El robo de 6.539 turriles con cemento asfáltico de los depósitos de la Prefectura, descubierto en agosto de 2000, ya tiene responsables. El juez de sentencia Carlos Roca, del juzgado séptimo de Partido en lo Penal, leyó su sentencia condenando a los tres implicados. No dio lugar a las objeciones jurídicas presentadas por la defensa de los acusados con la intención de lograr retrasar el fallo por quinta vez. Dos de los abogados anunciaron que apelarán ante la Corte Superior de Distrito.
“Con casi cuatro años de conocido el caso, más de seis meses de litigios y la prescripción a la vuelta de la esquina era mi obligación ver que el juicio acabe y si veo acciones dilatorias de la defensa, como sucedió en este caso, tratar de cortarlas de raíz”, argumentó Roca.
La fiscala Pura Cuéllar se mostró conforme con la sentencia, aunque reconoció que le hubiera gustado que las penas hayan sido más duras e incluso que se involucre a otros funcionarios de la Prefectura, pero no quiso dar nombres.
“La sentencia estaba fijada desde hace seis meses y llevaba cuatro postergaciones. Si bien es cierto que han presentado un recurso indirecto de inconstitucionalidad, la Ley de Tribunal Constitucional dice que ese recurso se plantea por una sola vez y ellos ya lo habían hecho. Por lo tanto, me siento satisfecha con la sentencia”, agregó Cuéllar.
Ayer, a medida que la secretaria del magistrado procedía a leer la sentencia, el ambiente comenzó a ponerse tenso entre los acusados, familiares y curiosos que colmaron la sala del juzgado del 5to. piso del Palacio de Justicia.
La risa nerviosa de Sandra Vargas, ex jefa de Activo Fijo, al comienzo de la audiencia, contrastaba con el silencio de Moisés Nazrala, ex almacenero, que no cambió de actitud hasta que se retiró una vez leída la sentencia. Ambos fueron condenados a cinco y cuatro años de cárcel por el delito de peculado e incumplimiento de deberes y a pagar multas, costas, daños y perjuicios a ser regulados en ejecución de sentencia.
Vargas transformó su risa en llanto después de que conoció su condena en el pasillo interno del juzgado antes de enfrentar a los medios de comunicación que la interceptaron en la planta baja. Con gafas oscuras hizo una breve declaración y se retiró.
A este revés de la justicia, que será apelado por su abogado Arturo Heredia, la ex jefa de Activo Fijo le suma la querella que le inició el ex prefecto Ramón Prada por calumnias e injurias. Tendrá que declarar el lunes en la PTJ.
Quien recibió la pena más leve, tres años, fue Alfredo Orozco Lobos por complicidad en peculado y fue absuelto de culpa y pena en los delitos de falsedad ideológica y contratos lesivos al Estado.
Durante la audiencia se mostró tranquilo, pero no pudo ocultar el impacto anímico al escuchar su sentencia. Sin embargo, se repuso rápido y fue el primero en hablar terminada la audiencia.
“No aguantaba más el juicio, aún cuando soy inocente, preferí que mi abogado retiré todos los escritos presentados para que de una vez se acabe esta pesadilla”, dijo Orozco.
Su defensor explicó que pedirá las medidas sustitutorias para Orozco, de tal manera que no cumpla su condena en prisión.
En su fallo, el juzgador explicó que Orozco se encargó de negociar los turriles incurriendo en la comisión del delito de de falsificación indebida marcas y contraseñas al mostrar los turriles como si no tuvieran ningún logotipo de propiedad. Ocasionó así una pérdida al Estado de 5.292 tambores con cemento asfáltico valuados en $us 440.612, según informe de la Contraloría.

