Después del 19 de diciembre de 2003, cuando asesinaron al alcalde Eduardo Abularch Vaca, San Ignacio de Moxos no volvió a ser como antes. La tensión que viven los habitantes del pueblo es evidente a pesar de que la mayoría de las instituciones del lugar insisten en minimizar el problema.
La aparente calma que se puede divisar a simple vista en las calles cubiertas de ladrillo, se rompe cuando se escuchan los comentarios de la gente que aún no logra olvidar que hace un mes mataron a su alcalde a sangre fría. Pasará mucho tiempo para que las heridas puedan cerrarse, sobre todo en la familia del difunto, que recibe amenazas para que abandone el proceso en contra del autor confeso del crimen Fernando Malue, que se encuentra en en la cárcel Mocoví de Trinidad.
La hija mayor del desaparecido alcalde, María Eugenia Abularach, está segura que su padre no fue asesinado debido a la deuda de Bs 1.200 que tenía con Malue sino por otras causas. “Todo el mundo tiene deudas y no por eso lo matan. Papá era un hombre bueno que tenía muchos amigos, pues la gente lo apreciaba mucho”, agregó.
Tanto María Eugenia como su cuñada, Mary Belén, creen que detrás del crimen se encuentran otras personas que pertenecen a la ONG denominada Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) y dirigentes indígenas que son asesorados por la mencionada institución. “En la primera declaración que hizo Malue dijo que mató a don ‘Moso’ (ex alcalde) por órdenes del dirigente indígena Miguel Peña, quien trabaja muy ligado al Cipca, por eso yo creo el crimen va dirigido por ahí”, aseguró Belén.
Si bien la familia del difunto no tiene pruebas para acusar a alguien en particular del asesinato, son muchas las versiones que se manejan en torno a este tema.
Actualmente existe una división muy notoria en el pueblo. Por un lado están los ganaderos y las instituciones como el Concejo Municipal y el Comité Cívico de San Ignacio que acusan al Cipca de romper con la tranquilidad del pueblo. El movimiento indígena, la ONG y la Iglesia ignaciana, se sienten amenazados por las intimidaciones que han recibido a raíz de la muerte del alcalde.
Miguel Peña, uno de los principales dirigentes indígenas de Moxos, tuvo que salir huyendo del pueblo cuando un grupo de personas lo seguía para reclamarle por la muerte del alcalde. Peña salió del pueblo para resguardarse junto a su familia y otros dos dirigentes que también eran perseguidos. Los responsables del Cipca también se vieron obligados a abandonar San Ignacio de Moxos después que saquearon su oficina. La ONG inició una demanda contra los culpables del hecho, argumentando una pérdida de inmuebles.
De igual forma, los párrocos de San Ignacio también fueron amenazados varias veces cuando empezaron a apoyar a los movimientos indígenas. Un caso específico fue el del sacerdote Enrique Jordán, que fue agredido físicamente luego de ser interceptado en la calle por un hombre, que supuestamente fue enviado por los ‘grupos de poder’. Otra versión que ronda por la muerte del alcalde es atribuida a las deudas que tenía el difunto, lo que -en la opinión de fuentes que no quisieron ser identificadas- fue la causa de su trágico final. Como antecedente de ello, están las cuentas pendientes que dejó el difunto en el municipio.
El presidente del Concejo Municipal, Ricardo Rivero, indicó que los internadores de carne pagaban sus impuestos con cemento en lugar de dinero en efectivo. Sin embargo, no existe ningún documento firmado que lo corrobore ni se conoce dónde y cómo se utilizó ese cemento.
El ministro de Asuntos Indígenas, Justo Seoane, dijo que una comisión del ministerio de Gobierno se encuentra investigando el asesinato.

Tierras. Tres comunidades esperan que el INRA les entregue cerca de 500 mil hectáreas en San Ignacio de Moxos

Mojos es uno de los lugares más conflictivos en la lucha por tierras

El conflicto por tierras es una situación común en el oriente boliviano y San Ignacio de Moxos no es la excepción. Según los lugareños, esta provincia beniana es una de las zonas que tiene más puntos rojos en el proceso de saneamiento (tierras que están en conflicto porque no se ha llegado a un consenso). Con el proceso de saneamiento son tres las demandas que existen por parte de los originarios. Las comunidades indígenas denominadas Territorio Indígena Multiétnico tiene una demanda de más de 300.000 hectáreas, el Territorio Mojeño Ignaciano pide más de 98.000 hectáreas y el Territorio del Parque Nacional Isiboro Sécure solicitó 1.236 hectáreas. Esta situación es la que ha ocasionado fricción con los ganaderos.
El responsable de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, indicó que existen denuncias de que grupos armados que tienen intereses vinculados a la tierra han atentado contra dirigentes indígenas para hacer prevalecer “sus derechos”. “En San Ignacio de Moxos no se respeta la ley y ahora se está atentando contra una ONG que trabaja en la reivindicación de los indígenas”, denució Llorenti. Además dijo que el INRA está guardando un silencio cómplice con los atropellos que existen contra los indígenas, “porque hasta el momento se están haciendo los de la vista gorda en los conflictos por tierra”.
El presidente nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Alcides Vadillo, explicó que el saneamiento de tierras se está realizando conforme indica la ley. Sin embargo, el hecho de que en algunos lugares se tenga más conflictos que en otros, hace que se demore más de lo normal. “Sabemos que el proceso está lento por algunos errores que se cometieron en el pasado. Sin embargo, ahora estamos tratando de enmendar esos errores”, agregó Vadillo.
Gonzalo Ruiz, director del INRA en el Beni, indicó que actualmente son tres las comunidades que están solicitando tierras en San Ignacio de Moxos y todos se están realizando en el marco de la normalidad.