Desde la creación del Instituto Nacional de Cooperativas (Inalco), en la década del 60, Santa Cruz siempre financió su funcionamiento. El aporte económico de las cooperativas cruceñas correspondió al 70% del total de los ingresos que percibió durante 42 años este organismo fiscalizador.
Ahora, por decisión gubernamental, el Inalco desaparecerá el 30 de marzo, pero hasta la fecha se desconoce el destino de los recursos que logró acumular, en su mayoría provenientes de Santa Cruz, dijo Lily Ramos, directora regional.
De acuerdo a Ramos, además de los activos fijos de la regional Inalco, existen $us 20.000 que deberá recuperar por concepto del anticrético de un inmueble donde funcionarán las oficinas hasta el 30 de enero. “Desde la central de La Paz ya me pidieron el dinero para que lo envíe de forma inmediata”, expresó.
Pero ¿a manos de quién irá el dinero? “Eso es lo que me pregunto y nadie me responde”, dijo Ramos al denunciar que en La Paz nunca rindieron cuenta de los aportes de Santa Cruz, “y como es tanto el centralismo y la burocracia sólo nos mandaban dinero para pagar sueldos, después de tres meses”.
La directora también indicó que le han pedido que permanezca en su cargo hasta marzo pero “como recaudadora para que en La Paz sigan usando y repartiéndose el dinero que le regala el sistema cruceño”.
Ramos dijo desconocer cómo se realizará la transformación de Inalco a partir del 1 de abril, pues la decisión está en manos del Consejo Nacional de Cooperativas (Conalco).
La Ley de Cooperativas se promulgó el año 1958 y permitió la creación del Inalco en todo el país en 1962, pero el manejo de los recursos siempre fue dudoso. “En el año 2002 hubo un escándalo en la ciudad de La Paz por la actuación delictiva de un ex director, y desde entonces el instituto perdió toda credibilidad”, sostuvo.
Según Ramos, la regional Santa Cruz, con todos los ingresos que percibe de las cooperativas, a la fecha podría haberse convertido en una institución fortalecida. Sin embargo, el mal manejo administrativo, al margen de las recaudaciones “los cobros irregulares y pro bolsillo de los funcionarios de turno, debilitaron su imagen”.
El presidente de la Asociación de Cooperativas Cerradas de Bolivia, Ovidio Toledo, lamentó que Inalco “siempre fue un botín político y que nunca se manejó como debería ser. Era un ente donde brillaba la corrupción, por eso hay procesos en La Paz contra varios directores ejecutivos. No eran personas que conocían el sistema sino que los gobiernos los colocaban para que hagan lo que quieran. No era un ente institucionalizado sino político. No había vocación de servicio”, puntualizó, al manifestar su acuerdo de que desaparezca para que surja una nueva institución con una estructura que defienda al sistema, pero sin corrupción.
Considera que una dirección nacional de cooperativas deberá ser transparente y fiscalizar, pues “aportábamos y no sabíamos el destino del dinero. Siempre fuimos extorsionados, especialmente las cooperativas de servicios que sufrían la presión en La Paz, cuando solicitaban un trámite o la aprobación de sus estatutos, todo era centralizado para exigir plata y plata”.
Toledo planteó el fortalecimiento de una institución, que funcione acompañada de normas que “frenen la corrupción, la burocracia y el centralismo, porque va en contra del sistema”.

El cierre podrá herir de muerte al sistema

La reducción del presupuesto y posterior cierre del Inalco, implicaría dejar de cumplir la ley del sistema nacional de cooperativas de sociedades, que debe ejercer un control del funcionamiento, según advirtieron los funcionarios.
Los trabajadores expresaron su enérgico rechazo a la Ley Financial 2004 o cualquier otra medida que pretenda aleccionar o desmembrar el presupuesto asignado. “Este hecho provocaría una herida de muerte al sistema cooperativo", señala un documento de los funcionarios afectados.
Asimismo, piden al sistema asumir una defensa conjunta para evitar el cierre. Quieren que se manifiesten las comisiones de cooperativas de la Cámara de Diputados y Senado.
El representante Juan Carlos Jofré, dijo que Inalco cuenta con un presupuesto anual de Bs 300.000, pero sólo Santa Cruz aporta más de Bs 608.650 para su funcionamiento. A nivel nacional tiene 60 funcionarios, de los cuales 45 se desempeñan en la sede de gobierno. Santa Cruz cuenta con tres ítems.
Ante el inminente cierre del Inalco, el consultor en cooperativas, Jorge Vargas, sostuvo que el Estado debe garantizar una adecuada supervisión de las entidades, porque la función financiera necesita respaldo jurídico. “El Estado debe prontamente cubrir las contingencias por la falta de una fiscalización”.
También propuso que se impulse de inmediato la creación de la Dirección Nacional de Cooperativas, tal como lo establece la Ley de 1958. Explicó que tiene que ser un ente específico, de control de las organizaciones, con una actuación descentralizado y menos burocrática.