Los actuales gobernantes incurren en la figura delictiva de omisión de deberes, tanto como sus predecesores. Esta observación rige para las autoridades departamentales respecto a la condenable acción delictiva cometida por un grupo de ex trabajadores de la empresa de limpieza Clisa. Reclamando el pago de haberes y beneficios devengados, los ex dependientes bloquearon durante tres días el acceso al vertedero de Normandía. No dejaron pasar a uno solo de los vehículos de recolección de desechos para el correspondiente vaciado. En dicho periodo de tiempo, según datos de última difusión, en los diferentes barrios de la ciudad la basura acumulada llegó a una cantidad total de más de 2.500 toneladas.
Como no podía ser de otra manera, las autoridades sanitarias alertaron a Santa Cruz sobre los riesgos de semejante situación. Bajo el sol canicular de estos días, los desechos al aire libre entran rápidamente en estado de putrefacción, favoreciendo la proliferación de vectores como moscas y mosquitos que provocan enfermedades graves como la salmonellosis y la diarrea, cuyas víctimas más habituales son los niños y ancianos. Lo peor es que fueron los mercados y ferias los lugares de mayor atiborramiento de basura, circunstancia que expuso a contaminación extrema a la carne, leche y otros productos alimenticios que allí se expenden sin mayor control sanitario. El reporte sobre el caso destaca también que de esta manera se han potenciado los riesgos del dengue en nuestra capital.
De ninguna manera podemos estar contra los trabajadores que reclaman o protestan porque se les conceda cuanto legalmente les corresponda, pero siempre y cuando ellos no atropellen a los demás o cometan hechos delictivos que crean situaciones de riesgo para la población. Al bloquear el acceso al vertedero de Normandía, los ex trabajadores de Clisa no sólo han infringido el Art. 213 del Código Penal que sanciona con reclusión de uno a cuatro años toda acción que atente contra la seguridad y regularidad de los transportes. También violaron el inciso 9) del Art. 216 del mismo cuerpo legal que tipifica y sanciona con cárcel de uno a diez años cualquier acto “que de una u otra manera afecte a la salud de la población”.
A fin de hacer valer sus derechos, los ex trabajadores de Clisa pudieron haber salido en forma pacífica y ordenada a la calle, exhibiendo pancartas alusivas a su causa, sin bloquear calles ni acceso a lugar alguno o crear situaciones de riesgo para la población. Si no lo hicieron así fue porque igual que otros sectores sociales del país creen que el ejercicio violento y delictivo de los derechos de manifestación y protesta es algo legítimo que nadie les puede cuestionar. El relajamiento extremo del principio de autoridad corre a favor de tan censurable como errática convicción.
La gente sensata pensó que con el actual gobierno la situación cambiaría y que con la ley en la mano éste haría respetar los derechos de los más contra los excesos de los menos. Falsa expectativa, toda vez que son ya varios los episodios que nos demuestran que las cosas seguirán igual o peor que antes. Si hoy fueron los ex trabajadores de Clisa, mañana serán otros los del relevo en el estropicio de los derechos ajenos. Como no hay precedente que en materia procesal penal les intimide y sirva inclusive de valor didáctico respecto a lo que es dable y no dable hacer en materia de protesta social, corremos el riesgo de que ésta, el rato menos pensado, nos deje sin agua, luz o gas. Ni el gobierno central ni el regional parece que no harán otra cosa que no sea negociar la ley con tal de salir del paso...
¿Hasta cuándo?