Fiscalía acusa a poderes y Policía de no cooperar

Policía y FFAA con heridas que no cierran

Los sectores y los partidos temen otras jornadas trágicas

La banca dice que soportaría otra crisis social

En Santa Cruz no hay quién responda por los saqueos

Ni un preso, ni una sentencia, sólo un ex ministro y un ex viceministro declararon ante los fiscales del caso. Ni un solo militar fue amonestado o procesado, tampoco los jefes policiales asumieron sus responsabilidades. Y varias dificultades en todo el proceso que se inició el año pasado, además de un informe de la Organización de Estados Americanos, que culpaba a la Policía de esta revuelta popular. Se trata de las investigaciones sobre los sucesos trágicos del 12 y 13 de febrero de 2003.
365 días. 8.760 horas y 12 meses. Es el tiempo que transcurrió desde el 12 de febrero de 2003, día en que explotó la bronca de los sectores sociales y se reabrió la vieja herida que persiste entre los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Una herida que se arrastra desde 1952. Esa herida volvió a sangrar: 32 muertos, 10 policías, 4 militares y 18 civiles.
¿Qué pasó en todo este tiempo? Hoy, el país recordará con dolor y tristeza las trágicas jornadas del 12 y 13 de febrero del año pasado, que tuvo su origen en la intención del gobierno de Sánchez de Lozada de gravar un impuesto a los salarios.
"Esos días no se olvidarán, están marcados en la historia como las jornadas en que se puso en peligro la democracia y el propio país", señaló Sonia Soto, representante de la Defensoría del Pueblo.
Desde que se empezaron con las investigaciones judiciales hubo una serie de problemas. Desde aquellos que la Fiscalía no contaba con los instrumentos necesarios, como ser las pruebas documentadas, las cuales tuvo que pedir a los medios de comunicación. ¿Cuáles eran? Fotografías, filmaciones, recortes de periódicos, grabaciones y otras. La Asamblea de Derechos Humanos proporcionó al Ministerio Público un vídeo sobre los hechos de violencia en el que se observa a militares que disparan armas de guerra contra civiles.
En estos momentos los fiscales paceños William Alave y Milton Mendoza levantaron cargos criminales contra 16 personas, entre militares, policías y un civil, por las muertes y heridos registrados el 12 y 13 de febrero. Los militares son el coronel Gróver Monroy, los tenientes José Enrique Costas y Rafael Enrique Mendieta y el subteniente Yamil Rocabado.
Los cuatro están sindicados de disparar el 13 de febrero con dirección al edificio San Francisco, situado en la esquina de las calles Jenaro Sanjinés y Mercado del centro paceño, donde murieron la enfermera Ana Colque y el conserje Ronald Collanqui y cayó herida la médica Carla Espinoza. Y los cuatro están siendo procesados por un Tribunal Militar, lo que llevó al enojo a la Asamblea de Derechos Humanos, cuyo presidente, Sacha Llorenti, dijo que si en caso el Tribunal Constitucional no revierte la decisión, este proceso será elevado a la Corte Internacional de DDHH. "Hemos tomado contacto con organismos de derechos humanos de los Estados Unidos y se determinó presentar una denuncia en contra del Estado ante la Comisión Interamericana que depende de la Organización de los Estados Americanos por violación de la convención de derechos humanos", adelantó Llorenti.
Las FFAA aseguraron que ellos llevarán adelante este singular caso.

¿Quiénes fueron los protagonistas? Desde el Estado el que ejercía la presidencia de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada; los ministros de Defensa, Freddy Teodovich; de Gobierno, Alberto Gasser y de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, sobre quien pesan graves denuncias de presiones y de uso de los gastos reservados.
Freddy Morales, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, reveló que Sánchez Berzaín ese mismo 12 de febrero de 2003 se aprestaba a tener una reunión con los directores de medios de comunicación en el Palacio de Gobierno, cuando empezaron los tiroteos y los gases lacrimógenos. “Ahorita lo arrreglo todo, no se preocupen”, dijo en ese momento uno de los hombres fuertes del entorno de Goni.
Después del mediodía de ese fatídico 12 de febrero, Sánchez Berzaín era quien conducía las operaciones de la guardia militar que custodiaba el Palacio de Gobierno. El presidente estaba ahí y hacía lo imposible por salir del Palacio Quemado, que tres días después, su vocero se empecinaba en demostrar que lo que hubo era un movimiento terrorista que buscaba matar a Sánchez de Lozada y mostraba algunas señales, como los huecos que produce una bala.
Nada de eso. Hubo muertos, heridos, una rabia popular y una herida que se profundizó entre dos instituciones fundamentales para la estabilidad de la democracia, como lo son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la Nación.
El mayor David Vargas, uno de los líderes del motín policial, que rechazó el ‘impuestazo’, fue destituido de la institución verde olivo, además de ser procesado.
Hace algunos días el ex ministro de Defensa, Freddy Teodovich, declaró ante los fiscales y dijo que Goni era el que ordenaba todos los operativos. De igual manera, el ex viceministro de Gobierno, José Luis Harb, deslindó todas sus responsabilidades. Así, nadie es responsable y un proceso judicial que avanza muy lento y con muchos obstáculos en todo el camino.
El fiscal adscrito al caso, Milton Mendoza, indicó que pese a la falta de recursos económicos, la comisión encargada de esta investigación espera dar con los autores materiales e intelectuales de las muertes y los destrozos, que quedaron en la historia. Dijo que habrá nuevas imputaciones.