Si bien hasta ahora hay cierto acuerdo entre las petroleras y el gobierno en aplicar un tributo adicional -aunque no se fijó el porcentaje-, no es precisamente ese punto el que pensiona las relaciones entre ambos sectores y frena el consenso para reformar la Ley de Hidrocarburos.
El excesivo poder que se le pretende dar a la Superintendencia con los cambios a la citada norma jurídica, es uno de los elementos sustanciales que pone piedras en el camino del consenso, según manifestó uno de los ejecutivos petroleros que tomó parte de las negociaciones.
De acuerdo con el anteproyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos otorga a la 'Súper' la potestad de regular y manejar el denominado 'upstream' o la parte de exploración, explotación y producción. En sus manos estará licitar los campos exploratorios y aprobar todas las operaciones que las empresas petroleras proyecten hacer.
Las compañías consideran que se le da un excesivo poder a la Superintendencia -que hasta ahora sólo se encarga de regular el 'downstream' o la parte de refinación y comercialización de hidrocarburos-, un ente que consideran burocrático, incompetente y susceptible de corrupción.
En una de las reuniones, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos incluso había manifestado que la gente a la que fue encomendada la elaboración del anteproyecto, carece de experiencia y que ello se refleja en el mismo documento donde se evidencian errores graves de redacción.
La participación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en las operaciones privadas en el marco del fortalecimiento de la empresa estatal, es otro de los puntos en discordia.
El anteproyecto de modificaciones de la Ley de Hidrocarburos establece que YPFB podrá asociarse con una participación del 50%, en el momento en que una determinada empresa haga un descubrimiento, pagando la mitad de las inversiones que hubiera demandado la exploración.
Las compañías consideran que si se da de esta forma Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estaría jugando un papel demasiado cómodo, dado que no correrá riesgos y apostará sus recursos a proyectos seguros.
Mientras tanto, petroleros y gobierno sólo han avanzado parcialmente en la parte impositiva. Sin embargo, todo hace suponer que pese a todo el anteproyecto irá al Congreso.

Pago de tributos se hará mensualmente

En el ámbito impositivo, la reforma de la ley determina que el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) -en principio fijado en 12% para el gas y 18% para los líquidos- se pague mensualmente.
Al final del año, se hará una comparación con el Impuesto a las Utilidades (IU) del 25% y se determinará si el Estado reintegra a las empresas parte de lo que cobró, en caso de que el monto pagado por concepto de IU es mayor a la suma abonada por ICH.
En la rendición de cuentas también se puede dar el caso de que las compañías entreguen más dinero, si el Impuesto a las Utilidades pagado es inferior al Impuesto Complementario a los Hidrocarburos abonado en el transcurso del año.
Las compañías que operan en Bolivia manifestaron que, si bien entienden el difícil momento por el que atraviesa el país y están dispuestas a hacer concesiones en materia tributaria -aunque no en los porcentajes que pretende el gobierno-, no ven con buenos ojos el nuevo rol de la Superintendencia de Hidrocarburos y las prerrogativas de YPFB.

Luis Carlos Kinn/Experto

El tema no ha sido bien abordado

Creo que el tema no se ha tocado de la mejor manera en las negociaciones. Yo propongo que los impuestos a la Utilidades, a las Remesas al Exterior y el Surtax sean sustituidos por un tributo a las utilidades presuntas del 25 ó 32%.
Si se lo hace de esta manera, el Estado ya tendrá la mitad de los beneficios de la explotación del petróleo y el gas y no habrá necesidad de tocar el tema de la propiedad de los hidrocarburos, dado que el 50% de las ganancias irá directamente a los bolivianos.
Además, al tratarse de un impuesto a las utilidades las compañías podrán descontar de los tributos que aportan sus casas matrices y el país podrá beneficiarse con parte de ese dinero, en virtud del convenio de reciprocidad que existe en la parte impositiva.
En cuanto al fortalecimiento de YPFB, el país en este momento no necesita descubrir más reservas. La labor de la empresa estatal debe estar focalizado en buscar mercados para lo que ya se tiene y en operar en el sector del 'downstream', es decir en la industrialización del gas mediante la generación de energía eléctrica, instalación de plantas petroquímicas, conversión de gas a líquido y en la fabricación de fertilizantes.
Sobre el nuevo papel que se le quiere dar a la Superintendencia de Hidrocarburos, me parece que es muy fuerte para un órgano que no tiene competencia para ello. Sería aumentar el centralismo en el manejo de la cosa pública.
Además, la industrialización del gas no debe postergarse con la promulgación de otra norma como se lo pretende hacer. Debe incluirse en la nueva Ley de Hidrocarburos, porque es de urgente necesidad.