La denuncia presentada por el delegado presidencial de Tierras, Gustavo Pedraza, en la Fiscalía de Santa Cruz en contra del grupo conformado por Andrés y Milo Petricevic, Jorge Valdés, Francisco Pérez Yoma y Francisco y Carlos Urenda, socios del grupo agroganadero ‘Las Pocitas’ ya tiene fiscal.
Jaime Soliz fue asignado para investigar si los empresarios boliviano-chilenos cometieron falsedad material y estafa al Estado al subdividir en siete predios una propiedad de 5.167 hectáreas, para evadir el pago del precio de mercado ($us 90 por hectárea) y acogerse al decreto supremo que fija el costo en Bs 0,10 por hectárea, para los fundos menores a 500 hectáreas.
“Cómo se animó a tirarse contra los poderosos”, le habría preguntado el fiscal de Distrito, Francisco Borenstein, a Pedraza en la reunión que mantuvieron ayer, cuando el representante del gobierno oficializó la denuncia. Así lo señaló el funcionario.
“El mandato que he recibido del presidente Carlos Mesa es que en el tema tierra todos debemos acogernos a la ley”, respondió Pedraza que precisó que la estafa al Estado ascendió a $us 580.000.
Pedraza dijo que a su llegada a La Paz ayer por la tarde recibió una llamada a su celular en la que le pidieron que tenga cuidado con lo que dice y lo que hace porque el caso ya fue tratado por el Tribunal Constitucional. “Voy a hacer lo que corresponde”, sostuvo el representante del gobierno.
Por su parte, el fiscal de materia, Jaime Soliz, señaló que fue asignado al caso y que coordinará con Pedraza el proceso de investigación antes de emitir criterio.
El diputado Jorge Valdés viajó ayer a los Estados Unidos, y el presidente del directorio del Banco Unión, Andrés Petricevic, se encuentra en La Paz, explicaron en la entidad bancaria cuando EL DEBER quiso consultarlos.
Respecto al fraccionamiento de grandes propiedades que generó pérdidas al Estado, el director nacional del INRA, Alcides Vadillo, confirmó que esta práctica se hizo frecuente en el país.
“Está verificado, existen otros casos (de fraccionamiento de propiedades). Hubo aquí una actitud de funcionarios de la empresa Inipsa que se han prestado a este tipo de actos irregulares así como malos empleados del INRA que también se encuentran comprometidos en este fraude que afecta a los intereses del Estado”, afirmó Vadillo.
El titular del INRA explicó que en el caso ‘Las Pocitas’, que fue subdividido en los fundos Chimba 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, han perdido competencia por la resolución del Tribunal Constitucional, por eso es que Pedraza junto con la Superintendencia Agraria son quienes siguen la demanda.

La CAO fijará una posición crítica ante el gobierno

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) a través de su presidente, Juan Armando Antelo hará conocer hoy su disconformidad con el gobierno por lo que considera señales negativas que estaría dando el gobierno y la Prefectura en relación al sector agropecuario. “No queremos tratos preferenciales para ningún sector”, señalan en una carta dirigida a la primera autoridad del departamento.
La molestia de la CAO es porque ‘han constatado’ que autoridades nacionales están firmando convenios con sectores que comprometen la derogación de normas, demostrando ‘una total parcialización’.
Asimismo lamentan que el prefecto Carlos Hugo Molina haya suspendido la primera reunión de la Comisión Agraria Departamental del año sin avisarles debido a que aceptó a último momento reunirse con sectores económicos y sociales para analizar temas que son de interés de todos los sectores rurales.
También denuncian intromisión del INRA nacional en la oficina local.