Entre los asuntos que omite el plan de austeridad del gobierno de Carlos Mesa se halla la cuestión relativa a la millonaria subvención que vía TGN el Estado concede a los partidos. Una de ellas es para años no electorales y tiene por supuesto destino la cobertura de gastos inherentes a “programas partidarios de educación ciudadana” y “difusión de doctrinas político-programáticas”. El monto global asignado para ambas finalidades equivale nada menos que al medio por mil del presupuesto consolidado de la nación. La otra es la provisión de fondos, igualmente millonarios, a los partidos políticos reconocidos por la Corte Nacional Electoral, en cantidades que guarden proporcionalidad con la cuantía electoral acreditada en las urnas.
“Educación ciudadana para fines de profundización de la democracia en Bolivia”. El registro memorístico del pueblo no consigna emprendimiento alguno que en forma más o menos sostenida hayan llevado a la práctica los partidos políticos del país. Tampoco se recuerdan programas que los mismos hayan ejecutado en lo que hace a divulgación de doctrina y programas. Lo más probable, en consecuencia, es que dichos fondos sirvieran más bien para financiar el sostenimiento de las plantas burocráticas a cargo de las sedes partidarias en los diferentes lugares del país, sin descartar otros destinos...
La plata que el Estado da a los partidos en tiempos electorales es igualmente gasto que se debe eliminar en aras de la austeridad que ahora debe regir con carácter general. Los partidos utilizan el dinero que reciben en campañas muy asociadas a la práctica del cohecho electoral implícito. Conquistan el voto ciudadano, particularmente el de sectores sociales castigados por la pobreza y toda clase de carencias, repartiendo bienes de uso y consumo. Les sirve también para financiar comilonas, regadas de alcohol y batidas por la música, a gente que termina siendo seducida por estos halagos, en la esperanza ilusoria de que así como se les da ahora desde el llano, se les dará tambien, quizás más y mejor, desde el poder.
Podríamos afirmar que la punta inicial del circuito de corrupción se halla en tales tipos de campaña electoral, como lo demuestran las redes dedicadas a lo ilícito en sectores claves de la administración pública, en regímenes anteriores al actual.
Lo sensato, en consecuencia, es que los partidos políticos, en aras de la austeridad, renuncien a la subvención que el Estado les otorga tanto para tiempos no electorales como para los tramos temporales de campaña. A cambio de ello, que el gobierno, en coordinación con la Corte Nacional Electoral, acuerde nuevas modalidades de campaña electoral, como la de que el TGN cubra solamente la financiación del costo de los espacios en la televisión para programas de debates y divulgacion de perfiles, programas e ideologías.
Este es un paso inexcusable si, como se adelanta, iremos a la cancelación del monopolio político-partidario de la representación popular, abriendo este espacio a todos los sectores de la sociedad civil.