El 13 de febrero no está marcado en la cabeza de Soraya de Casal. A pesar de que hace un año ella perdió todo su capital por el saqueo que sufrió su tienda, la AF-Jeans, está más preocupada en volver a levantar el negocio que en insistir en buscar a los culpables.
El razonamiento de la comerciante tiene una lógica. Las personas que fueron detenidas acusadas de participar en el robo de las mercaderías y el destrozo de tiendas, fueron sobreseídas del caso. Los expedientes identificados con los números 0301241 y el PTJ0301242, fueron archivados el 2 de agosto de 2003 por los jueces Ernesto Guardia y Alaín Núñez, respectivamente, a requerimiento del Ministerio Público.
“Por este caso no hay ningún detenido. No se individualizó el delito a ninguna de las personas supuestamente involucradas en los saqueos y la Fiscalía solicitó el sobreseimiento”, expresó el juez Guardia.
El fiscal Romay Cavero, en el requerimiento que envió al juzgado, justificó su decisión argumentando que durante la investigación no se encontraron elementos de pruebas suficientes para fundar la acusación contra los 34 imputados que se encontraban en el juzgado de Guardia.
Para “individualizar los delitos”, el Fiscal solicitó a los medios de comunicación que le suministren los videos y las fotos que se obtuvieron durante los saqueos para enjuiciar a los acusados.
“Conseguí los videos y las fotografías, pero en la Fiscalía me pedían que hiciera todo. Faltó poco para que me dijeran que los agarrara (a los saqueadores) y los llevara a la PTJ”, reclamó la propietaria de AF-Jeans.
Por su parte, la fiscal Mabel Andrade requirió al juez Alaín Núñez que libere a los cinco acusados de saquear la tienda No Fear, porque no existían pruebas en su contra.

Solaya de Casal / Propietaria de la tienda AF-Jeans

Lo perdí todo y me costó reabrir el negocio

Con los saqueos del año pasado perdí más de $us 20.000 que era la mercadería y los enseres que tenía en la tienda. Hasta el basurero se lo llevaron. Me costó volver a abrir el negocio. Recibí ayuda de mis amigos y familiares que organizaron peñas, quermeses y otras actividades para recaudar fondos. Reinicié el trabajo algunos meses después con un capital de $us 2.000, que fue el monto que se obtuvo con todo lo que se hizo. Con eso viajé a comprar mercadería.
Lo grave de todo esto, es que no conté con el apoyo de las autoridades ni hubo resarcimiento de daños, como se prometió inicialmente. El prefecto de ese entonces (Mario Justiniano), dijo que sólo recibiría atención en caso de que se hubiese producido un incendio o inundación. La investigación de la Policía no quedó en nada. Todos los acusados salieron en libertad, a pesar de que se entregaron los videos y fotografías de las personas que participaron en el saqueo. En la Fiscalía pretendían que entregara más pruebas, que identificara a uno por uno de los acusados y, por poco, me exigen que los detenga. Hubo momentos en que me presionaban para que firmara un desistimiento, pero no lo hice.

Cinthia Vilagut de Salvatierra / Propietaria de Tienda No Fear

Cuesta mucho recuperarse

Los sucesos del 13 de febrero fueron un perjuicio para toda la gente. En mi caso, perdí mercadería por el valor de $us 30.000. A pesar de que todo estaba asegurado, nunca pude recuperar la inversión porque hubo un pago parcial. Tuve que mudar la tienda (ubicada en la esquina de las calles Velasco y Ñuflo de Chávez) porque no tenía dinero para reinvertir y no podía seguir destinando dinero en el negocio porque se perdió la mayor parte del capital, todo se esfumó en cuestión de minutos.
Las autoridades no hicieron nada para mantener preso a las personas que fueron capturadas durante los saqueos, a pesar de que hubo un seguimiento al caso. Es lamentable que no haya seguridad para las personas y la inversión. En estos momentos tengo parte de la mercadería en otra tienda, pero prácticamente se perdió la marca que representaba, los clientes y la inversión. Es difícil recuperarse cuando se tiene que comenzar con poco.

Waldo Albarracín / Defensor del Pueblo

No queremos más impunidad

Se tiene que partir por la vieja premisa de que es más importante prevenir que lamentar. Los sucesos de febrero deben dejarnos una lección para que en adelante procuremos evitar la violencia y apostar a la paz, al diálogo y la concertación con todos los actores de la sociedad civil. Más allá de reconocer que muchas de las demandas son legítimas, se tiene que entender que la violencia genera violencia y esa es una de las causas de la frustración y el luto que en estos momentos llevan muchas familias bolivianas. Debemos pensar en que nunca más haya saqueos, francotiradores, bloqueos y otro tipo de violencia que perturbe a los ciudadanos. También se debe reconocer que la impunidad por las muertes y los delitos perpetrados contra la propiedad privada se constituye en un incentivo para su repetición. Si una persona incurre en un delito y no recibe sanción, es probable que lo vuelva a repetir. Se debe hacer una reflexión sobre este caso, pero debe estar claro que tampoco se trata de colocar a alguien en el banquillo de los acusados, sino que se debe buscar la solución a los problemas del país. En los últimos días hemos visto que en Bolivia cada región apuesta por sus intereses y cree que todos debemos subordinarnos a ellos, sin importar lo que pueda suceder en otras regiones y que afecten a terceros. En este país no queremos más políticos corruptos ni autoritarios, queremos autoridades que resuelvan. Aquí se evidenció un Ministerio Público inoperante, una justicia que no funciona y que hace crear ese clima de impunidad que es la sensación que tienen muchos bolivianos.