A seis días de anunciarse el plan económico del presidente Carlos Mesa, el autotransporte se declaró en emergencia nacional en protesta a un supuesto incremento de la gasolina, diésel y el GLP.
Por instructiva de la Confederación de Choferes de Bolivia, todo el autotransporte público del país está en pie de guerra desde ayer lunes. Así lo anunció su máximo representante, Ángel Villacorta que explicó que, según información del propio gobierno, a partir del 1 de febrero el Gas Natural Comprimido (GNC) subirá de Bs 1,66 el metro cúbico a 1,92. La garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Bs 21 a 35. El litro de gasolina de Bs 3,31 a 3,57 (8%) y el diésel de Bs 3,12 a 3,50 (12%). “La instructiva ya les han pasado a los surtidores de gas natural para que suban el precio. Se nos viene un gasolinazo y nosotros no podemos estar tranquilos. La próxima semana tendremos un ampliado nacional para definir todas las medidas de presión”, advirtió.
Villacorta anunció que al día siguiente del incremento, los 180.000 afiliados al sector público acatarán un paro nacional de 48 horas con posibilidad de ser indefinido.
Fuentes gubernamentales reconocieron, extraoficialmente, que se analiza la posibilidad de que en el ‘paquete económico’ a ser anunciado el próximo domingo, esté el descongelamiento del precio de los combustibles y la eliminación del subsidio al GLP.
Sin embargo se aclaró que el entorno del jefe de Estado ‘presiona’ para que esto no suceda por la reacción que ocasionaría en la población, y que se pidió un compás de espera de por lo menos 8 meses para que las medidas no provoquen un ‘shock’.
Cabe recordar que el ministro de Desarrollo Económico Xavier Nogales, a mediados del pasado mes de noviembre, en conferencia de prensa, ya había anunciado un posible descongelamiento de los hidrocarburos en la sede de gobierno y que quedó en nada.
Por otro lado se develó que al equipo de ministros que forma parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) le tiembla la mano a la hora de asumir las decisiones finales, lo que produjo una división en dos bandos. Medio gabinete se inclina por aplicar el ajuste progresivo al RC-IVA para las personas con ingresos superiores a Bs 4.000 y en eliminar el subsidio al GLP con un incremento del precio de la garrafa de Bs 21 a 34 para los ricos y que sería compensado con la instalación de gas domiciliario a los pobres.
El segundo grupo se inclina por no aplicar ninguna medida por ‘temor’ a una convulsión social.

La corrupción se comió Bs 100 millones

El presidente de la República, Carlos Mesa, en su mensaje a la nación del próximo domingo, instruirá celeridad y mayor transparencia en el manejo de los recursos de la inversión pública.
El viceministro de Servicios Básicos, José Barragán, así lo dio a conocer al revelar que en la anterior gestión, producto de la corrupción desaparecieron más de Bs 100 millones entre inversión pública y gastos asociados, referidos a sobreprecios en importaciones, pagos elevados a demasiados funcionarios entre otros, incluidos en el presupuesto público (PGN).
“El mandato presidencial estará asociado a la reducción de los costos de transacción relacionados con los temas de corrupción y pasos intermedios en los proyectos. También instruirá la aceleración de inversión pública y transparencia en su manejo”, aseveró.
La autoridad dio a conocer que por concepto de cooperación internacional su cartera tiene asegurados $us 90 millones que se invertirán en el país en esta gestión en trabajos de dotación de servicio de agua potable y alcantarillado tanto a poblaciones citadinas como rurales en todo el país.
Según la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la inversión pública aprobada para 2004 fue de Bs 3.710 millones, cifra menor a los Bs 4.267 millones de 2003.
Según el vocal de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Dante Pino, el reducir la inversión pública, contraerá en mayor proporción la demanda agregada.

Hacienda apelará a la reasignación de recursos

Mediante una carta enviada al Congreso Nacional, el ministro de Hacienda Javier Cuevas, solicitó el permiso para la reasignación de los recursos no utilizados en la gestión pasada por las prefecturas. “Estos requerimientos se deben a ajustes efectuados en las prefecturas departamentales por saldos bancarios no ejecutados y por procesos técnicos para el pago de obligaciones devengadas de 2003 y que deben ser necesariamente pagadas en 2004”, precisa la misiva.
La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, explicó que Hacienda también hará uso de los bonos del TGN no usados en 2003 para entregárselos a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para monetizarlos y sacar algo adicional. Ambas determinaciones serán para el pago de sueldos y salarios de 2004.
La comisión de Hacienda señaló que hoy será tratado el tema y que en horas de la tarde se prevé tener una posición fijada al respecto.