Los colonos y campesinos del denominado ‘bloque del oriente’ pidieron que se investiguen todos los casos por apropiación ilegal de tierras fiscales, mientras que el gobierno salió a respaldar al delegado de Tierras, Gustavo Pedraza, y al director nacional del INRA, Alcides Vadillo, que fueron desconocidos por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
La documentación que sustentará la investigación del Ministerio Público contra el grupo boliviano chileno que subdividió la propiedad Las Pocitas en siete predios y se la adjudicó por $us 430 en vez de pagar el medio millón de dólares que era su valor de mercado, ya está en poder del fiscal de distrito, Francisco Borenstein, que no define quién será el investigador.
Los ministros de Desarrollo Sostenible, Jorge Cortés, y de Participación Popular, Roberto Barbery, junto con Pedraza dieron una conferencia de prensa en la que fijaron la posición del gobierno con respecto al tema de tierras: La investigación que lleva adelante el delegado de Tierras y el director nacional del INRA cuenta con el respaldo del Ejecutivo y que lo único que persiguen es la aplicación estricta de la ley.
“Todo productor que tenga sus títulos al día no tiene porqué ponerse nervioso, ni asustarse. Convocamos a los verdaderos productores a apoyar esta gestión donde todo el mundo tendrá la seguridad jurídica que necesita”, expresó Cortés.
De esa manera el gobierno intentó tranquilizar a los ejecutivos de la CAO que el martes desconocieron las acciones de Pedraza y Vadillo e, incluso, desde la Federación de Ganaderos cruceños tildaron de bellaco y títere del MBL al delegado de Tierras.
“Esta acción que llevamos adelante no es una cruzada contra nadie en particular. El sector de los agropecuarios debe estar tranquilo porque la intención es brindar seguridad jurídica”, reiteró Cortés al manifestar que eso se logrará con una acción sostenida contra la corrupción y las irregularidades que se hayan cometido en la dotación de tierras utilizando artifugios jurídicos y tráfico de influencias.
El presidente de la CAO, Juan Armando Antelo, salió a aclarar que denunció los convenios que firmó Pedraza con algunos sectores indígenas donde se compromete a derogar algunos decretos y la intención de Vadillo de hacer cambios en la oficina departamental del INRA por encima de la normativa agraria.
“Nosotros no estamos en contra de ninguna investigación, lo que pedimos es que se respete el derecho de aquellos que legalmente venimos produciendo, pero de ninguna manera queremos tapar ninguna picardía”, dijo Antelo.
Sostuvo que su sector tiene sembradas más de un millón de hectáreas en soya, maíz, arroz, algodón, sorgo y macororó. “Eso demuestra la ardua labor que realizamos por lo que exigimos una policía agropecuaria a corto y mediano plazo”, concluyó.
“Nunca habrá seguridad jurídica si el Estado no revisa, anula los procesos y sanciona a quienes pisotearon la ley”, dijo Pedraza que se reunió con el presidente Carlos Mesa y le rindió un informe de los sucedido. Mesa lo escuchó y después ordenó que Cortés y Barbery salgan a respaldar la acción de Pedraza porque respondía a su política de transparencia.
Por otra parte, indígenas agrupados en la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, junto a la Federación de Colonizadores y otros grupos campesinos de San Julián y del Movimiento Sin Tierra del norte cruceño, denunciaron que el INRA no ha querido investigar a supuestos agropecuarios y madereros que se cobijan en la CAO, Fegasacruz y la Cainco para asaltar la propiedad del Estado.
“Exigimos que esas tierras acaparadas por Petricevic, Valdes y otros, sean revertidas al Estado para su redistribución a los campesinos e indígenas”, expresan en un documento de siete puntos.
Estaban asesorados por gente de la ONG Cipca y la fundación Tierra.