En Bolivia, salvando algunas excepciones, los denominados ‘gastos reservados’ tuvieron siempre poco o casi nada que ver con las tareas estatales de seguridad.
No existe, además, prueba alguna en contrario. Dentro del marco normativo creado para dicho tipo de erogaciones, era simple y llanamente imposible una fiscalización idónea respecto a la corrección y autenticidad de los mismos. El Presidente de la República y su Ministro de Gobierno daban cuenta de las erogaciones realizadas ante el Contralor General de la República, ateniéndose únicamente a descargos documentales sobre cuya autenticidad nadie investigaba. Esta posibilidad, finalmente, se hacía humo tras el ritual visto bueno de la máxima autoridad del control fiscal en el país. La documentación era quemada ante sus propios ojos por amanuenses del Jefe del Estado a fin de garantizar, por ‘razones de seguridad’ un total efecto evanescente de los nombres de funcionarios, dirigentes políticos, soplones, espías, personas particulares e inclusive periodistas que habían sido beneficiados con dichos recursos a fin de que hicieran o dejaran de hacer esto y aquello.
Epílogo como el mencionado anteriormente, aunque bajo un alero normativo específico (decreto de excepción) que excluía de la rendición de cuentas de los gastos reservados de ‘octubre negro’ al Contralor, tuvo lugar esos días trágicos en el Palacio de Gobierno. Ante los ojos del entonces Jefe de Estado, del Ministro de Gobierno y de algunos de sus colaboradores ardieron recibos y otros documentos delatores de identidades y tipo de erogaciones hechas con los fondos reservados en jornada tan crítica. Jamás sabremos, en consecuencia, a manos de quienes y por qué motivos fueron a parar los varios millones de bolivianos que para enfrentar la grave emergencia se le sacaron al Banco Central de Bolivia en la forma en que ya todos sabemos. A menos que, naturalmente, el ex ministro Kukoc se vaya de lengua y revele los nombres de los destinatarios. Aún así, será su palabra contra la de los aludidos...
Reparemos en la manifiesta diferenciación conceptual entre ‘recursos para tareas de seguridad nacional’ y ‘fondos reservados’. Los primeros se aplican en situaciones de emergencia nacional, provocados por sucesos internos o externos que pongan en riesgo al país o su democracia.
Sirven para financiar los gastos de movilización de tropas militares o policiales desplegadas en función preventiva o defensiva respecto a los riesgos mencionados. Son gastos públicos sujetos a total transparencia.
Los ‘gastos reservados’ son harina de otro costal, como su mismo nombre lo sugiere.
Se realizan en medio de las sombras para fines que casi siempre nada tienen que ver con los mencionados, sino con sobornos y pagos ilegales que buscan reforzar el apoyo al gobierno, en algunos casos, y en otros, neutralizar la acción de oposición o crítica de los que se hallan en trinchera antagónica a la del poder político e inclusive en meros palcos de observación y análisis para fines mediáticos.
Vamos a sugerir la conveniencia de acabar con los fondos reservados y el régimen a prueba de fiscalización que favorece un gasto doloso, que no se da sólo ahora sino que viene de todos los gobiernos que precedieron al actual desde mucho antes del advenimiento de la democracia. Acaso las dictaduras militares hayan sido las que mayormente se llevaron la flor en el uso delictivo de dichos recursos estatales. En cuanto a los gobiernos civiles, recordemos los escándalos sucesivos respecto a maletines llenos de plata que desde el Ministerio de Gobierno emprendían un vuelo sin retorno.
Los denominados fondos reservados deben ser no sólo drásticamente reducidos, en concordancia con las exigencias de austeridad fiscal que nos impone la actual y crítica situación, sino destinados exclusivamente a tareas de seguridad nacional. No implica perjuicio sino beneficio neto garantizar transparencia plena de los gastos en este campo. La seguridad nacional no se verá de ninguna manera comprometida sólo porque todos lleguemos a saber cuánto costó la movilización de efectivos militares o civiles o las investigaciones de hechos que la amenacen, eventualidades que, por cierto, no se dan todos los días. Creemos que la rendición de cuentas de los fondos para fines de seguridad nacional debe ser puesta en conocimiento del Poder Legislativo por la Contraloría General de la República, para que constate la corrección de la fiscalización sobre los descargos efectuados, acompañando la respectiva documentación.
Que los fondos reservados pasen a convertirse en recursos para tareas de seguridad nacional y que nunca más sean destinados a ‘pluses’ ilegales, sobornos, operaciones encubiertas y muchas acciones más que, para colmo, ni siquiera se realizan. Se las inventa con la sola finalidad de justificar el desvío de los recursos al propio bolsillo.