 Nacionalización de autos ‘chutos’ ya generó casi Bs 100 millones
Proceso. La amnistía para legalizar autos sigue vigente. Mientras, las importadoras lamentan sus pérdidas
Gina Mendía G.
La amnistía que otorgó el Estado a los automóviles que ingresaron al país en
forma irregular en los últimos cinco años fenece el 29 de febrero. En cinco
meses de vigencia del decreto, la Aduana Nacional recaudó más de Bs 97 millones
por la legalización de 26.893 motorizados.
El gerente de la Aduana Regional, Juan José Zelh, indicó que hasta la fecha se
nacionalizaron en Santa Cruz más de 8.000 vehículos, en su mayoría modelos de
doble tracción con un valor entre $us 20.000 y $us 30.000. En La Paz se logró
regularizar 6.769 vehículos; en Cochabamba 5.249, y en Tarija 1.045, al igual
que en Beni y otros distritos.
Las importadoras aseguran que la amnistía de regulación autorizada por el
gobierno por un periodo de seis meses (septiembre de 2003 a febrero de 2004)
representa una pérdida millonaria para el fisco en recaudación impositiva.
Las compañías que promueven la venta de marcas reconocidas de automóviles llegan
a la conclusión de que si la Aduana captó casi Bs 100 millones por legalizar
27.000 motorizados, ellas aportarían al fisco Bs 300 millones por el ingreso
anual de 3.000 vehículos nuevos.
Sin embargo, Zelh aclara que es importante analizar que, con esta política, el
gobierno busca recuperar los impuestos que fueron omitidos con el ingreso ilegal
de los motorizados. “Hablar de pérdida sería considerar que los vehículos
bárbaros no hayan tributado nunca; por eso lo que hizo la Aduana fue
nacionalizar la mercadería que ingresó ilegalmente al país”, aseveró Zelh.
El tema preocupa a Ricardo Mercado, gerente comercial de Imcruz, quien resaltó
que ingresan al país unas 3.000 unidades que generan impuestos. “No entendemos
por qué el Estado acepta migajas cuando en realidad se podría percibir millones
con el ingreso legal de vehículos”, dijo.
El mayor problema que enfrentó la legalización de los vehículos ‘bárbaros’ en
Santa Cruz fue el registro informático que se instaló, dijo Zelh, pero luego se
normalizó para agilizar el registro de datos.
Durante la amnistía de los años 1999 y 2001 se beneficiaron 22.534 vehículos,
que fueron internados ilegalmente al territorio nacional. Durante esa gestión el
fisco percibió Bs 63.998.326 por el Gravamen Arancelario Consolidado (GAC); Bs
133.316.959 por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Bs 100.253.782 por
Impuesto al Consumo Específico.
La Aduana Nacional recordó que durante el año 1999 se llegó a nacionalizar
13.865 automotores. Un año después fueron sometidos a similar tratamiento 7.926
y en el año 2001 se legalizaron 743 unidades.
Este año, al igual que en el periodo 2003-2004, la mayoría de las
nacionalizaciones se realizaron en las aduanas de Santa Cruz, Yacuiba, Bermejo,
Boyuibe y Puerto Suárez, y en las subadministraciones de la frontera de Puerto
Suárez, San Ignacio de Velasco y Guayaramerín.
En 1998 se efectuó la primera amnistía, por lo que tuvo que postergarse la
reforma por un año. Un segundo decreto se promulgó en la gestión siguiente, en
pleno proceso de la reforma, con la promulgación de la Ley de Aduanas, en 1999,
y la elección de la primera presidenta de la institución, Amparo Ballivián.
La venta formal cayó más de un 30%
Las importadoras de automóviles expresaron su preocupación por la disminución
de las ventas un 30% durante el segundo semestre del año 2003, y atribuyen tal
situación al impacto originado por la amnistía concedida para la legalización de
los autos que ingresaron en forma ilegal al territorio nacional.
El gerente de Ovando, Percy MacLean, señaló que el efecto es ‘totalmente
negativo”. Al disminuir las ventas de vehículos nuevos también caen las
recaudaciones impositivas, mientras que la legalización de los autos ‘chutos’
promueve el contrabando y las importadoras se ven gravemente perjudicadas,
expresó MacLean
Las empresas se oponen enérgicamente a esta medida y proponen al gobierno ‘nunca
más aplicar la amnistía en el país, pues genera graves pérdidas económicas’.
Por su parte, Edwin Rocabado, de Toyota S.A., dijo que la marca más perjudicada
fue Toyota porque es una de las más vendidas en Bolivia. “Esperamos que este sea
el último perdón que se aplica a nivel nacional, puesto que hay muchos intereses
de por medio que benefician a personalidades del poder político”, aseveró.
El ejecutivo pidió a las autoridades no alimentar el mercado negro con políticas
estatales que sólo benefician a las actividades ilícitas, como el contrabando
que ingresa por las zonas fronterizas de Paraguay y Chile.
A la Aduana Nacional le recomendó demostrar mayor eficiencia en el control del
ingreso de vehículos ilegales, porque muchos de éstos pueden ser ‘clonados o
robados’, manifestó Rocabado.
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