que sucedió en octubre para luego aparecer como los iluminados y como que aquí no ha pasado nada”, indicó Tejada.
Afirmó que Sánchez de Lozada y algunos miembros del MNR insisten en un juicio de responsabilidades en contra de los dirigentes sindicales, cuando saben que la ley establece que sólo por esa vía son procesados los ex presidentes, vicepresidentes, ministros y prefectos que hubiesen cometido delito en el ejercicio de sus cargos.
A su vez, el diputado por el MNR, Hugo San Martín, dijo que el juicio de responsabilidades debe hacerse lo antes posible porque se debe esclarecer la muerte de muchos bolivianos.

Comisión de DD.HH vendrá a Bolivia

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia(APDHB) anunció que está prevista la llegada al país del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien prevén entregar la documentación recapitulada de las jornadas de febrero y octubre.
“Consideramos que la llegada de la autoridad es una señal importante, pues, la comunidad internacional está exigiendo al Estado que cumpla su responsabilidad histórica de identificar a los responsables para su juzgamiento”, indicó el presidente de la APDHB, Sacha Llorenti.
Afirmó que la institución de derechos humanos entregará documentos de todos los hechos y adelantó que en caso de que el Tribunal Constitucional no se pronuncie favorablemente sobre el recurso de Amparo Constitucional, presentarán una denuncia contra el Estado.
Llorenti dijo que presentaron el recurso ante el máximo tribunal, en representación de la enfermera Ana Colque y otras personas que fueron víctimas de las balaceras del 12 y 13 de febrero.
Asimismo, acusó a la Fiscalía de ser parte del ‘pacto de silencio’, toda vez que su investigación se enmarco en el vídeo presentado por la APDHB y no hubo un aporte en la individualización de los autores materiales e intelectuales de la muerte de 31 personas y 210 heridos.