A la arremetida que emprendió el gobierno en la justicia contra grandes y medianos terratenientes que se quedaron con tierras del Estado, pagando cifras irrisorias, le salió al cruce la Cámara Agropecuaria del Oriente. La CAO desconoció los actos del delegado de Tierras, Gustavo Pedraza, y del director nacional del INRA, Alcides Vadillo. La polémica entre los productores y los representantes del gobierno avivó el debate pendiente que existe en el país por la tenencia de la propiedad rural después de siete años de vigencia de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
El presidente de la CAO, Juan Armando Antelo, le pidió a Pedraza que ‘se deje de hacer show’ creando inseguridad jurídica y generando una cortina de humo para ocultar los convenios que está realizando con sectores indígenas, como los guaraníes, prometiendo la derogación de algunos decretos que afectan al conjunto de los actores rurales y usurpando funciones que no le corresponden.
“Estamos cansados de tantas payasadas y de la doble moral del gobierno. Mientras nosotros pedimos un puente en Chapare para exportar nuestros productos, ellos se compran un banco (Unión) donde hay gente que está metida en la denuncia que investiga Pedraza. Entonces a qué están jugando”, cuestionó Antelo.
“El Estado defenderá el derecho de los productores porque de eso vivimos, de eso comemos en Santa Cruz y sería un gravísimo error que las autoridades no protejan a quienes han habido legal y legítimamente la tierra”, retrucó Pedraza.
La molestia de la CAO es porque el prefecto Carlos Hugo Molina, suspendió la reunión de la Comisión Agraria Departamental del pasado 19 sin darles ninguna explicación. Después apareció Pedraza negociando con los guaraníes y el director nacional del INRA, Alcides Vadillo, con la designación de cargos en la regional Santa Cruz, violando el artículo 21 de la Ley INRA que determina que las oficinas departamentales son desconcentradas.
El titular de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Antonio Franco, fue crítico al señalar que también se está montando una estrategia política para desviar la atención de los verdaderos problemas agrarios.
“Creemos que con esta cortina de humo se trata de disfrazar la verdad. El país ha invertido más de $us 65 millones en saneamiento de tierra y no se ven resultados. Sin embargo existen algunos bellacos que se están prestando a este juego que lo único que hará es incentivar el enfrentamiento entre bolivianos”, sostuvo Franco, que acusó a Pedraza de ser manipulado por el MBL.
“Los bellacos son los que defienden a los corruptos, nosotros hemos venido a servir al país. Lo que estamos haciendo es defender la legalidad”, respondió Pedraza.
Por su parte Carlos Rojas, de Anapo, expresó que se sienten discriminados porque hasta el momento el gobierno sólo ha entregado títulos a pequeños fundos agrícolas y no se molesta en legalizar a los terratenientes con mayor extensión de tierras. ¿Por qué no se entregan títulos a medianas y grandes propiedades?, se preguntó.
El caso que investiga el delegado de Tierras, es por el fraccionamiento de la propiedad ‘Las Pocitas’, del grupo bolivianos chileno integrado por los hermanos Andrés y Milo Petricevic, el diputado Jorge Valdés, Francisco y Carlos Urenda y Francisco Pérez Yoma.
La irregularidad cometida está en que subdividieron en siete parcelas la propiedad para no pagar precio de mercado (Bs 1.300 por hectárea) y acogerse así al decreto que permite que aquellos que poseen menos de 500 hectáreas sólo paguen 10 centavos por cada una.
Así se ahorraron medio millón de dólares.

Antecedentes y otros conflictos de tierra

Personajes. El predio ‘Las Pocitas’ se encuentra en la zona de San Julián - San Pedro, en la provincia Ñuflo de Chávez. Es copropiedad de Jorge Valdés, Andrés Petrisevic Milo Silvio Petricevic, Francisco Pérez Yoma, Francisco Urenda y Carlos Urenda.
Denuncia. Existen serios indicios de comisión de delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, además de conducta antieconómica por parte de los propietarios de las siete parcelas, de los funcionarios del INRA y la empresa Inypsa, que aplicaron incorrectamente las disposiciones legales del Reglamento de la Ley INRA y permitieron que se realice el fraccionamiento de Las Pocitas.
Avivada. El objeto de realizar esta división de superficies fue no pagar el valor de mercado de la tierra para la adjudicación valuada en Bs 1.300 por hectárea, sino un precio concesional de diez centavos de boliviano, además de no pagar las tasas de saneamiento al INRA.
Fraude. Las minutas de compra presentadas al INRA son ilegales. Las mismas personas se venden su propia tierra en superficies menores, lo que demuestra que dichos documentos fueron elaborados con el fin de demostrar la existencia de varios predios y no uno y así burlar el pago del valor de la tierra y la tasa de saneamiento.
En la mira. Existen otros casos similares de fraccionamiento de tierras para evitar el pago del valor de mercado en los predios denominados Nuevo Horizonte A, B, C, D y E; Acapulco 1 y 2; Caribe 1 y 2; La Asunta 1, 2, 3 y 4. Todos ellos también están siendo analizados y se hará la denuncia ante la Fiscalía.