No hace poco se dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos asistirá a Bolivia con 7,9 millones de dólares para programas de lucha contra la corrupción durante un periodo de cinco años a partir de la fecha. En conferencia de prensa que contó con la asistencia del propio Jefe de Estado, la delegada presidencial en dicho campo anticipó que con esta colaboración se organizarán y capacitarán equipos especializados anticorrupción en el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Los recursos servirán también para reforzar la capacidad institucional de las entidades encargadas de investigar, procesar y sancionar actos de corrupción, así como impulsar el control social. El primer desembolso, a recibirse de inmediato, será por un monto de 2,5 millones de dólares.
En consecuencia, el país dispondrá de los recursos necesarios para seguir avanzando en el combate a mal tan ominoso. Si se analiza lo hecho hasta ahora, se llega a la conclusión de que el acento principal recayó más en la investigación, para fines represivos, que en la prevención. Lo aconsejable es un pleno equilibrio entre una y otra fase. Que se indague implacablemente por todos los medios posibles cuanto acontezca en el manejo de los bienes y recursos del Estado, pero que a la vez se encare la cuestión con riguroso e idóneo criterio preventivo. Esto último es asociable tanto a reajustes en las normativas de control y fiscalización cuando a sistemas de trabajo y atención al público en las reparticiones del Estado. Lo primero implica el establecimiento de controles simultáneos al gasto o ejecución presupuestaria. Ellos deben ser lo suficientemente idóneos como para impedir el desvío de fondos de cuentas fiscales a privadas, como lamentablemente vinieron haciendo muchos corruptos en los gobiernos pasados. Urge consignar en la Ley Safco un mecanismo en tal sentido. De esta manera, se puede parar a la corrupción de rango medio que se aprovecha de la circunstancia de que nadie vigila para robarle al Estado.
La receta del control social es la más adecuada contra la corrupción de rango mayor o millonaria . Como aquel brilla por su ausencia en el actual régimen de licitaciones para la adquisición de bienes o contratación de obras para el Estado, las coimas por más de seis dígitos son siempre posibilidad más o menos segura para los corruptos. Así lo confirma la serie de negociados que trascendieron a la opinión pública sin que la mayoría de sus autores hayan sido hasta ahora penalmente castigados. La Delegada presidencial contra la corrupción debiera dar a conocer sus puntos de vista respecto a la forma de establecer dicho control social. En todo caso, que lo haga lo más rápidamente que pueda, pues estamos ante algo que ya no admite más esperas y dilaciones.
La ayuda recibida de los Estados Unidos podría servir también para financiar el establecimiento de modernos sistemas de trabajo en las diferentes reparticiones de la administración estatal. Urge informatizar la atención al público a fin de eliminar la manualidad, los pasos y las colas que le sirven de alero a la corrupción con mira en la coima. Urge que sobre este particular la delegada presidencial en la lucha contra la corrupción conciba y ejecute planes que los ponga en acción, con carácter prioritario.
Porque en la lucha contra la corrupción, casi siempre, la prevención rinde mucho más que la represión.