Prefectura y la Delegada, disconformes

Más allá de la satisfacción de lograr que un caso como el de los turriles, que despertó la atención de la ciudadanía por más de tres años haya terminado con al menos tres culpables, tanto la Prefectura como la delegada departamental Anticorrupción, Vania Sandóval, se quedaron con un sabor a poco.
“Está bien que la Justicia haya emitido su fallo, pero lamento que sólo hayan caído los peces chicos, los funcionarios de bajo rango”, dijo Sandóval que estuvo presente en la audiencia realizada ayer.
Por su parte, el director Jurídico de la Prefectura, José Negrete, expresó que está conforme en parte porque ha quedado mucha tela para cortar. Debió aplicarse la pena máxima para cada delito, ocho años para peculado y la complicidad al menos cuatro años y para el almacenero seis años de cárcel.
“No son solamente esos tres, porque sabemos que hay muchísimas más personas involucradas que en algún momento fueron excluidas del proceso”, indicó.
Negrete manifestó que siguen investigando como funcionarios públicos por la desaparición de 6.539 turriles con cemento asfáltico, sino de 18.000.

Evidencia. Un lote de turriles fue encontrado en los depósitos de la empresa Forti y León. Fue excluida del proceso

Sentencia dejó insatisfechas a varias personas involucradas

Verónica Paz S.
La sentencia que dictó ayer el Juzgado Séptimo de Partido en lo Penal, a cargo de Carlos Roca, provocó diferentes reacciones entre algunas personas que estuvieron involucradas en el caso del robo de 6.539 turriles de cemento asfáltico de la Prefectura.
Uno de los que manifestó insatisfacción fue el abogado de Moisés Nazrala, Víctor Cartagena. Dijo que la sentencia fue injusta, especialmente, para el ex encargado del depósito de la Prefectura. “La pena que le dieron a mi defendido no corresponde porque no era un servidor público y no conocía los hechos delictivos que se estaban cometiendo”, argumentó.
Cartagena se abstuvo de opinar sobre las personas que debieron ser sancionadas y que fueron liberadas del proceso. “Ese punto no me corresponde. Sólo puedo decir que no actuaron bien con mi cliente”.
Rosario Zabala, ex abogada de la Prefectura que siguió el caso cuando se descubrió el robo, calificó como “un error nefasto el hecho de que se hubiese excluido de la investigación a la empresa Forti León. “Lo justo hubiese sido que la constructora estuviera en el proceso porque fue la más beneficiada con el material asfáltico”. Por otro lado, Zabala indicó que la Prefectura y la Policía mostraron su mayor interés para esclarecer el caso, por el tiempo que se tomaron para descubrir a las personas involucradas.
Durante el proceso de indagación que comenzó en agosto de 2000 fueron citados a declarar hasta el prefecto Ramón Prada, que hizo la denuncia en la Policía Técnica Judicial.
Sin embargo, para el ex prefecto adenista, la justicia hizo su trabajo con la sentencia que dictó ayer.
“Cuando estuve de prefecto le di una especial atención al caso. Ordené que se hiciera una investigación minuciosa para dar con los responsables del hecho”.
Prada aseguró que en ningún momento trató de encubrir a nadie y si no fueron sancionadas personas con mayor peso, fue porque la justicia así lo decidió. “Esa situación estaba fuera de mis manos porque no soy juez”.

Vargas enfrentará otros dos procesos

La delegada departamental anticorrupción, Vania Sandoval, anunció ayer que la ex jefa de Activos Fijos de la Prefectura e imputada por el robo de 6.539 turriles de cemento asfáltico, Sandra Vargas, fue citada a declarar el lunes a la Policía Técnica Judicial para que ratifique o desmienta una acusación contra el ex prefecto Ramón Prada.
En 30 de diciembre del año pasado, la ex funcionaria que fue condenada ayer a cumplir cinco años de reclusión por la desaparición del material de la Prefectura, dijo que la ex autoridad tenía conocimiento de todo lo que ocurría en la administración departamental, pero no hizo nada para evitar el robo en cuestión.
Vargas declaró a EL DEBER que "Prada era el que daba las órdenes y en la Prefectura no se movía ni un clavo sin que él se entere".
Las palabras que emitió Vargas tendrá que sustentarlas en la justicia. El ex prefecto anunció que inició una querella contra la ex jefa de Activos Fijos por difamación e injuria.
Durante el proceso de investigación, Ramón Prada fue citado a prestar declaración informativa por el juez Agustín Suárez, donde se iniciaron las indagaciones.
El asesor de la ex autoridad, Edgar Maldonado, también fue citado al Palacio de Justicia después de que el ex director regional del Servicio de Caminos, Walter Borda, le enviara un sugestivo saludó desde la PTJ.