Los sueños de progreso y mejores días que tenía un grupo de 132 ecuatorianos, terminaron en Santa Cruz cuando la tarde del viernes fueron detenidos en el aeropuerto Viru Viru y 24 horas más tarde deportados a su país de origen. El descubrimiento de una banda de ‘coyotes’ (traficantes de personas), que opera en Santa Cruz y que tiene ramificaciones internacionales, generó una investigación de alto nivel por parte del Ministerio Público.
Cinco buses tuvieron que ser utilizados para llevar a los ecuatorianos, desde la Policía Técnica Judicial (PTJ) hasta el aeropuerto, donde una vez en la terminal aérea fueron introducidos a la sala de abordaje y posteriormente por la plataforma subieron al avión que había sido alquilado en $us 140.000 para que los lleve hasta Mazatlán, México, pero que a pedido de las autoridades de Migración, tuvo que transportarlos de retorno a Ecuador.

Alrededor de las 19 horas, el boeing de la empresa Aerosur despegó de la pista principal rumbo a Regina, Brasil. Luego de una escala técnica siguió camino a Bogotá, Colombia y finalmente a Quito.
Además de los 132 ecuatorianos, viajaron la directora departamental de Migración, Imelda Méndez, siete inspectores de esa repartición estatal, cuatro policías de la Unidad de Control Migratorio y el cónsul de Ecuador en Santa Cruz, Wilson Andrade.
Se informó que Méndez llevaba los pasaportes, a los que se les puso el sello rojo y una resolución de expulsión del país, al que no pueden entrar nuevamente de manera legal.
Con la partida de los deportados, el caso no termina ahí, pues agentes de la Policía Internacional (Interpol) Santa Cruz, en coordinación con la Fiscalía buscan a otro número similar de extranjeros, que a decir de los investigadores estarían escondidos en la ciudad y que tenían que haber salido en un segundo vuelo desde Santa Cruz a Puerto Vallarta, en México.

La fuente indicó que el dato fue obtenido en una revisión minuciosa del contrato que suscribieron los gerentes de la empresa aérea y la agencia de viajes Amazonas Tours, el 2 de febrero de este año.
La fiscal Dory Rivero, sostuvo que las tres personas detenidas son sólo 'pinches' y que las investigaciones apuntan a desarticular a los cabecillas de la banda, que tienen contactos en Ecuador y México.
Se conoció que Interpol maneja información referente al otro grupo de extranjeros y que no se descarta que en el transcurso del fin de semana se realicen allanamientos en procura de detener a los demás ecuatorianos.
Sobre la deportación de los extranjeros, la fiscal informó que se debió a que la mayoría tenía la visa de turista vencida, pues ingresaron a Bolivia en diciembre y la primera semana de enero.

Sostuvo que la falsificación de los sellos en las tarjetas migratorias y de la visa del consulado de México en el país andino, será investigado y del que los 132 deportados nada tienen que ver.
Carlos Meyer, gerente general de Aerosur, indicó que ellos iban a prestar el servicio de transporte, tal como lo establece el contrato firmado, pero que determinar si la documentación presentada es legal o ilegal, no está entre sus atribuciones.
Dijo que el dinero obtenido producto del vuelo charter no sería tocado hasta que las autoridades de Migración y del Ministerio Público decidan lo que se debe hacer.

Fianza y requisitos para los tres supuestos ‘coyoteros’

En audiencia cautelar, los tres sujetos detenidos por la Policía Internacional (Interpol) y sindicados por la Fiscalía de ser parte de una banda de ‘coyoteros’ (traficantes de personas), deberán cumplir algunos requisitos para obtener su libertad, además de depositar una fianza económica.
El juez cautelar Sergio Cardona, luego de escuchar a las partes y hacer una evaluación de las pruebas, determinó que la fiscal se había equivocado al presentarle simples fotocopias de los sellos que fueron falsificados.
Ante esta situación, pero consciente de que había que hacer una profunda investigación, el juez impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva y ordenó que los tres sujetos identificados como Luis Hernando Ancieta Vásquez, Santiago Ancieta Vásquez y el trabajador de la agencia de viajes Amazonas Tours Robert Sheider N. sean arraigados y se presenten ante la fiscal, cuando así lo requiera dicha autoridad.
Los hermanos Ancieta deben pagar Bs 10.000 cada uno, mientras que Sheider Bs 20.000, si quieren salir libres.