El proceso de paz entre el gobierno de Colombia y los paramilitares desató un enfrentamiento entre la ONU y la OEA, cuyo secretario general, César Gaviria, acusó a Naciones Unidas de no respaldar el diálogo y defendió la verificación del desarme que hará la organización que preside.
El choque quedó en evidencia luego de que Gaviria y el gobierno de Álvaro Uribe responsabilizaran al enviado especial de la ONU para Colombia, James Lemoyne, de haber dicho que varios países están molestos porque la OEA vigilará el plan de paz con los grupos de extrema derecha.
“El (Lemoyne) representa una organización que no comparte este proceso y que tiene razones valederas; lo que pasa es que yo sí tengo una decisión de cooperar con el presidente”, aseveró Gaviria, quien gobernó Colombia de 1990 a 1994.
Agregó que no ha recibido mensajes de malestar de ningún país por haber firmado el viernes con Uribe, en Bogotá, el convenio que formalizó la verificación que hará la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso paramilitar, por tres años prorrogables.
“Habrá que ver si los países que dice el señor Lemoyne que están tan descontentos lo están”, apuntó Gaviria, quien agregó que está dispuesto a dar las explicaciones del caso tanto a las legaciones diplomáticas en Colombia como en Washington a los embajadores de los Estados miembro de la OEA.
Lemoyne contestó ayer que la verificación que hará la OEA será positiva, siempre y cuando esté “bien definida y apoyada”. “Tengo el más alto respeto y reconocimiento por el secretario general de la OEA, César Gaviria, y el trabajo de su organización”, aseveró Lemoyne.
Bajo el título ‘Gran polémica por convenio Gaviria-Uribe’, el diario El Tiempo informó que un diplomático, que pidió ‘estricta reserva’ de su nombre, aseguró que varias naciones, entre ellas Canadá, Brasil, México y Argentina, así como también de la Unión Europea (UE) y el Vaticano recibieron ‘indignadas’ el acuerdo.

Ley de beneficios, fondo de la discordia

Un proyecto de ley del gobierno de Colombia que otorgaría beneficios jurídicos a los paramilitares desmovilizados, está en el fondo de las divergencias entre la ONU y la OEA en torno al proceso de paz con los grupos de extrema derecha. La Ley de alternatividad penal empezará a ser discutida por el Congreso en marzo, y por ahora se debate en audiencias públicas convocadas por el Gobierno y el Legislativo en las que la semana pasada intervinieron dos ex jefes paramilitares.
El Gobierno presentó en agosto un proyecto que preveía la libertad condicional para los reinsertados, sin importar que estuvieran acusados de delitos atroces, el cual recibió múltiples críticas, especialmente de la ONU y ONG de derechos humanos.
Sin embargo, el Ejecutivo llevará al Congreso una nueva iniciativa que incluiría penas de cárcel para esas violaciones y mecanismos de reparación a las víctimas.
El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), iniciado hace un año, busca el desarme de unos 20.000 paramilitares antes del 31 de diciembre de 2005.