El gobierno de Carlos Mesa tiene en mente toda una serie de medidas con efecto de tapón respecto al hueco fiscal que tanto preocupa al país. Las de tipo impositivo comienzan ya a generar resistencia generalizada. Nadie quiere pagar más impuestos para que, contando con mayores recursos, el Estado se garantice estabilidad y crecimiento económico, mejorando el índice de empleo y los niveles de ingresos de la gente. Simple y llanamente se le exige todo al gobierno sin darle al Estado absolutamente nada. La excepción de actitud tan censurable es una pequeña masa tributaria (menos del 15% del total de bolivianos que debieran formar parte de ella), que tributa y asume con rigor los sacrificios que le impone cualquier reajuste impositivo. Se tiene así la injusta situación de minorías que subvencionan los servicios públicos al resto de la población.
Conste que entre quienes no pagan impuestos también hay gente que gana y acumula bastante dinero, en no pocos casos, pero que desde un régimen de excepción le hurta el cuerpo al TGN. Lo grave es que hasta ahora no tenemos un gobierno de fortaleza suficiente como para que tome la decisión de incorporar a todos los bolivianos al régimen impositivo, conforme al principio de proporcionalidad que respecto al volumen de patrimonio e ingresos consagra el inciso d) del Art. 8 de la Carta Magna.
Una selva de puños empieza a erguirse contra un eventual alza en el precio de la gasolina. Los transportistas amenazan con paralizar el país por medio de bloqueos y otras acciones si el gobierno encarece el energético. La COB hace lo propio respecto a cualquier posibilidad de un incremento en el impuesto a los salarios. El gobierno confirma que sí se tomará esta medida, pero sólo en contra de los que tengan un nivel salarial superior.
El aumento del precio de la garrafa de gas se ajustará a igual criterio discriminatorio. Los que más tienen pagarán 31 bolivianos por ella y sólo 21 bolivianos los que menos tienen.
Habrá entonces un gas para los ricos y un gas para los pobres, dentro de lo que en Bolivia ya es toda una política de Estado en sentido de que los menos subvencionen a los más. De hecho, este criterio, a nivel regional, por ejemplo, define el precio de ciertos servicios, como el de energía eléctrica. Al ciudadano no se le cobra en función del consumo, sino del estatus social al cual pertenece, el mismo que se colige del barrio en que vive y del tipo de construcción de la casa o residencia en que habita.
Se dirá que en lo anterior no hay distorsión que censurar sino criterios de solidaridad social que más bien aplaudir. Así es en efecto, pero la línea demarcatoria entre ricos y pobres será casi imposible de trazar en lo que respecta a la venta de gas para uso domiciliario. Los ricos irán a los barrios pobres a comprar el energético a fin de ahorrarse los 10 bolivianos de diferencia en los costos fijados para ambas categorías sociales. Las garrafas no están sujetas a distribución domiciliaria por parte de empresas estatales o particulares que lleven un registro minucioso de destinatarios del producto con datos relativos a su capacidad económica.
Así que el gobierno debiera pensarla dos veces antes de dar luz verde a la citada medida, toda vez que el perdedor neto, a causa de lo anteriormente anotado, podría ser el propio TGN.