Por cuarta vez consecutiva, en La Paz, fue disuelta por transeúntes una marcha de protesta.
Esta provenía de la convulsa ciudad satélite de El Alto y exigía al gobierno la creación de un número determinado de ítems para las escuelas de dicha población. Eran padres y madres de familia que al llegar a la parte central de la urbe del Illimani fueron blanco de diatribas y agresiones de la gente que circulaba por ambos costados de la avenida 16 de Julio. Llovieron sobre los manifestantes basura, huevos podridos y agua sucia desde balcones y ventanas de edificios. En algunos tramos, la manifestación no tuvo otra alternativa que disolverse para reagruparse después muy cerca del edificio del Ministerio de Educación, en la avenida Arce, donde un muro de carabineros le cerró el paso.
El episodio es una reiteración del hastío del ciudadano paceño común ante la repetición de marchas callejeras que perjudican a los demás, al bloquear el libre tránsito cuando la gente va a trabajar o realizar actividades ligadas a la subsistencia diaria. A la vez constituye una advertencia para tomar en cuenta, ya que reacciones semejantes podrían alcanzar intensidad y gravedad mayores en el futuro inmediato, no sólo en la sede de gobierno, que es la más conflictiva de todas las ciudades del país, sino también en Cochabamba y Santa Cruz. Conste que aquí ya tuvimos una que igualmente podría repetirse en dimensión mayor. Fue aquella vez en que una marcha procedente de un punto de la carretera a Cochabamba fue interceptada y disuelta por grupos de personas en pleno casco viejo de la ciudad.
El caso es que en todo el país parece afirmarse el repudio a los que agreden los derechos de los demás. El poder político, desde 1997 a la fecha, contribuyó enormemente al desarrollo de esta aversión. Omitió sistemáticamente aplicar la ley a cuantos convocaron o encabezaron marchas que derivaran a bloqueos de calles y caminos, casi siempre matizadas de pedreas a vehículos y agresiones a viandantes. En esta línea, fueron más cavernarios los manifestantes del altiplano, que inclusive llegaban a flagelar en plena calle a conductores de vehículos o taxistas que intentaban romper los puntos de bloqueo. El gremio terminaba doblándole la mano al gobierno de turno, toda vez que éste movilizaba a fiscales y la PTJ para llevar a la justicia a los responsables de las acciones delictivas. Al final, se negociaba la ley. A cambio de levantar las medidas, se otorgaba impunidad a los autores intelectuales y materiales de las violaciones de los derechos ciudadanos al libre tránsito, trabajo y seguridad personales.
En gran medida, tan condenable displicencia gubernamental, lindante con lo delictivo (la omisión de deberes es un delito tipificado y sancionado con cárcel por el Código Penal), tenía en el facilismo y la vocación de poder a sus vectores más insignes. Hacer cualquier cosa, desde otorgar lo imposible hasta alzar las manos con tal de salir del paso. Evitarse problemas que comprometan prestigio y popularidad.
Aferrarse como sea al poder y llegar al fin del periodo constitucional, aunque en el país arda Troya.
Así se actuó en los gobiernos que desde 1997 sucedieron al que hoy tenemos. Sin sentido de la historia, que es la dama que con vítores o con diatribas acoge a los pasantes quinquenales por el Palacio de Gobierno de La Paz. Los primeros, cuando aquellos lo hacen con la eficiencia, dignidad y valentía inherentes al ejercicio de la Primera Magistratura del país. La repulsa, cuando adoptando actitudes contrarias a dichos atributos, a la hora nona optan por manotazos represivos de ahogado, como lo hizo Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se hundió hasta el cuello en sus propias vacilaciones antes de que gremios furiosos salieran a la calle a hacer lo que hicieron para que él se fuera del país.
Carlos Mesa advirtió en forma implícita y tambien explícita que aplicará la ley a cuantos la violen o agravien los derechos de los demás. Dijo claramente que él carece de “vocación de poder”.
O sea que hará lo que tiene que hacer en el marco de la ley, sin temor alguno a las consecuencias, contra quienes la vulneren.
Si aplica o no la ley, lo sabremos muy pronto. COB y COD de El Alto preparan ya protestas de jaez delictiva. Quispe y el MIP, también. “Volveremos a los caminos a apedrear y quemar los autos, atacar las prefecturas, las alcaldías, jueces corruptos y puestos policiales y militares”, declaró no hace mucho el líder de Achacachi a la prensa paceña.
Después de Carnaval y Semana Santa tendremos los suficientes elementos de juicio para saber si en Mesa, en vez de vocación de poder, hay sentido de responsabilidad con el país y la historia.