En procura de que el caso no quede en nada como ha sucedido en ocasiones anteriores, la fiscal que lleva el caso de los 'coyoteros' (traficantes de personas), indicó que citará a declarar a las personas que firmaron el contrato de transporte para los 132 ecuatorianos que fueron deportados la tarde del sábado a su país de origen.
Dory Rivero, representante del Ministerio Público, que ha asegurado que en el tema investigado existen muchas personas implicadas, señaló que hoy lunes comenzará a elaborar las citaciones, para que algunos ciudadanos aparentemente relacionadas con la banda de traficantes de personas se presenten a declarar.
Dejó entrever que los primeros que irán a decir su verdad sobre lo sucedido en los últimos días serán el gerente administrativo de la empresa de viajes y turismo Amazonas Tours, Robert Saldías Álvarez, y el gerente comercial de la empresa aérea AeroSur, Hércules de Souza.
Como una reacción a la deportación de 132 ecuatorianos desde Bolivia a Ecuador, las autoridades de Migración del país andino recibieron el vuelo particular de la línea AeroSur, que llegó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito a las 23:20 (hora boliviana), donde de inmediato detuvieron a cinco personas, que han sido sindicada de ser cabecillas de la banda de 'coyoteros', que tiene nexos en países como Bolivia y México.
Las autoridades policiales del país andino, identificaron a Lema Anchundia, José Matías Jaya, Patricio Vázquez Castillo, Segundo Mosquera Contreras y Camilo Lema, como los responsables del tráfico de ecuatorianos a países del primer mundo, usando como puentes a los países de Perú, Bolivia y México.
Luego de ser detenidos, fueron llevados a las celdas de la Jefatura de migración de Pichincha, ubicada en el norte de Quito.
Todos los deportados fueron trasladados hasta oficinas de Migración, en donde se registraron sus datos personales y que según las leyes de su país no podrán traspasar sus fronteras durante un año calendario, para luego ser dejados en libertad.
Sobre la inminente convocatoria de personal de la empresa aérea, su gerente general Carlos Meyer, sostuvo que ellos están prestos a colaborar en las investigaciones que se realicen, ya que lo único que hicieron fue cumplir con un contrato de transporte que habían firmado con una agencia de viajes de esta capital por $us 140.000.
“Nos pidieron que los llevemos hasta Ecuador y hasta allá fue nuestro avión, eso es muestra de que queremos colaborar”, concluyó el gerente general de AeroSur.

Los ilegales narraron sus experiencias

Para Silvio el inicio del viaje fue normal, los 'coyoteros' lo llevaron del país con pasaporte legal, según dice. Viajó como turista y permaneció en Bolivia por dos meses. “No importaba el tiempo de espera sino poder llegar a EEUU", pues dijo que los malos gobiernos son los responsables de que los ecuatorianos abandonen el país.
Otra historia es la de Luis Alfonso Satamba, quien dice que no sabe si lo volvería a intentar. Él relata que mientras permanecieron en la cárcel de Bolivia antes de ser deportados los mantenían acostados en el piso y no los trataron bien, aunque las autoridades bolivianas afirmen lo contrario. “Nos cobraron $us 20 por persona para regresarnos a Ecuador”.
“No se tapen la cara sino han hecho nada malo”, decía Orlando Cabrera cuando la prensa se acercaba donde varios inmigrantes.
Este joven, de 21 años, asegura que no se volverá a ir y que le exigirá al 'coyote' que le devuelva los $us 8.000, para con ese dinero estudiar y poner un negocio.

Bolivia usada como puente para ilegales

Bolivia se ha convertido en un nuevo puente para que los ecuatorianos lleguen ilegalmente a EEUU. Así lo dio a conocer al diario Hoy de Quito, Imelda Méndez, directora de migración de Santa Cruz, Bolivia.
La funcionaria llegó a Quito en un vuelo charter la noche del sábado acompañada del cónsul de Ecuador Wilson Andrade, y de 133 inmigrantes; 47 mujeres, una menor y 85 hombres, que fueron deportados desde la capital cruceña.
Méndez, explicó que la detención de los ecuatorianos que pretendían viajar desde Santa Cruz a México con una escala técnica en Panamá fue gracias a la acción conjunta de la Policía Internacional (INTERPOL), Migración e Inteligencia.